El Parlamento Europeo advierte: no es buena idea asociarse con los amigos de Putin

En medio del culebrón de la ley de amnistía, es imposible menospreciar la importancia de lo que sucedió ayer en el Parlamento Europeo.

La Cámara europea aprobó por una mayoría abrumadora (433 votos a favor, 56 en contra y 18 abstenciones) una resolución titulada “Trama rusa: acusaciones de injerencia rusa en los procesos democráticos de la Unión Europea”. Es el texto más beligerante sobre esta materia que ha producido hasta el momento cualquier órgano de la Unión Europea. No solo por la contundencia con que denuncia el designio del Gobierno de Putin de desestabilizar por todos los medios las democracias europeas, sino porque ofrece un catálogo extenso de casos concretos y de nombres propios implicados en la citada trama.

Por el texto desfila prolijamente lo más granado de la extrema derecha europea. Se menciona, entre otros muchos, al partido de Le Pen, al de Salvini, a los neonazis de Alternativa por Alemania… Y en tan distinguido elenco de amigos y/o beneficiarios de Putin no podía faltar el secesionismo catalán, con mención expresa del flamante socio de Sánchez, Carles Puigdemont.

Hay en la resolución dos párrafos dedicados a España que no me resisto a transcribir en su integridad (pidiendo excusas al lector por lo espeso de la redacción).

En el primero, la resolución constata que “algunas informaciones periodísticas llevan señalando desde hace tiempo los contactos y las estrechas relaciones personales entre los secesionistas catalanes —incluidas las autoridades del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña— y el Kremlin; que, según las informaciones de diversos periodistas de investigación, el exdiplomático ruso Nikolái Sadovnikov se reunió con el entonces dirigente separatista y actual diputado al Parlamento Europeo Carles Puigdemont, en Barcelona, en vísperas del referéndum ilegal de Cataluña en octubre de 2017”.

Añade que “el Juzgado de Instrucción n.º 1 de Barcelona —encargado de la investigación del asunto Voloh, que vincula, entre otros, al antiguo presidente catalán y a su entorno con Rusia— ha prorrogado recientemente la investigación por seis meses más”. Y que “representantes de un grupo de secesionistas catalanes de España que han mantenido relaciones con personalidades cercanas al Kremlin exigen que se les conceda una amnistía por sus presuntos delitos”.

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Hasta aquí, la descripción de los hechos en lo que nos atañe. A la hora de tomar posición sobre ellos, el Parlamento es terminante:

“Expresa su profunda preocupación por las supuestas relaciones entre los secesionistas catalanes y el Gobierno ruso; observa que, de confirmarse, la injerencia rusa en Cataluña formaría parte de una estrategia rusa más amplia para promover la desestabilización interna y la desunión en la UE.

Expresa su profunda preocupación por las campañas a gran escala de desinformación que Rusia ha llevado a cabo en Cataluña, así como por los supuestos intensos contactos y el número de reuniones entre los agentes responsables de la injerencia rusa con representantes del movimiento independentista y del Gobierno regional de la Comunidad Autónoma de Cataluña.

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Pide a las autoridades judiciales competentes que investiguen eficazmente las conexiones de los diputados al Parlamento Europeo supuestamente relacionados con el Kremlin y los intentos de desestabilización e injerencia de Rusia en la Unión Europea y sus Estados miembros.

Lamenta todos los ataques contra los jueces que investiguen cualquier actividad de injerencia”.

La resolución incluye también un mandato taxativo a todos los Estados miembros, a los que se ordena “llevar a cabo una investigación interna exhaustiva con el fin de evaluar todos los posibles casos de injerencia extranjera por parte de Rusia”.

Si un texto semejante se presentara en el Congreso de los Diputados como propuesta de resolución, el bloque oficialista al completo lo denunciaría como una maniobra sucia de la derecha y la ultraderecha para derrocar al Gobierno progresista. Pero ha recibido el respaldo del 85% de los diputados del Parlamento Europeo, entre ellos, los socialistas españoles.

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El PSOE votó en Estrasburgo lo que no habría apoyado jamás en Madrid (un trastorno disociativo de la identidad que Sánchez ha hecho habitual en el comportamiento de ese partido, que cambia la máscara de Mr. Hyde por la del doctor Jekyll cuando pasa los Pirineos); aunque se opuso inútilmente a las enmiendas que mencionaban a Puigdemont. Dudo mucho que ese cariñito a su nuevo socio contribuya a consolar a este por el vapuleo de verse nominativamente señalado entre lo más tenebroso de la política europea.

La resolución es una muestra categórica del ambiente que se respira en la política europea respecto a todo lo que relacionado con el autócrata ruso. Si es terminante en la denuncia de las injerencias de Putin y la condena de cualquier connivencia con él, los es más aún en el respaldo a los jueces que investigan esos episodios y en la exigencia a los Gobiernos de que, en lugar de obstruir esas investigaciones, las impulsen con todos sus recursos. Es inconcebible que Sánchez no se dé por enterado de un mensaje emitido con ese despliegue vocal, del que él es, claramente, un destinatario significado.

Es evidente que Sánchez, además de un cúmulo creciente de obstáculos políticos y judiciales, se encontrará ante un problema político formidable en Europa si se empeña en sacar adelante esa ley a toda costa, ampara a Puigdemont por encima de todo y, además, persiste en el acoso al Poder Judicial. No encontrará en el Consejo Europeo un solo Gobierno que comprenda que un país miembro paralice las investigaciones en curso sobre la archicomprobada colusión entre el secesionismo catalán y el Kremlin. Y mucho menos que lo haga por un oscuro intercambio de favores domésticos con uno de los políticos señalados inequívocamente como amigo de Putin.

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Como precaución mínima, el presidente debería dar orden de acallar los insultos a los jueces de sus ministros, voceros y cortesanos. Y le conviene, por su propio bien, medir con sumo cuidado hasta dónde está dispuesto a llegar para conseguir que Puigdemont se deje amnistiar.

En todo lo que connota la resolución del Parlamento Europeo, en las posibles advertencias procedentes de algún despacho ilustre sito en la calle madrileña de Domenico Scarlatti y en la evidencia de que los jueces españoles no están dispuestos a dejarse avasallar —posición que, como acaba de comprobarse, comparte la mayoría de los fiscales— reside la explicación de que Sánchez tuviera que resignarse a perder la votación del día 30 de enero en el Congreso.

¿Han mejorado desde entonces las perspectivas de que esa ley llegue a buen puerto? Depende de lo que se entienda por esa expresión. Para mí, en este caso “llegar a buen puerto” significaría que el PSOE retire la proposición de ley antes de que sea tarde y algún órgano colectivo de ese partido —si es que queda alguno vivo— reconsidere desde el principio su estrategia, incluida la gestión política de la legislatura. Pero si por llegar a buen puerto se entiende pretender que la amnistía llegue a aprobarse y aplicarse sin producir por el camino un destrozo institucional inasumible, la probabilidad de que eso ocurra disminuye cada día. Los regates legislativos para salir del desfiladero en que Sánchez se ha metido dejaron de servir hace tiempo, por mucha que sea la creatividad jurídica del inefable Bolaños.

El modo de hacer política de este presidente se asemeja al de un piloto temerario que condujera un vehículo carente de frenos y con la palanca de marcha atrás bloqueada: autocondenado a pisar el acelerador en cualquier circunstancia. Lo malo es que en el vehículo viajamos todos. En cuanto a la amnistía, de momento lo único que ha logrado es que la pista se convierta en una enorme placa de hielo.