Sánchez, una vez más contra el campo español

Vivimos tiempos convulsos en los que la ambición de unos pocos se antepone a las necesidades de la mayoría. Tiempos en los que el eslogan político parece haber hecho olvidar lo necesario que es el trabajo de los políticos para resolver los problemas de la gente. Tiempos en los que quienes tienen la obligación de defender a los ciudadanos incluso legislan en su contra. Tiempos en los que la palabra ha perdido su valor —a mentir se le llama cambiar de opinión— y hasta se justifica que el futuro de los españoles lo decidan entre quienes vienen proclamando que España "les importa un comino" y llevan años intentando dividirla y sufragar sus insaciables reivindicaciones a costa del dinero de todos los españoles.

El mundo rural no es ajeno a este caos político generado por el actual Gobierno. Van cinco años de una política absolutamente ideológica en lo que afecta al mundo rural, que se bendice con la ratificación del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en el cargo. Cinco largos años que han dado como resultado que muchos agricultores y ganaderos se hayan visto obligados a abandonar su actividad por el aumento de costes, las subidas de impuestos, el incremento de gastos y la reducción de producción que se les exige para adaptarse a un escenario más ideológico que necesario. La falta de una política hidrológica planificada, o el insoportable crecimiento de los ataques de fauna silvestre sin ningún tipo de control posible, tampoco animan precisamente a pensar en un futuro seguro y rentable en el campo español.

No es casualidad que en este escenario en España haya tres millones de cabezas de ganado menos, que se hayan perdido 89.000 ocupados en el campo o que las importaciones hayan aumentado el triple que las exportaciones. No es casualidad, es falta de rentabilidad y pérdida de competitividad. De hecho, desde que Sánchez gobierna, la renta agraria deflactada ha caído en más de 2.000 M.

La puntilla está llegando estos días en forma de notificación de drásticos recortes en las ayudas de la PAC. Muchos aún recordamos cómo, hace un par de años, Sánchez entraba en la Moncloa entre aplausos de los suyos, alardeando de las buenas negociaciones en Bruselas y cómo había conseguido mantener el presupuesto de la PAC. Hoy se confirma esta gran mentira que veníamos denunciando desde el Partido Popular: el recorte de cinco mil millones de euros está ya en los documentos oficiales del Gobierno. La mala negociación del Gobierno de España ha provocado que, en un momento de presupuesto expansivo de la Unión Europea, con más dinero que nunca, al campo español le llegan más exigencias y más recortes que nunca.

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Una de las principales novedades de esta nueva política agrícola común (PAC) son las exigencias ambientales o eco-regímenes, planteados como voluntarios para el agricultor, pero que condicionan hasta el 25% de las ayudas para quienes no se acojan a ellos. Las dificultades son tales que una cuarta parte de los agricultores no las han solicitado y perderán ese dinero. Mientras que quienes las han solicitado, y, por tanto, han hecho inversiones o cambiado su modelo de negocio para adaptarlo a esas exigencias ambientales y climáticas, tampoco van a cobrar lo que se les dijo.

Las previsiones publicadas por el FEGA el 18 de septiembre 2023 y ratificadas esta misma semana reflejan que los importes de los eco-regímenes a los que más se han acogido los agricultores y ganaderos han sido reducidos en un 30% de media respecto de lo inicialmente comprometido por el Gobierno. Incluso las actividades más beneficiosas para el entorno y teóricamente más impulsados por el Ejecutivo, como el pastoreo extensivo, han experimentado un recorte del 28% para pastos húmedos y de casi el 34% en pastos secos. El engaño es de tal calibre que incluso el espacio no cosechado (que contra toda lógica se ha promovido a pesar de la carestía de materias primas) tiene también un recorte de casi un 22% (-21,8%). Ni cultivo, ni dinero.

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Quizá esto sirva para explicar por qué los precios de los alimentos en España estén disparados. Es evidente que no es culpa de los agricultores, ni de los ganaderos, ni tampoco lo es de la industria o de los distribuidores. No hace falta ser un avezado analista para entender que, si suben los costes de producción y bajan las ayudas, si aumentan los impuestos y los gastos en toda la cadena alimentaria, lógicamente el precio final o va en consonancia o se cierra el negocio, también el agroalimentario.

Por otro lado, en este escenario, con una subida del 30,8% del precio de los alimentos en dos años (el último informe de la OCU) y el doble de hogares que no pueden pagar su hipoteca, no cabe esperar precisamente un aumento del consumo, sino su contracción y, en paralelo, un aumento de importaciones de productos de países donde no se asfixia al sector y, por lo tanto, los precios de los alimentos son más competitivos. Con ello, cada vez es mayor nuestra dependencia alimentaria de países en los que producir cuesta menos, en los que no hay impuesto al plástico, en los que los gobiernos invierten en infraestructuras y almacenamiento de agua, como Francia y Portugal, o de aquellos en los que las restricciones ambientales a la producción son mucho más flexibles.

Hemos perdido la gran oportunidad que suponía la presidencia europea para impulsar medidas como las llamadas "cláusulas espejo" y exigir que se apliquen las mismas reglas para producir lo mismo en todos los países de los que importamos. Solo así se podrá proteger a nuestros agricultores y ganaderos frente a importaciones incentivadas por la falta de competitividad que provoca aplicar más restricciones en unos países que en otros.

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Ante este panorama, si no tomamos medidas urgentemente, la tan de moda revolución del campo no nos dejará sin alimentos, pero sí se llevará por delante el 12% del PIB y un tejido productivo, el agroalimentario, que sostiene la vida en el mundo rural, y los únicos beneficiados serán los agricultores y ganaderos de aquellos países donde sus gobiernos sí gobiernan.

Desgraciadamente, otra legislatura más en España con el mismo ministro sumiso y Sánchez a la cabeza no parece que vaya a enderezar la deriva. Si el presidente del Gobierno tiene en sus planes levantar un muro para dejar de lado a quienes no aplauden sus decisiones, por injustas y arbitrarias que puedan ser, qué no hará contra quienes, además, no se conforman y tienen la osadía de pretender vivir únicamente con el sudor de su frente.

*Milagros Marcos Ortega es diputada del Partido Popular y ha sido portavoz de Agricultura del PP en el Congreso en la XIV legislatura.