No tan deprisa, señor Musk

Hace poco más de un año, Twitter eliminó la cuenta de Donald Trump después de que no reconociese el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 y animase a asaltar el Capitolio en enero de 2021. La decisión fue muy polémica. Elon Musk, el fundador de Tesla, criticó que las empresas tecnológicas se conviertan en árbitros de la libertad de expresión. Hoy es el nuevo dueño de Twitter.

Elon Musk ha prometido devolver a Twitter su condición de plaza pública y revertir la tendencia que la plataforma había adoptado para luchar contra la desinformación. Populistas como Nigel Farage y Ted Cruz han acogido con entusiasmo la noticia de la compra de la red.

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La visión de Musk para Twitter implica, en principio, menos moderación de contenido. En su opinión, la intervención de los moderadores en la red social es excesiva y su llegada podría implicar cambios significativos en la política de Twitter. Digo en principio porque, como muchos usuarios de la red han apuntado, cuando él ha recibido críticas, Musk no ha dudado en usar su poder y riqueza para acallarlas. Además, tiene enormes negocios en China y otros Estados. ¿Podrá exigir China, por ejemplo, que ayude a censurar determinadas expresiones?

Twitter no es cualquier empresa de internet. Se ha convertido en el foro de debate político por excelencia en la red. Si no se usa correctamente, crea riesgos evidentes para el funcionamiento de la democracia: un estudio del Instituto de Tecnología de Massachusetts encontró que las noticias falsas se transmiten un 70% más rápido que los tuits verificados. ¿Puede una sola persona controlar un ágora tan central para la libertad de expresión?

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Mi respuesta es que no. Los ciudadanos, a través de la legislación, deben establecer un marco legal que permita el libre intercambio de ideas y, al mismo tiempo, proteja las libertades y derechos fundamentales de todos los ciudadanos.

Ahí es donde entran en juego la Unión Europea y la reciente Ley de Servicios Digitales, destinada a crear un entorno digital con derechos para los usuarios.

Esta ley, acordada la semana pasada por el Parlamento Europeo y los Estados miembros, supone un paso cualitativo en la estrategia europea. Pasamos de un marco de autorregulación por las grandes empresas de internet a un marco común de regulación europeo. Por supuesto, en ningún caso significa que vaya a ser Bruselas quien monitoree los contenidos de las redes sociales; eso está fuera de cuestión.

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Los planes de Musk chocan frontalmente con los nuevos requerimientos de la legislación europea. Para empezar, las plataformas con más de 45 millones de usuarios (como Twitter) se verán obligadas a realizar evaluaciones anuales de riesgos sistémicos. Twitter estará obligada a controlar y mitigar los riesgos a los que están sujetos las plataformas, incluida la posibilidad de que la red sea usada para diseminar desinformación, manipular o dañar los derechos fundamentales. De no frenar la desinformación y las amenazas contra los derechos fundamentales, la plataforma podrá sufrir multas equivalentes al 6% de sus ingresos mundiales.

La Ley de Servicios Digitales añade además un nuevo actor a la ecuación: los alertadores confiables. Los alertadores confiables son grupos de expertos con poder para advertir sobre la posible existencia de contenidos ilegales en línea, y a los que las plataformas están obligadas a responder. Serán, por tanto, un contrapoder que trabajará estrechamente con las autoridades nacionales de supervisión.

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Con la Ley de Servicios Digitales se acaba también la arbitrariedad a la hora de bloquear usuarios y contenidos en las plataformas. Hasta el momento, la dirección de Twitter es libre de cambiar sus términos y condiciones y, en función de ello, alterar su política sobre contenido dañino para decidir a quién expulsar. Con la nueva ley, los usuarios podrán recurrir las decisiones de Twitter, ya sea la rehabilitación de la cuenta de Donald Trump o la permanencia de información falsa en línea. Para ello, Twitter estará obligada a desarrollar un sistema de quejas interno que funcionará como un mecanismo de solución de disputas. Así, las denuncias sobre contenido dañino no podrán ser ignoradas amparándose exclusivamente en los términos y condiciones de la compañía.

Vivimos tiempos turbulentos. Twitter ha jugado un papel fundamental en los procesos de injerencia extranjera en las elecciones del mundo occidental. El dictador Maduro y el ayatolá Jamenei usan Twitter como plataforma propagandística. Los antivacunas han hecho uso de la red para difundir noticias que comprometen la salud pública. Recientemente, los medios rusos han aprovechado la red para justificar la invasión de Ucrania. La nueva Ley de Servicios Digitales incluye también una nueva provisión de crisis que permite que la UE mande a las plataformas tomar medidas específicas para salvaguardar los derechos fundamentales en tiempos de crisis. Si una situación similar al asalto del Capitolio americano tuviera lugar en Europa, la Comisión tendría las herramientas para evitar que las políticas de moderación de la compañía interfieran en los procesos democráticos de la UE.

La libertad es el mayor y mejor patrimonio de los ciudadanos europeos, y la Ley de Servicios Digitales es la herramienta para protegerla en línea. La UE hace historia al establecer un marco garantista para todos. Si Twitter toma la vía de la desinformación, la UE estará preparada para responder.

*Luis Garicano, jefe de la delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, es vicepresidente y portavoz económico de Renew Europe.