Castilla y León, el tercer bloqueo de Vox: el gobierno de la minoría en España

No es preciso esperar el recuento de los votos en Castilla y León para anticipar su resultado político. La derecha dará una soberana paliza a la izquierda y Vox, tercer partido con apenas un quinto de los votos, tendrá la potestad de decidir si permite que se forme un Gobierno presidido por el PP o provoca el bloqueo del Parlamento durante meses, hasta que a Santiago Abascal le dé la gana levantar el veto o forzar la repetición de las elecciones.

La situación será idéntica a la que ya se vive en Extremadura y Aragón y a la que podría darse en Andalucía si el PP no mantuviera allí su mayoría absoluta. Idéntica a la que se dará en la mayoría de las comunidades autónomas cuando les toque votar e idéntica a la que todas las encuestas respetables anuncian para las próximas elecciones generales. La formación de gobiernos en España está sometida a la conveniencia de un partido socialmente minoritario y políticamente extremista, y no es la primera vez que esto sucede: viene siendo costumbre en ambos lados de la trinchera desde hace una década.

La sociedad española sigue siendo tendencialmente bipartidista, puesto que los dos grandes partidos, PP y PSOE, reciben el apoyo de dos de cada tres votantes. Pero al reventarse cualquier vía de entendimiento en el espacio central, hemos pasado de una democracia de partidos a una de bloques.

Ninguna de las dos fuerzas principales es capaz de concitar por sí misma una mayoría que le permita gobernar autónomamente; y, habiendo decidido no entenderse entre sí en absolutamente nada, ambas quedan atrapadas en un bloque en el que entregan a fuerzas menores de vocación destituyente la posibilidad de gobernar y la capacidad de dictar el contenido de sus políticas. Son el PP y el PSOE quienes se han colocado a sí mismos sendos cordones sanitarios.

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En el período iniciado en 2023 se ha roto el empate entre los bloques y hoy la derecha tiene una clarísima hegemonía electoral sobre la izquierda. Allí donde se abre una urna y se cuentan votos, el PP y Vox superan holgadamente el 50% mientras la suma del PSOE y sus potenciales aliados raramente se aproxima al 40%, con diferencias de dos dígitos entre uno y otro bloque.

En consecuencia, únicamente el PP tiene la posibilidad de formar gobierno… siempre que Vox lo consienta. Y este se recrea en el juego de exhibir su poder condicionante, someter al partido mayoritario a entregas y renuncias frecuentemente humillantes, mantener el bloqueo durante meses y especular con una repetición de las elecciones.

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No puede hablarse de "parlamentos colgados" porque en España los electores entregan resultados que habilitan mayorías amplias de Gobierno. Primero, la que resultaría de una mínima concertación responsable entre los dos partidos mayoritarios. Alternativamente, la que ofrece la mayoría absoluta de la derecha. No puede culparse a los votantes del bloqueo crónico de la política española, sino al comportamiento sectario, mezquino e insensato de los dirigentes políticos. En este caso, los de Vox; pero antes los de Podemos, que tumbaron varias investiduras de Sánchez hasta que este les vendió su alma, o la de los nacionalistas que ejercen el chantaje semanal en el Congreso de los Diputados.

Es aberrante que en Extremadura un partido que recibió el 43% de los votos, aventajando a la segunda fuerza por más de 17 puntos, no pueda formar gobierno por la extorsión de quien no pasó del 17%. Como lo es la hipótesis de que, tras cuatro elecciones consecutivas con mayorías abrumadoras de la derecha, todo lo que esta sea capaz de ofrecer sea unos cuantos meses de bloqueo y la eventualidad de obligar a los ciudadanos a volver a votar. Más que suficiente para preguntar a Vox para qué diablos cree que sirve o enviarlo directamente a hacer puñetas… por sanchista (que se corresponde con el voxismo de Sánchez).

No está exento de culpa el legislador: el constituyente y, posteriormente, los estatutarios. Ambos dejaron dos bombas de relojería adosadas al casco de nuestro sistema político: el mecanismo de las investiduras y la llamada moción de censura constructiva.

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Parece mentira que nuestros constituyentes, obsesionados como estaban por dotar al sistema de mecanismos que garantizaran la gobernabilidad estable del país, parieran un mecanismo de investiduras que se ha probado completamente disfuncional, compromete innecesariamente a las más altas magistraturas (en España el jefe del Estado y en las comunidades autónomas el presidente del Parlamento autonómico) y contiene una invitación explícita para que las fuerzas minoritarias secuestren el poder y sometan a su voluntad la formación de los gobiernos.

El artículo 99 de la Constitución es un error clamoroso que se repitió miméticamente en todos los estatutos de autonomía excepto dos (País Vasco y Asturias). A su amparo el jefe del Estado ha visto varias veces rechazados a los candidatos que tiene la obligación de presentar al Congreso sin garantía alguna de que sean aceptados. Hemos asistido a varias investiduras fallidas. Se han mantenido durante períodos larguísimos gobiernos en funciones ayunos de competencias. Se han tenido que repetir las elecciones generales en dos ocasiones.

Y lo más grave: a su amparo (y al de la polarización irresponsable de los dos grandes) los partidos minoritarios se han erigido en capataces de la gobernación de España, expropiando la capacidad de decidir quién gobierna y quién no y sometiendo a exigencias coactivas a partidos que los duplicaron o triplicaron en votos. Culpa también de estos, que, pudiendo evitarlo, aceptan semejante disparate.

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Para empezar, un sistema democrático que se respete no debería aceptar jamás que se fuerce la repetición de unas elecciones por el interés táctico de cualquier partido político. La repetición jamás debe ser una estrategia, sino un recurso extremo derivado únicamente de alteraciones gravísimas invalidantes del proceso electoral, apreciadas por la autoridad judicial o por el Tribunal Constitucional. No cabe afirmar que la soberanía reside en el pueblo para desautorizar el voto ciudadano cuando le convenga al político de turno.

La solución está ante nuestra nariz, la tenemos en casa. Está en los Estatutos del País Vasco y de Asturias; o, si se prefiere una fórmula más drástica, en el sistema de elección de los alcaldes tras las elecciones municipales. En ambos casos se deja abierta la puerta a alianzas o coaliciones para formar mayorías. Pero, a falta de estas, se garantiza en todo caso la elección del presidente autonómico o del alcalde que más respaldo tenga en el parlamento o en el ayuntamiento; y se elimina de raíz la repetición de las elecciones.Si el producto de esta secuencia de elecciones autonómicas son tres o cuatro gobiernos bloqueados, la derecha española se pegará un tiro de dimensiones colosales. Se creará un incentivo irresistible para que cualquiera, con un puñado de votos —incluso con un solo escaño— se haga el dueño del corral. Y, puesto que previsiblemente este reparto de fuerzas se repetirá en las próximas elecciones a todos los niveles, habremos entregado el poder a la extrema derecha sin necesidad de que gane unas elecciones.

Todo deriva, claro está, de la suplantación en la política española del principio de buena fe en el que confiaron los constituyentes por la práctica generalizada de la mala fe política y la deslealtad institucional. Por esa razón es aconsejable que el legislador sea pesimista en lo que concierne a la condición humana.