¡Amnistía, libertad! ¡Amnistía, libertad!

"¡Amnistía, libertad! ¡Amnistía, libertad!" era un grito que recorría las calles de toda España en aquellas manifestaciones que acababan en carreras delante de los grises (también “Amnistía, libertad, Estatut d’Autonomía”). Vivíamos en un país sin democracia y el Estado de derecho era una aspiración por la que valía la pena movilizarse y llevarse algún que otro palo, cuando no peor. La amnistía era una petición de restauración de la ciudadanía plena para los presos políticos víctimas de una dictadura. Pero eso era antes de la Constitución del 78, una Constitución que convirtió España en un moderno Eestado de derecho. Con estos antecedentes, confieso que a mí me resulta doloroso que el Gobierno de este país se ponga a hablar tan alegremente de amnistía como precio del apoyo a la investidura.

Los partidos nacionalistas catalanes han ido construyendo un relato ideológico basado en la idea de que España no es un Eestado democrático y los políticos que propiciaron un referéndum ilegal y un intento de secesión son “presos políticos”, que han sido condenados por sus ideas y no por saltarse las leyes. Estos partidos tienen todo el derecho a interpretar la realidad con su particular prisma ideológico, como hace Vox con la violencia de género o el cambio climático. Según estos relatos, ni hubo delito entonces, ni existen asesinatos machistas ahora, y ¡qué sabrán los científicos sobre el clima! Vale, aceptemos pulpo como animal de compañía. Ningún problema por ese lado. Ya se sabe que cuando hay un conflicto entre la fe y la evidencia, la evidencia no tiene nada que hacer.

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El problema surge cuando el Gobierno de España compra ese relato nacionalista, o los gobiernos regionales el de Vox. Porque eso pasa de la interpretación ideológica a las consecuencias sobre la población. Y lo de compra no es una figura literaria, sino que hay que entenderlo en su tenor literal: es el precio por alcanzar o mantener el poder. Admitir el debate sobre una ley de amnistía supone asumir que: (1) vivimos en un país sin suficiente legitimidad democrática y, por tanto, hace falta reparar las injusticias políticas debidas a la falta de libertad; o bien (2) vivimos en un Estado de derecho, donde todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, pero hay ciudadanos más iguales que otros, ciudadanos que tienen más derechos que los demás y cuyos delitos vamos a pasar por los agujeros de la memoria, por seguir con Orwell (un autor de referencia para Feijóo). Porque hablamos de una amnistía, no de un indulto. Se trataría, además, de una ley del olvido asimétrica, porque solo una parte está obligada a olvidar. La otra no: a quienes intentaron la secesión no se les pide que lo olviden. Es más, para ellos la amnistía es solo el principio para, llegado el momento, aplicar nuevamente la unilateralidad (no lo digo yo, lo dicen ellos). “No se puede saciar a los insaciables”, solía decir un amigo mío con buen sentido. Lo traigo a colación porque lo de la amnistía viene después de hacer reformas legales a la carta para estos ciudadanos con más derechos que los demás (Muñoz Molina lo reflejó magníficamente en su artículo sobre la reforma de la malversación).

El espectáculo de la vicepresidenta del Gobierno yendo a rendir pleitesía a la casa de un prófugo de la Justicia, para suplicarle que le dé los votos que necesita para poder mantenerse en el cargo, me produce una enorme vergüenza. Creo que se ha dado un tiro en el pie ella sola, que acabará capitalizando Pedro Sánchez, cuya capacidad de adaptación es sobresaliente (ya saben, estos son mis principios y, si no les gustan, tengo otros). No se extrañen ustedes si Pedro Sánchez renuncia a la investidura y se presenta como el político que ha rechazado el chantaje de los nacionalistas. Sumar quedaría como el villano, los nacionalistas cogidos de la brocha, pero sin escalera, y el PSOE seguramente ganaría un puñado adicional de escaños en unas nuevas elecciones. Aprovechando la desorientación en la que está sumido el PP, que no recuerdo tenga parangón en la historia pasada.

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Debo confesar que aún peor que lo de la vicepresidenta me parece el silencio del Partido Socialista, cómplice de una política cortoplacista y diseñada únicamente para retener el poder. Y señalo directamente a los socialistas porque son los míos, a quienes yo he venido votando desde 1982. Por cierto, lo de la amnistía no estaba en el programa electoral, que yo sepa, de modo que no debiera haber compromiso para que los diputados socialistas la apoyaran en el Congreso, porque no es un mandato de sus votantes. ¿Por qué habrían de hacerlo entonces? Lo explica el argumentario de la dirección: es un medio para alcanzar un bien mayor. ¿Les suena? ¡Cómo vamos a dejar que gobierne la derecha y haga tropelías! ¡Hagámoslas nosotros! Va a ser eso, lo de los grandes principios que justifican torcer las normas, sesgar los derechos y aparcar los valores.

Una última consideración. Se nos dice que el frágil equilibrio parlamentario existente en nuestro país es una manifestación de la pluralidad de la sociedad española y que, por tanto, hay que actuar desde esa premisa. No digo yo que no. Pero algo que se dice menos es que ese equilibrio es también un reflejo del enorme poder que concede el actual sistema electoral, sobre el conjunto de todos los españoles, a formaciones nacionalistas con un minúsculo porcentaje sobre el total de votos. Hagan ustedes las cuentas y se sorprenderán.

*Antonio Villar es catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.