Recado a los okupas institucionales y propagadores de la peste

Ha querido Felipe VI centrar su mensaje de Navidad en la Constitución, pasando de puntillas por la situación económica y sin mencionar siquiera el complejo contexto internacional, lo que indica la preocupación creciente del Monarca. La Carta Magna no cambia; lo que cambia es el contexto y la peligrosa pendiente en la que anda sumido el país, donde se naturaliza lo que no debiera, incluidos los ataques a la Constitución y los valores que esta representa por parte de los partidos que sostienen al Gobierno.

"Para que la Constitución desarrolle plenamente su cometido no solo requiere que la respetemos, sino también que conservemos su identidad, lo que la define, lo que significa; su razón de ser como pacto colectivo de todos y entre todos para un propósito compartido". También exige que "preservemos su integridad". El Rey, en el legal y legítimo ejercicio de sus funciones, pretende así sacar de su ensimismamiento a una sociedad, la española, que de tanto acostumbrarse al pim-pam-pum institucional ha dejado de calibrar la gravedad de los ataques e incluso a darlos por buenos.

El caldo de cultivo no puede resultar más propicio. Tendencias que vienen de lejos, tales como el triunfo del relativismo radical y, por ende, la muerte del discurso racional, el sentido común y la política basada en los hechos, posibilitan el cuestionamiento del otrora elogiado sistema del 78 y el inicio de un proceso destituyente.

Felipe VI pone el énfasis en la unión entre españoles para fortalecer los valores de nuestra "convivencia democrática: la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político". Unas palabras que chocan con los pactos suscritos por el PSOE con JxCAT, ERC y PNV para la formación del Gobierno y con la advertencia de los independentistas en sede parlamentaria de que su objetivo último no es sino un referéndum de autodeterminación.

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La pulsión identitaria de estas fuerzas —"la peor de todas las pestes: el nacionalismo, que envenena la flor de nuestra cultura europea", en palabras de Stefan Zweig— amenaza con poner patas arriba el Título VIII de nuestra Constitución ("todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones") y llevar a nuestro país por la senda del confederalismo, como señala José Antonio Zarzalejos, con asimetrías entre territorios donde cada comunidad pujará por lo suyo sin preocuparse del resto.

Igual que el independentismo catalán destapó el nacionalismo español, no tardaremos en ver regiones exigiendo lo que la Generalitat: condonaciones de deuda en la misma proporción que en Cataluña, una Hacienda propia en Madrid y así sucesivamente.

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Todo ello acompañado de una asfixiante polarización que, como advierte el Rey, pone en riesgo una "convivencia basada en sentimientos compartidos y en la búsqueda común del bienestar y la prosperidad de todos", al tiempo que avienta un nuevo paradigma que, bajo el pretexto de la necesidad de un nuevo contrato social, peca de excesivo intervencionismo. Se confunde a Keynes con Maquiavelo y se exhibe una moral laxa, por no decir inexistente, que nos lleva a cuestionar todo aquello que dábamos por bueno, incluida la propia Corona.

Esta columna, la de la Monarquía parlamentaria como forma política del Estado, donde el Rey ejerce de jefe del mismo y hay división de poderes, una columna que creíamos firme y servía para ahormar las voluntades de un pueblo español diverso y plural, pretende ser derribada por las formaciones enemigas del actual modelo.

Si bien es cierto que este futuro se presenta lejano, por no decir distópico, lo mismo se podía decir de los indultos, la supresión del delito de sedición, la amnistía o incluso de la posibilidad de que los jueces puedan ser "cesados y juzgados". La colonización de las instituciones por personas afines al Ejecutivo y la deriva iliberal en el campo empresarial y económico dejan entrever nuestro devenir más inmediato.

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De ahí el llamamiento rotundo del Rey a que cada institución deba situarse "en el lugar que constitucionalmente le corresponde, ejercer las funciones que le están atribuidas y cumplir con las obligaciones que la Constitución señala [...] Debemos respetar también a las demás instituciones en el ejercicio de sus propias competencias y contribuir mutuamente a su fortalecimiento y prestigio".

Afortunadamente para la Corona, la imagen de Felipe VI deja poco margen a las críticas, teniendo en su hija, la princesa Leonor, muy presente en todo el discurso, la mejor garantía de supervivencia. Nadie hubiera imaginado hace unos años que un fenómeno como leonormanía salvaría a la institución de las peores pulsiones identitarias.