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Notebook
Por
'El País' y Pedro Sánchez
¿Por qué le sorprende al presidente de Prisa que el Gobierno, directa o indirectamente, quiera controlar sus medios? Está en la naturaleza de Sánchez pretenderlo porque es insaciable en su obsesión por controlar la 'narrativa' y el 'relato'
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El diario El País ha sido hasta hace unos años, los anteriores al mandato de Sánchez, el intelectual orgánico de la izquierda española y de la socialdemocracia del PSOE refundado por Felipe González, pero también la referencia de una anchísima audiencia cultural. Esa función en la conversación pública nacional arrancó en 1976 y ha dejado una huella profunda en las generaciones que protagonizaron la transición y en las que, luego, se han ido incorporando a la experiencia democrática, hasta que la travesía de la dictadura a la libertad dejó de ser, a partir de la primera década de este siglo, un capital intangible para inspirar el buen ejercicio de la política española. Y si El País tuvo el indudable mérito de contribuir a la construcción de algunos de los paradigmas de nuestra democracia, es también El País, desde 2018 hasta el presente, el vehículo de la relativización de los principios constitucionales mediante la adhesión al progresismo populista de los gobiernos de Pedro Sánchez.
Todo medio de comunicación tiene derecho a establecer en cada momento de su trayectoria los criterios editoriales e informativos que tenga por conveniente. Pero si los altera un periódico de naturaleza sistémica, como El País’, resulta perfectamente explicable que se produzca un debate político, social y mediático sobre esa quiebra de la coherencia con los principios editoriales que, no obstante, se proclaman vigentes. Es algo parecido a lo que ha ocurrido en los Estados Unidos: nada menos que The Washington Post, propiedad de Jeff Bezos, ha dado un giro copernicano, y de su adhesión a las políticas de los demócratas ha pasado a militar en las tesis próximas a Trump después de haber quebrado el uso editorial de emitir una opinión institucional sobre su apoyo a uno de los candidatos en las elecciones presidenciales. Su silencio al respecto se entendió sin dificultad: se trataba de no molestar al republicano si lograba la elección, como así ocurrió.
La denuncia de Oughourlian
El presidente de Prisa y de El País, Joseph Oughourlian, en un artículo titulado Mi compromiso con El País: libertad editorial e independencia se ha afirmado con vehemencia en los criterios fundacionales del periódico. El texto publicado el pasado lunes, posterior a varias destituciones de la primera línea ejecutiva de la compañía y en el fragor de una batalla por el control del grupo por la Moncloa pone sobre la mesa lo que el propio diario ha venido negando y omitiendo: que Sánchez es un dirigente iliberal y populista que ha establecido en España un régimen patrimonialista.
Oughourlian afirma que “sería inaceptable que, cuando estamos recordando que hace ya 50 años murió el dictador Francisco Franco alguien cayera en la tentación de tratar de adueñarse de un medio de comunicación independiente desde el poder, bien directamente, bien utilizando alguna empresa estatal como instrumento”. La traducción, en román paladino, de ese párrafo es esta: que en una democracia como la española “alguien” (Sánchez) estaría cayendo en la “tentación” (decisión de control) de adueñarse de “un medio de comunicación” (El País) bien directamente (por ahogo financiero), bien utilizando “alguna empresa estatal como instrumento” (Telefónica).
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El aviso es inquietante, pero el firmante de esas líneas olvida que también lo fue, y él calló, cuando la Compañía de su presidencia quedó bajo el paraguas gubernamental del llamado escudo ‘antiopas’ o acción de oro que faculta al Gobierno hasta el 31 de diciembre de 2026 a autorizar o vetar adquisiciones de acciones de Prisa en un porcentaje igual o superior al 10% de su capital si el adquirente es extranjero. El País y la SER son medios ‘estratégicos’, no, obviamente, por su dimensión financiera sino por razones estrictamente políticas.
