Pedro Sánchez y Nicolás Redondo: dos hombres y un partido

El diario El Mundo viene publicando en estos últimos días noticias impactantes que traen causa del estado degenerativo que aqueja al PSOE —bien es cierto que la degradación es dato común al conjunto de partidos que integran nuestro sistema político— que delata el impasse casi comatoso en que malhadadamente se encuentra sumida la vida democrática española.

En la primera de esas noticias, Nicolás Redondo – forzado a abandonar el Partido antes de ser expulsado por desafecto – rememoraba los lazos históricos que unían a su familia con el PSOE y recordaba cómo a finales de los sesenta su padre —futuro líder de la UGT y del entonces menguado socialismo vizcaíno— había defendido la democracia hasta el extremo de la tortura y el destierro, mientras que su madre se veía obligada a desempeñar humildes menesteres para subsistir de la asfixia económica a que los sometía el acoso de la policía franquista.

Una integridad y una dignidad familiares que se mantuvieron incólumes a la llegada de la democracia y con momentos de dura discrepancia públicas entre Nicolás Redondo padre y Felipe González, sin que las diferencias comportaran sanción política alguna en el interior de la organización. Algo que no se ha mantenido en los tiempos más recientes cuando Nicolás hijo, terriblemente crítico con su ejecutiva, fue expedientado y amenazado de expulsión como escarnio y posible amenaza fulminante de lo que iba a suceder a los que osaran disentir del líder que dominaba la organización.

Al día siguiente, el mismo periódico filtraba unos WhatsApp – el medio de comunicación habitual en un mundo postmoderno en el que lo formal devora los modos tradicionales de expresión verbal – a través de los cuales el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno —Pedro Sánchez— daba órdenes a su segundo para aplastar a disidentes que se expresaban públicamente en su contra y no en contra del partido.

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Entre ambos hechos mediaba una diferencia cualitativa enorme que va más allá de la innegable distancia que existe entre qué primera sea la expresión pública de una disidencia política interna, en tanto que la segunda corresponda a un acto de comunicación interna de un dirigente político en el seno de su partido. Un partido —y esta es la clave— que no es una instancia privada a la que se pueda aplicar sin más la protección prevista por el art 18.3 CE para los ciudadanos normales.

Con independencia de que en el mundo actual ha perdido sentido e incluso ya no es válida la vieja distinción público-privado que caracterizó al mundo que murió en 1989 con la Caída del Muro de Berlín, lo importante es entender bien que los partidos políticos no se corresponden a los sujetos privados tradicionales, sino que son órganos constitucionales que, por imperativo del art 6. de la Constitución, deben tener "una estructura interna y funcionamiento democrático". Esto determina que no se sepa bien quien es el potencial delincuente en la segunda de las noticias, si el filtrador de unos mensajes o los que conversan en ellos en términos que dejan claro que en un determinado partido no existe democracia interna. De tal manera que si la fiscalía los llega a investigar, deberá plantearse necesariamente dos temas a la vez; uno sobre cuál es la naturaleza jurídico constitucional de los partidos y, otro, sobre sí existe en uno de ellos la democracia interna que exige la Constitución.

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Y ese es un mandato constitucional de la máxima importancia que se está incumpliendo en todos los partidos y del que las dos noticias aludidas dan testimonio con un dramatismo palmario.

Es cierto que, como afirmaba ese gran actor que fue Fernando Fernán Gómez, los que estamos imbuidos de una cultura democrática habitualmente "observamos que en cada partido la mayor cantidad de honestidad suele caer de la parte de los disidentes y por ello da la impresión de que tienen más razones los que se van qué los que se quedan". Pero no se trata de la reacción espontánea de defender a David contra Goliat que acompaña a la naturaleza humana civilizada. Lo que en este caso importa, es señalar que en pocos años un partido fundamental para la vida constitucional —y con el PSOE todos los demás— ha degenerado en una suplantación general de la democracia en la que la voluntad ciudadana no existe, al mismo tiempo que la peor de las dictaduras se ha apoderado de la vida interna de los partidos contraviniendo abiertamente la Constitución.

Hoy, desgraciadamente los partidos son el principal foco de degeneración de la democracia y no solo por desconocer abiertamente la Constitución, sino porque, incluso, se han convertido en escuela de formación donde se enseña e instruye al afiliado —ya no existe el militante— en toda una serie de prácticas que son exactamente todo lo que no se debe hacer en la vida constitucional.

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Ante semejante estado de cosas, ¿podemos hacer algo? Pues sí, lo podemos todo. Porque como ya denunciara Benjamín Constant en su folleto Del espíritu de la Usurpación, nuestra ausencia de participación política y nuestro silencio cómplice permite que las cosas vayan por esos derroteros.

Frente a estas situaciones es imposible permanecer neutrales. Tenemos que reaccionar y no callar. Negar las premisas sobre las que están actuando nuestros operadores políticos. Rechazar que el juicio sobre la vida democrática sea patrimonio exclusivo de sus inscritos y que solo a ellos les corresponde opinar. Los partidos tiene sus afiliados, pero la democracia que ellos están obligados a respetar en su funcionamiento es propiedad de todos. De ahí que los que somos demócratas podemos legítimamente decir que el acoso interno que sufrió Nicolás Redondo resulta constitucionalmente inaceptable. Por eso los que no somos afiliados podemos manifestar con toda autoridad, que la relación de poder —que en este caso media en el interior del PSOE— resulta incompatible con la democracia y con el cometido actual a que está llamado un gran partido que representa en España lo mejor de los logros que ha traído a los ciudadanos: el Estado Social y Democrático de Derecho.

*Eloy García, catedrático de Derecho Constitucional.