Boric no consigue aumentar los impuestos en Chile (por ahora)

La columna vertebral del programa de gobierno de Gabriel Boric, presidente de Chile, era su reforma tributaria. A la postre, Boric concurrió a las elecciones prometiendo una notable expansión del tamaño del Estado chileno (esa notable expansión, por cierto, fue moderándose a lo largo de la campaña y todavía más desde la presidencia, por cuanto debía presentar propuestas realistas, no soflamas populistas) y para lograr esa notable expansión necesita, en primer lugar, sacar adelante una reforma tributaria que le permita incrementar lo suficiente la recaudación.

Y es que Chile, al menos de momento, no ha caído víctima de la enfermedad argentina consistente en despreciar el equilibrio presupuestario a largo plazo. Comprenden algo tan sencillo como que, para gastar sosteniblemente más, es necesario recaudar más. En caso contrario, la diferencia terminará pagándose con alta inflación (un impuesto muy ineficiente) y eso es algo que el establishment político chileno no acepta (al menos, insisto, de momento). No en vano, el ministro de Hacienda de Chile, Mario Marcel, es exgobernador del banco central del país y tiene perfectamente interiorizada la necesidad de mantener la estabilidad de precios.

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Por eso, en Chile, gastar más exige recaudar más. Incluso para la izquierda. Y, por eso, Boric convirtió su reforma tributaria en la columna vertebral de su nuevo modelo de Estado: una reforma dirigida a incrementar la presión fiscal en hasta cuatro puntos del PIB para financiar nuevas partidas de gasto en frentes tan diversos como el sistema de pensiones, el sistema sanitario o el sistema de dependencia.

Sucede que la reforma tributaria de Marcel era una reforma tributaria que no solo suponía un muy fuerte incremento de la presión fiscal en el país (un aumento del 20% respecto a sus niveles actuales), sino que concentraba la exacción en el ahorro y en la inversión, esto es, en la capacidad de Chile para acumular capital y, por tanto, para crecer acumulando capital. Las patas fundamentales de la misma consistían en crear un impuesto a la riqueza (sancionando el capital acumulado), incrementar el gravamen sobre las rentas del capital del 10% al 22% (sancionando el rédito de todo capital), establecer un tipo del 1,8% sobre los beneficios retenidos por empresas cuyos ingresos provengan mayoritariamente de rentas pasivas (sancionando la provisión de financiación) y, por último, una elevación del tipo marginal máximo en el IRPF del 40% al 43% (sancionando la formación de los trabajadores más cualificados). Penalización al capital productivo, al capital financiero y al capital humano. Tan dañina han visto los diputados chilenos esta reforma que al final ha cosechado en el Congreso 73 votos en contra y 71 votos a favor, esto es, no solo los diputados de la derecha se han opuesto a la misma, sino que tres diputados de la izquierda se han abstenido para facilitar su rechazo.

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¿Y ahora qué? Cabría pensar que Boric lo tiene tan sencillo como negociar/presionar a los tres diputados de izquierda que se abstuvieron en la votación de esta semana para conseguir sacar adelante la reforma fiscal en una segunda votación. Pero no es tan sencillo: la Constitución chilena prohíbe volver a someter a votación un proyecto de ley fallido hasta transcurrido un año (técnicamente, se podría si una mayoría de dos tercios en el Senado lo permite, pero Boric no cuenta con semejante supermayoría en el Senado). Así que, en la práctica, el grueso de la acción del Gobierno de izquierdas —dirigida a cebar el Leviatán chileno— va a verse paralizado durante al menos un año. La maquinaria estatal se ha quedado sin combustible extra durante al menos un año.

Boric ha descrito su fracaso tributario como “un golpe a la esperanza”: en realidad, sería más apropiado describirlo como un golpe de esperanza frente a aquellos que quieren agrandar el Estado, aun a costa de la libertad y la prosperidad de sus ciudadanos.