Del “insensato sin escrúpulos” al franquista
En septiembre de 2016, en un editorial digno de recordar, el diario El País describió a Pedro Sánchez como un “insensato sin escrúpulos”. El propio Oughourlian se encargó de gestionar la siniestralidad que provocó aquella definición del personaje expulsando a los que así pensaban y apostando por los que creyeron, y en ello siguen, que Pedro Sánchez es el acabose del progresismo en España y en Europa. Pero, bien leído, lo que dijo del presidente del Gobierno aquel editorial de El País se compadece con lo que ahora ha escrito Joseph Oughourlian. No hay diferencia alguna. Incluso es más hiriente: le tilda, mediante elipsis, de franquista. Retrospectivamente, da la razón a quienes advertían de las intenciones y de la encarnadura ética del secretario general del PSOE.
Sucede que antes de esa denuncia del presidente de El País otros muchos medios han padecido y padecen de los rigores de la pulsión patrimonialista de Pedro Sánchez que ahora le afecta a él y al periódico. Desde la normatividad autorreferencial de las páginas de información y opinión de El País se ha asumido el lenguaje gubernamental contra los medios críticos y se han avalado todas las políticas del Gobierno. Todas. Sin una sola excepción. La pregunta, entonces, sería ¿por qué le sorprende al presidente de Prisa que el Gobierno, directa o indirectamente, quiera controlar sus medios? Está en la naturaleza de Sánchez pretenderlo porque es insaciable en su obsesión por controlar la ‘narrativa’ y el ‘relato’. Para él - ¿hay que descubrirlo ahora? - el ingrediente esencial de la política es la comunicación.
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Para conservar el poder, Pedro Sánchez ha sacado a subasta al propio Estado. Ha pagado con patrimonio común -desde la amnistía hasta la condonación parcial de la deuda autonómica o la delegación de las competencias en inmigración- su permanencia en la Moncloa. Ha orillado al Congreso, dictando de continuo decretos-leyes, ha colonizado las instituciones, gobierna sin Presupuestos, ha expulsado de la legitimidad ciudadana a millones de españoles demonizando su representación política en las Cortes Generales, está ensuciado por la proximidad de casos de corrupción gravísimos y negocia en el extranjero con un fugado de la justicia asuntos de Estado… de tal manera que su pretensión de hacerse con los medios del Grupo Prisa es un corolario natural, una consecuencia ineludible de su desordenada ambición. Se está comportando con el Grupo Prisa como lo hace con el Estado. Si este es suyo, ¿por qué no aquel?
La cuestión es que, aunque Joseph Oughourlian sea bienvenido al club de los convencidos ante la terquedad de los hechos, habrá de asumir que ha alimentado al personaje que ahora cuestiona al incumplir Prisa con el ‘trabajo’ que, como recordaba aquí mi compañero y amigo Ramón González Férriz, correspondía a los medios de izquierdas y que viene exigido por los criterios de ‘libertad’ y de ‘independencia’ que el accionista mayoritario del grupo ahora invoca.
Como en el poema falsamente atribuido a Bertolt Brecht, al final, también Sánchez va a por él y, entonces, emerge en Oughourlian la llamada ‘lógica del arrepentimiento’ por su mal cálculo. Una lógica que, por lo general, suele ser ineficaz por tardía.
El diario El País ha sido hasta hace unos años, los anteriores al mandato de Sánchez, el intelectual orgánico de la izquierda española y de la socialdemocracia del PSOE refundado por Felipe González, pero también la referencia de una anchísima audiencia cultural. Esa función en la conversación pública nacional arrancó en 1976 y ha dejado una huella profunda en las generaciones que protagonizaron la transición y en las que, luego, se han ido incorporando a la experiencia democrática, hasta que la travesía de la dictadura a la libertad dejó de ser, a partir de la primera década de este siglo, un capital intangible para inspirar el buen ejercicio de la política española. Y si El País tuvo el indudable mérito de contribuir a la construcción de algunos de los paradigmas de nuestra democracia, es también El País, desde 2018 hasta el presente, el vehículo de la relativización de los principios constitucionales mediante la adhesión al progresismo populista de los gobiernos de Pedro Sánchez.