La ultraderecha más vaga e incompetente de Europa

Tras el triunfo del PP en las elecciones municipales y autonómicas en la primavera de 2023, Alberto Núñez Feijóo cometió el mayor error de su vida política. No se sabe si por indolencia o por impotencia, el líder del PP permitió que la codicia de poder de sus dirigentes territoriales lo desbordara, cayendo de lleno en la trampa evidente que Sánchez le tendió: obligarle a simultanear una campaña nacional de elecciones generales con una negociación múltiple con Vox para formar a toda prisa los gobiernos autonómicos. Eso, unido a una campaña electoral de pésima factura, le costó la presidencia del Gobierno.

Justo un año después de aquel fiasco, Abascal le ha resuelto en buena medida el quilombo en el que él mismo se metió. Sesudos analistas y politólogos de postín han lanzado ríos de tinta preguntándose por qué, mientras las fuerzas de la extrema derecha avanzan incontenibles en esta parte de Europa (Francia, Italia, Alemania, Holanda, Bélgica, Austria, incluso Portugal) y en el norte y el sur de América (Trump, Milei), en España Vox está electoralmente estancado desde hace cinco años, dando claras muestras de retroceso.

Quizá la primera explicación —no la única— nos remita a algo tan básico como la calidad del material humano. Los dirigentes de Vox han demostrado ser los más gandules y políticamente estólidos de Europa. Cuando Feijóo llegó a la dirección nacional del PP, ese partido estaba en estado de derribo, a punto de ser superado por Vox en las encuestas. Se le veía emular el declive del centroderecha en Francia y en Italia, dejando el campo libre para la extrema derecha.

Es notable el camino recorrido desde entonces. El PP se ha situado firmemente como el primer partido de España, aventajando a Vox en más de 20 puntos y con una diferencia de 104 escaños en el Congreso. Sin duda, esa revitalización tiene mucho que ver con el liderazgo de Feijóo, a quien frecuentemente le niegan el pan y la sal quienes jamás lo votarán, amparándose en esa sensación que proyectan él y su equipo de que siempre les faltan diez céntimos para el euro. Pero también han ayudado la crecida del rechazo a Sánchez en amplios sectores templados de la sociedad y la incompetencia supina de Abascal y compañía. El dislate de salir por piernas de los gobiernos autonómicos (¿por qué no también de los municipales?) es aún más grosero que el de aquella esperpéntica moción de censura con Tamames como candidato a la presidencia del Gobierno.

Opinión

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Será curioso ver cómo se explica a los ciudadanos de Castilla y León, una comunidad autónoma con un presupuesto de 14.000 millones y 25 habitantes por kilómetro cuadrado, abrumada por el envejecimiento y la despoblación, que un partido político intenta cargarse el Gobierno de la región por no aceptar que se acoja a 21 menores de edad (poco más de dos por provincia), como si su llegada trajera consigo el apocalipsis. El mismo ejercicio complicado tendrán que hacer los dirigentes voxistas en otras cinco comunidades a las que se les pedía el sacrificio tremebundo de recibir a un máximo de 30 niños o adolescentes para ayudar mínimamente a aliviar la situación crítica que se vive en Canarias.

Abascal escupe la palabra "menas" como sinónimo de bandoleros o forajidos. En realidad, es un acrónimo de "menores extranjeros no acompañados". Como no parece verosímil que le moleste especialmente el hecho de que sean menores o de que vengan sin compañía, es evidente que lo que le subleva es su condición de extranjeros (y, con toda certeza, el color oscuro de su piel). Escuchando la diatriba que farfulló ayer, uno imagina a los 21 adolescentes extranjeros recién llegados a Castilla y León (o cualquiera de las otras regiones afectadas por la espantada de Vox) entregados al pillaje, los atracos a mano armada y las violaciones masivas.

