Corrupción en Westminster: ¿deben sus señorías dejar de tener un segundo empleo?

Les planteo una pregunta: si un gobierno obliga a sus diputados a anular el castigo a un diputado por tráfico de influencias, con la excusa de que hay que cambiar las reglas del comité de ética parlamentario, ¿se trata de un gobierno corrupto? La polémica toca, de nuevo, a la puerta de Downing Street.

El Ejecutivo ha reculado (práctica ya habitual) y un portavoz -porque Boris Johnson se ha negado- ha pedido perdón por el “grave error”. El diputado en cuestión ha acabado dimitiendo. Pero el daño ya está hecho. El índice de aprobación del 'premier' ha caído a "menos 20", según la última encuesta de Opinium. El 50% de los británicos desaprueba su gestión y la oposición recorta cada vez más distancias.

Para los laboristas, no hay lugar a dudas: existe corrupción. Y hasta ahí es entendible. Al fin y al cabo, es la oposición. El problema para los conservadores es que también lo considera el mismísimo John Major, ex primer ministro 'tory'. Y las propias filas conservadoras no están cómodas con la postura que les ha hecho tomar la dirección del partido. Prueba de ello es que, pese a tener una mayoría absoluta de 80 escaños, Johnson sacó el pasado miércoles la enmienda para salvar al diputado por tan solo 18 votos. Y eso que la presión era importante. A los rebeldes se les había amenazado con quitarles fondos públicos para sus distritos, destinados a colegios y hospitales.

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Pero el quid de la cuestión va más allá. La gran pregunta es si ha llegado el momento de que a los diputados de Westminster se les prohíba tener un segundo trabajo. Especialmente si este consiste en asesorar a empresas privadas. Porque la línea entre asesorar (legal) y hacer 'lobby' para beneficio económico propio (ilegal) es ya demasiado fina.

Escándalo Paterson

Este es el gran debate que existe ahora en Reino Unido tras el sonado escándalo 'Owen Paterson'. Más de 30 diputados podrían verse afectados si se les prohíbe ocupar ahora cargos como consultores, tal y como se está barajando. A excepción de un laborista, todos son conservadores. La mayoría, por cierto, exministros. El hecho de que la lista sea tan limitada es porque, al fin y al cabo, lo del segundo empleo como asesor es lo que más quebraderos de cabeza da y menos beneficios económicos reporta.

Los mejores pagados, sin lugar a dudas, son aquellos que emplean su tiempo libre como abogados. Aunque tampoco es que todos alcancen el nivel de Geoffrey Cox, quien fue fiscal general durante el apogeo de las negociaciones del Brexit, pero aun así registró un ingreso total de 970.000 libras en el último año, por 705 horas de servicios legales. Claro que también los hay que han trabajado como médicos y enfermeros en primera línea durante la pandemia. Y tras la estampida de sanitarios comunitarios con el Brexit, el país no está ahora mismo para prescindir de doctores.

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Pero hablemos de Owen Paterson, el protagonista de esta historia. Tras dos largos años de investigación, Paterson ha sido condenado a un mes de suspensión de empleo y sueldo por un comportamiento “indignante”, después de que Kathryn Stone, la Comisionada de Estándares Parlamentarios de Reino Unido, [que es un organismo independiente, la responsable no es diputada] considerara que había roto las reglas de Westminster. El 'tory' -que ha acabado dimitiendo- llegó a ganar 100.000 libras anuales (que se sumaban a su salario de 82.000 libras como diputado) por la promoción en Westminster de los intereses de dos empresas, los laboratorios Randox y la alimentaria Lynn, a las que prestaba asesoramiento remunerado.

La larga investigación ha sido especialmente dura para él. Hasta el punto de que su mujer, Rose, se suicidó el pasado mes de junio a los 63 años. En cualquier caso, defiende que volvería a repetir su actuación si fuera necesario, ya que asegura que sus acercamientos a funcionarios y ministros “equivalían a denuncias”. Explica, por ejemplo, que el contacto que facilitó entre Randox con la Agencia Reguladora de Alimentos fue para advertir de los antibióticos ilegales que se habían encontrado en la leche que estaba disponible en los supermercados.

Aunque admite su culpa en otros detalles, es cierto que existe una exención en las reglas de 'lobby' para los parlamentarios que alertan al Gobierno sobre “un error grave o una injusticia sustancial”, incluso si hacerlo da lugar a un beneficio financiero o material “incidental”. Por otra parte, tal y como están ahora las reglas de Westminster, al parlamentario sancionado no se le permite la posibilidad de apelación que la justicia ordinaria sí ofrece. Y, a raíz de la polémica, esta es otra de las cuestiones que ahora se debaten.

Cambiando las reglas del juego

Pero hablemos ahora de la segunda derivada, la actuación del Gobierno ante la crisis. Viene ya siendo una preocupante costumbre ver cómo el primer ministro cambia las reglas de juego cuando van en su contra. Es una técnica que utilizó y -sigue empleando- durante las negociaciones del Brexit con Bruselas y que no tiene reparos en replicar también en casa. Cuando Kathryn Stone, la Comisionada de Estándares Parlamentarios de Reino Unido, publicó sus conclusiones tras la larga investigación de Owen Paterson, lo primero que hizo Johnson fue presentar la enmienda para anular el castigo a su colega y pedir la dimisión de Stone.

Cabe matizar que entre ellos no existe una relación especialmente cordial. Fue Stone quien investigó al inquilino del Número 10 por la financiación de las lujosas vacaciones al Caribe que se pegó con su pareja tras arrasar en las generales de 2019. Y es más que posible que sea también Stone quien tenga que analizar la redecoración de su apartamento privado en Downing Street (para la que Boris llegó a plantear utilizar las donaciones al Partido Conservador) o el generoso regalo que recientemente le ha hecho el millonario Zac Goldsmith -al que Boris había nombrado previamente Lord- pagando su escapada (en plena crisis por suministro de gasolina) a Marbella.

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Fue el propio John Major quien impulsó el sistema independiente de control ético de los parlamentarios, después del famoso escándalo de la década de los 90 de 'cash for questions' (dinero a cambio de preguntas), cuando se reveló que los diputados 'tories' habían cobrado hasta 2.000 libras por cada pregunta, en defensa de intereses privados, que introducían en la sesión de control.

Pero no parece que hayan cambiado demasiado las cosas desde entonces. Quizá ya no haya remuneración económica por pregunta. Pero existen otras prácticas de dudosa ética. En las últimas dos décadas, a todos los tesoreros del Partido Conservador -con excepción del último- se les ha ofrecido el título de Lord. Todo aquel que done más de tres millones de libras recibe el honor. Los británicos son muy de títulos. Ahora; una cosa es ser investido 'sir', que queda muy bien en tu círculo social; y otra tener asiento en la Cámara Alta con poder legislativo.

Johnson asegura que se toma muy en serio las acusaciones de corrupción. Sin embargo, cuando Westminster celebró este lunes un debate de emergencia sobre la cuestión, el 'premier' ha optado por ausentarse. Al parecer desde hace tiempo tenía prevista una visita a un hospital del noreste de Inglaterra. Qué oportuno. Como todo lo que le rodea.