¿Cuál es el auténtico objetivo de la reforma Escrivá contra los autónomos?

¿Cuál es exactamente el objetivo de la reforma del régimen de cotización de los trabajadores autónomos que ha presentado el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá? ¿Hacer caja para tapar a corto plazo los agujeros financieros de la Seguridad Social o, por el contrario, mejorar paternalistamente las prestaciones futuras de los autónomos?

El discurso oficial apunta desde luego en la segunda dirección: la pensión media de los autónomos no alcanza siquiera los 800 euros mensuales, frente a los más de 1.300 euros de pensión media abonada por el régimen general. La razón de esta enorme brecha es más que obvia: mientras que los asalariados están obligados a cotizar en función de sus ingresos reales, los autónomos tienen el derecho —que ahora Escrivá pretende arrebatarles— de escoger su base de cotización entre un mínimo y un máximo: y la amplia mayoría de autónomos escogen cotizar por el mínimo de modo que también devengan derechos pensionales muy reducidos.

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Dada esta situación de partida, nuestros gobernantes parecen haber decidido que toca incrementar el ahorro previsional de carácter forzoso dentro de este colectivo profesional: como los autónomos son excesivamente cortoplacistas y no se plantean las estrecheces financieras a las que se enfrentarán una vez dejen de trabajar, hay que obligarles a que ahorren en contra de sus deseos presentes. Y para eso se suben las cotizaciones: para que tengan una mejor jubilación de la que ahora mismo creen que desearán tener.

Quienes recelamos instintivamente del paternalismo estatal, que suele ser la puerta abierta al despotismo, y desconfiamos de las presuntas buenas intenciones de los políticos, que más bien suelen ser pura simulación para instrumentalizar a la población en pos de sus ambiciones personales, no terminamos de creernos semejante relato de unos sabios gobernantes tan preocupados por el sino de los ignorantes autónomos como para cercenarles sus libertades en su propio provecho. Pero imaginemos que sí: imaginemos que existe un genuino fallo de mercado en forma de descuento hiperbólico y que nos hemos topado con una camarilla de rigurosos mandarines que abnegadamente pretenden solventarlo mediante un aumento de las cotizaciones sociales contra los autónomos. Pues bien, incluso bajo ese improbable escenario hipotético, quedan al menos dos preguntas que responder.

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Primero, ¿por qué Escrivá no ha habilitado un mecanismo, aunque sea costoso, de salida? Aquellos autónomos que consciente y responsablemente prefieran ahorrar menos de lo que Escrivá pretende obligarles a ahorrar (no hay motivo para pensar que el bienestar de todo autónomo se maximiza con el esquema de ahorro forzoso planteado por el ministro) deberían poder optar por ello: una cosa es que la Administración empuje paternalmente a los ciudadanos en una determinada dirección que presumiblemente redundará en su propio beneficio y otra, muy distinta, que se la imponga aun cuando redunde ciertamente en su propio malestar.

Segundo, aun en el caso de que Escrivá considerara que es absolutamente indispensable obligar a los autónomos a ahorrar determinadas sumas mínimas para su jubilación, ¿por qué les impone que ese ahorro previsional deba ser canalizado exclusivamente a través de la Seguridad Social? Que los autónomos deban ahorrar más de lo que están ahorrando ahora mismo podría tener su lógica económica; que los autónomos deban ahorrar más de lo que están ahorrando ahora en exclusiva a través de la Seguridad Social no tiene lógica económica alguna y sí una perversa lógica política: forzar a cada vez más ciudadanos a participar en un esquema de redistribución intertemporal que, debido a los cálculos electoralista y cortoplacistas de nuestros políticos (¿quién sufre el auténtico descuento hiperbólico?) presenta un fuerte desequilibrio financiero: un fuerte desequilibrio financiero que, a imagen y semejanza de los esquemas Ponzi, nuestros gobernantes clientelizadores necesitan saldar con nuevos rehenes a los que desangrar en el presente y también en el futuro.

Al multiplicar por dos, por tres o por cuatro las cotizaciones sociales, Escrivá no está buscando proteger el futuro financiero de los autónomos, sino que más bien está intentando enmascarar el presente de las descuadradas cuentas del sistema público de pensiones español.