Hay circunstancias y pretextos más oportunos que este para dar rienda suelta a la genética xenófoba de ese partido o para impugnar la política de inmigración en pro de la de puertas cerradas. El caso concreto es que hay 6.000 niños y adolescentes amontonados en Canarias en condiciones humanamente inaceptables. Y se pide a los gobiernos autonómicos que hagan el modesto esfuerzo de acoger a una mínima parte de ellos, una cifra casi simbólica que ni el patriotero más cavernario puede sentir como una amenaza existencial. El movimiento de Vox, precisamente en esta coyuntura, es extemporáneo, cínico y hasta cruel. Ninguna persona de buena fe, cualquiera que sea su posición política, puede entender que se desestabilicen seis Gobiernos por ese motivo.

Lo que más bien les sucede a los jefes de Vox es que, en su gandulería, se limitan a mimetizar mecánicamente lo que ven hacer en otros países, sin tomarse la molestia de elaborar algo parecido a un plan de trabajo adecuado para España. Como ven que lo de la antiinmigración les va bien a Le Pen y compañía, se precipitan a reproducirlo de la forma más zafia, como anteriormente intentaron enarbolar una mala copia de las recetas económicas de Trump o de la política pandémica del payaso Boris Johnson. Viendo que Le Pen se va con el grupo de Orbán en el Parlamento Europeo, la siguen como borregos sin percatarse (o quizá sí) de que ello los convierte objetivamente en aliados de Putin.

No es casual que, en esta emergencia, los únicos que han negado la pequeña ayuda humanitaria que se pedía hayan sido Vox y los nacionalistas catalanes. Es obvio: no todos los xenófobos son nacionalistas, pero todos los nacionalistas son necesariamente xenófobos. El nacionalismo se define por la identificación de un enemigo, que siempre es el forastero (un concepto que incluye a los conciudadanos no nacionalistas). Por cierto, hay una contradicción manifiesta entre denunciar la xenofobia de Vox y estar dispuesto a entregar la gestión integral de la inmigración a los tipos más xenófobos de España, que sin los nacionalistas catalanes.

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En realidad, desde el punto de vista de la gestión pública no se pierde gran cosa con la salida de Vox de los gobiernos autonómicos en que el PP les dio entrada en mala hora. Ninguno de sus consejeros ha dejado la menor huella de su paso por los gobiernos, salvo una riada de declaraciones extravagantes impropias de un gobernante. Algo parecido sucede con Podemos y su secuela de Sumar. Iglesias salió por patas del Gobierno cuando comprendió que lo de gobernar en democracia no era para él.

Se trata de partidos que, por su propia naturaleza sectaria, son incapaces de razonar en términos de interés público; más bien tienden a confundir el interés público con el catecismo de su secta. No están programados para gobernar en una sociedad abierta, sino para agitarla; no para atenuar las frustraciones y malestares de la sociedad, sino para excitarlos y alimentarse de ellos. Por eso fracasan invariablemente cuando les ponen delante un expediente de cierta complejidad o tienen que compaginar intereses contradictorios. El ejercicio institucional de un poder sometido a reglas les confunde y debilita, como la kryptonita a Superman.

En esta ocasión, el Partido Popular ha hecho lo correcto. Si se produce una emergencia en un lugar de España y hay que ayudar, se ayuda. Si además se plantea cambiar una ley, se estudia y se negocia, basta de trágalas y contratos de adhesión con la cantinela de "arrimar el hombro". Y si se trata de fijar una política de inmigración en la que se concierten el Gobierno central y los autonómicos, para eso existe una instancia llamada Conferencia de Presidentes cuyo reglamento establece que puede ser convocada por el presidente del Gobierno o, alternativamente, a petición de diez presidentes autonómicos. Si el PP quisiera, podría forzar esa convocatoria mañana mismo o forzar a Sánchez a violentar de nuevo el principio de legalidad. Ojalá este episodio sirva para que la dirigencia del PP se convenza de que hacer lo correcto es casi siempre políticamente rentable.

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Tampoco se trata de hacer sonar las campanas por esta maniobra desestabilizadora de Vox. No es saludable que se multipliquen los gobiernos en minoría. Pero los presidentes del PP en esas comunidades autónomas tienen sus presupuestos aprobados y pueden seguir gobernando ateniéndose estrictamente a sus programas de investidura, elaborados conjuntamente con Vox. En ninguno de ellos se pactó nada relacionado con la acogida de menores extranjeros no acompañados.