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Tribuna
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Contra la corrupción
No es solo un mal actual y endémico español al que nos tengamos que resignar, pero por ello no deja de ser grave en cuanto mina la confianza en el sector público y desmoraliza a la sociedad
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Uno de los temas que más preocupa a los ciudadanos españoles en estos días es la corrupción. Con una larga tradición en nuestro país, se siguen sucediendo casos. Nada nuevo. No es sólo un mal actual y endémico español al que nos tengamos que resignar, pero por ello no deja de ser grave en cuanto mina la confianza en el sector público y desmoraliza a la sociedad, sin perjuicio de las consecuencias económicas que tiene. Ya el emperador Marco Aurelio, predicaba con el ejemplo la importancia de la virtud, la integridad y la justicia como cualidades en la administración pública y en las acciones de individuos que ocupan el poder.
El concepto de corrupción es amplio y abarca muchos aspectos, algunos de ellos, como el favoritismo asumido o incrustado en la vida como normales. Según Transparencia Internacional, la corrupción se define como “el abuso del poder encomendado para beneficio privado”, lo cual incluye tanto ventajas económicas como no económicas. Sin que medie un pago directo, favorecer a amigos en la contratación, ascensos o asignación de recursos, sin tomar en cuenta los méritos y la idoneidad, o el uso indebido de información privilegiada, se encuentran dentro de este concepto. Solo cuando emergen casos de corrupción económica es cuando vuelven a saltar las alarmas, mientras hay otra corrupción no económica que soterrada y silenciosa se expande.
Según el Instituto Varieties of Democracy (V-Dem), adscrito al departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Gotemburgo en Suecia, los datos sobre corrupción en España han empeorado en los últimos años. España pasa del puesto 23 al 14 en el ranking de países con más corrupción. De todos los países que componen la OCDE, nuestro país es el que más empeora desde 2019. Igualmente, crece las percepciones de la generalización de la corrupción entre las empresas españolas.
El anunciado Plan Estatal contra la Corrupción en España recoge 15 medidas preventivas y represivas. La mayor parte gira sobre la contratación pública. Como ejemplo, la modificación del artículo 146.3 de la Ley de contratos del sector público, para hacer obligatorio que la evaluación de los criterios de adjudicación no matemáticos sea realizada por un comité de expertos u organismo técnico especializado, lo que se ha demostrado insuficiente.
Para atajar la corrupción hay que atender a las causas que la provocan y estas están en las personas que toman las decisiones
Las vías de agua de la contratación pública se producen precisamente en las adjudicaciones mediante la manipulación de los elementos subjetivos de los criterios de adjudicación y en las ejecuciones de las obras. Es precisamente en estos ámbitos donde se debería hacer mayor hincapié reduciendo los elementos subjetivos y ejerciendo una mayor motivación y control sobre estos por parte de los órganos de control interno. En este sentido, la utilización de la inteligencia artificial para detectar posibles manipulaciones puede ser útil. Todas estas medidas de carácter normativo, que podrían servir para dificultar las prácticas corruptivas, seguirían, en todo caso, siendo ineficaces.
Para atajar la corrupción hay que atender a las causas que la provocan y estas están en las personas que toman las decisiones. La participación de profesionales de la Administración pública en los procedimientos de adjudicación favorecería la objetivación y la imparcialidad de los procedimientos, cuando es un funcionario público quien decide, hay un menor riesgo de manipulación. Sin embargo, si las decisiones descansan sobre dirigentes políticos o en aquellos cuyo nombramiento proviene directamente de órganos políticos, son más susceptibles a las presiones. De este modo, debería darse preponderancia a que los altos cargos de las administraciones públicas responsables de la contratación estén ocupados por funcionarios públicos.
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Además de profesionalizar la gestión de las administraciones públicas, hay que tapar otra vía de escape que son las empresas públicas, donde en aras de una supuesta mayor eficacia en la gestión, los controles se diluyen y crea un hábitat adecuado para el cultivo de la corrupción. De este modo, sería necesario repensar qué actividades se desarrollan a través de empresas públicas y cuáles a través de las administraciones, siendo necesario un mayor control sobre las primeras. Otro tema que es trascendente en nuestro país y que aparece a lo lejos, es la sombra de la financiación de los partidos políticos, cuestión que se debería abordar sin complejos.
Un paso más sería la especialización de los órganos de la fiscalía y judiciales en estos temas debido al carácter multidisciplinar de la corrupción. Debería plantearse también la posibilidad del establecimiento de la acción pública en determinados contratos. Facilitar las denuncias de los comportamientos corruptos. Sanciones más gravosas para aquellas empresas que se benefician de la corrupción, podrían alejar la tentación de acudir a esta vía para la obtención de contratos saltándose los criterios de adjudicación.
Sobre todo, la corrupción deja al descubierto la existencia de un problema moral, la ausencia de valores de aquellos que se tratan de aprovechar del desempeño del cargo público para un beneficio propio o de otros. La condescendencia con determinados comportamientos lleva a que no se establezcan límites y la corrupción como una mancha de aceite se va extendiendo de forma imperceptible. Cuando la mentira, la arbitrariedad en el uso del poder público, la opacidad y el amiguismo se normaliza en la sociedad, no nos extrañemos de los casos de corrupción. Por eso, sería esencial la formación en valores y ser más intransigentes con aquellos comportamientos que dejan vislumbrar la falta de honestidad, equidad, integridad, lealtad y tolerancia. Antes de un soborno existe una persona sin valores. Antes de una persona sin valores existe alguien que le ha nombrado y que no ha reparado, o si, en su falta de valores. Después, otros que lo sabían callaron. Después, de forma tardía e inesperada, tal vez algún día, salga a la luz.
La corrupción deja al descubierto la existencia de un problema moral: la ausencia de valores
Afirmaban C.S. Lewis en la el ensayo
*Francisco Pleite Guadamillas es magistrado y doctor en Derecho.
Uno de los temas que más preocupa a los ciudadanos españoles en estos días es la corrupción. Con una larga tradición en nuestro país, se siguen sucediendo casos. Nada nuevo. No es sólo un mal actual y endémico español al que nos tengamos que resignar, pero por ello no deja de ser grave en cuanto mina la confianza en el sector público y desmoraliza a la sociedad, sin perjuicio de las consecuencias económicas que tiene. Ya el emperador Marco Aurelio, predicaba con el ejemplo la importancia de la virtud, la integridad y la justicia como cualidades en la administración pública y en las acciones de individuos que ocupan el poder.