La España sindicalizada

En los últimos años en el mundo desarrollado, y especialmente en Europa occidental, asistimos a un incremento gradual pero significativo de la presencia e intervención del Estado en múltiples ámbitos de la actividad social, económica y cultural que, desde la década de 1980, se consideraban reservados al dominio de la sociedad civil y ajenos, por tanto, a la intromisión de los poderes públicos.

Las diversas medidas implementadas por los Gobiernos para paliar los devastadores efectos de la pandemia, el auge del proteccionismo comercial, las crecientes restricciones a la emigración, etc… no solo evidencian la acuciante demanda de seguridad en un mundo plagado de incertidumbres, sino, lo que en mi opinión resulta decisivo, modifican y alteran cualitativamente el perímetro de la intervención administrativa legitimando el control gubernamental de espacios y actividades tradicionalmente ajenos a la interferencia estatal.

No es mi propósito discutir ahora los efectos beneficiosos o perjudiciales de este auge del intervencionismo gubernamental. Solo pretendo a raíz de esta incuestionable realidad poner de manifiesto algunas consecuencias que, en mi opinión, se derivan del notable desplazamiento del centro de gravedad de las sociedades avanzadas y, muy en particular, de la singular articulación de estas dinámicas que han cristalizado en nuestro país.

Este notable incremento de la actividad y control del Estado implementado en ocasiones mediante intervenciones económicas directas (subvenciones, exenciones, ayudas, subsidios etc.) o en muchos otros supuestos a través de instrumentos y prácticas regulatorias de toda índole (legislación, normativas, reglamentaciones técnicas etc.), ha extendido y ampliado significativamente las oportunidades de arbitraje entre todos aquellos que, de una u otra manera, se consideran legítimos aspirantes a usufructuar las ayudas y privilegios públicos.

Opinión

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De este modo, se configura una peculiar confederación de intereses integrada por quienes participan de esta singular lotería que reparte premios en forma de privilegios y prebendas y cuyo objetivo fundamental es, naturalmente, la conservación y el mantenimiento del ventajoso statu quo.

Quienes reciben una porción del pastel pueden muy bien discrepar respecto del reparto interno, pero consolidan un propósito común frente a los terceros ajenos, formando, de este modo, una especie de “coalición extractiva” que legitiman mediante la elaboración de diversas narrativas vertebradas en torno a las tradicionales apelaciones al “bien común” o a la “sacralidad de lo público”.

El concepto goza de significatividad suficiente para articular un núcleo de características distintivas que le otorga pertinencia explicativa

Propongo sintetizar este conjunto de prácticas, instituciones y creencias en un concepto -la España sindicalizada- que, con independencia de sus insuficiencias, presenta la ventaja de denotar, intuitivamente, la naturaleza coaligada de los intereses que representa. El concepto goza de significatividad suficiente para articular un núcleo de características distintivas que le otorga cierta pertinencia explicativa.

Se trata, en primer lugar, de un fenómeno de naturaleza transversal que se nutre de un amplio espectro ideológico y político. Tanto en el nacionalismo xenófobo y excluyente, como en las retóricas de la intransigencia propias del pensamiento reaccionario, pueden encontrarse las huellas seminales de muchas de las prácticas extractivas y clientelares que caracterizan la España sindicalizada.

Por su parte, en el otro polo que sustenta la ecuación, la izquierda paleolítica anclada en un universo cultural e ideológico totalmente periclitado que continúa idolatrando lo “público” como un icono sagrado, contribuye decisivamente a forjar las narrativas que legitiman el conclave extractivo.

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En segundo lugar, la España sindicalizada extiende sus tentáculos mucho más allá de los aparatos del estado y la administración pública. De hecho, su hábitat natural parece residenciarse en las denominadas “instituciones intermedias” como las Cámaras de Comercio y otras corporaciones de derecho público, los partidos políticos y los sindicatos que reciben ingentes cantidades de dinero público y cuyas cúpulas dirigentes, integradas por una “nomenclatura” oportunista y clientelar, hace ya mucho tiempo que abdicaron de la función que dicen desempeñar.

Una tercera característica resulta especialmente reveladora de la peculiar resiliencia y transversalidad de los tácitos consensos que se forjan en defensa de los intereses extractivos de quienes, por lo demás, obedecen a una distinta filiación ideológica.

El común denominador de las narrativas de legitimación se articula en torno a un concepto polisémico que permite su apropiación por las diferentes familias ideológicas que integran la España sindicalizada.

La solidaridad es el comodín con el que juegan los partícipes porque el tono y el acento pueden modularse según los intereses de uno u otro

La solidaridad es el comodín con el que juegan todos los partícipes porque el tono y el acento pueden modularse según los intereses de uno u otro de los integrantes del espectro ideológico y político: justicia social o paternalismo caritativo, la fuente de legitimación apela siempre a las bondades del intervencionismo y la regulación.

Naturalmente, también los adversarios son, en alguna medida comunes, aunque el acento se distribuya en función de la familia ideológica a la que se pertenece; así se habla del capitalismo depredador o del mercado salvaje, de los fondos buitre o de los bancos irresponsables que conceden créditos de manera temeraria.

La España sindicalizada se muestra, asimismo, obstinadamente escéptica frente a toda evidencia de refutación empírica que sistemáticamente cuestiona sus postulados. Se inmuniza frente a toda crítica porque sus afirmaciones no derivan del saber ordinario de la experiencia, sino que emanan directamente de principios y verdades últimas ajenas a toda verificación o contraste. Su manual de estilo no se compone de hipótesis, sino de axiomas.

La España sindicalizada se muestra escéptica frente a toda evidencia de refutación empírica que sistemáticamente cuestiona sus postulados

Ello genera inevitablemente un cierto escepticismo frente al conocimiento científico que, en algunas versiones extremas, desemboca en posiciones negacionistas, pseudocientíficas o abiertamente anticientíficas.

Por último, en el corazón de la España sindicalizada anida un genuino catastrofismo, una apocalíptica visión del presente y del futuro inmediato, cuyas víctimas desamparadas solo podrán ser redimidas por la providencial intervención de una legión de funcionarios investidos del más prístino y desinteresado amor al prójimo, una cohorte angelical que se desvela por el bienestar público.

El ciudadano infantilizado en una permanente minoría de edad necesita del cuidado tuitivo de los Poderes Públicos para casi cualquier acto de la vida cotidiana, desde pedir un préstamo a elegir una profesión o firmar un contrato.

El ciudadano infantilizado en una minoría de edad permanente necesita del cuidado tuitivo de los Poderes Públicos para casi cualquier acto

El atractivo de este discurso victimista es el mismo de siempre; el que fomenta la cultura de la queja y del incumplimiento: papaíto siempre tiene la culpa. La completa ausencia de responsabilidad individual puede resultar un consuelo para todos los agoreros y fracasados que forman parte de la España sindicalizada, una minoría frustrada e irrecuperable. Pero con esas herramientas no se forja un país de hombres y mujeres libres y felices.

*Álvaro Lobato Lavín, magistrado del Juzgado de lo Mercantil 2 de Barcelona. Patrono de Fide.