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Felipe VI y lo que ocurrió hace 150 años
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José Antonio Zarzalejos

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Felipe VI y lo que ocurrió hace 150 años

En 1873, el rey Amadeo se despidió así de España: "Lo he buscado [el remedio] ávidamente dentro de la ley, y no lo he hallado. Fuera de la ley no ha de buscarlo quien ha prometido observarla. Nadie achacará a flaqueza de ánimo mi resolución"

Foto: Felipe VI pronuncia el discurso de apertura de la XV legislatura de las Cortes Generales. (EFE/J.J. Guillén)
Felipe VI pronuncia el discurso de apertura de la XV legislatura de las Cortes Generales. (EFE/J.J. Guillén)
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De nuevo, los parlamentarios independentistas vascos y catalanes se ausentaron ayer de la solemne sesión conjunta de las Cortes Generales presidida por el Rey con motivo de la inauguración de la XV legislatura de la democracia. Y lo hicieron, además, arremetiendo contra la Corona. Este acto institucional responde a una larga tradición que data del siglo XIX y reúne a los poderes del Estado con el Congreso y el Senado en lo que constituye un episodio simbólico de carácter institucional. Eludirlo no puede significar cosa distinta que un boicoteo al propio sistema, a su legitimidad.

La cobertura dialéctica sedicente para tratar de explicar la ausencia en el acto de ayer y en el del pasado día 31 de octubre —jura de la princesa de Asturias— impugna la monarquía parlamentaria y su significado, opuesta a las pretensiones rompedoras de la Constitución de 1978. Es una farsa dialéctica, porque el jefe del Estado, en todo caso y sea cual sea la forma de gobierno, siempre representa y representó los valores que los separatismos y los extremismos de toda laya desprecian y combaten. En la Constitución de 1931 de la II República española (artículo 67) se atribuía a su presidente “la personificación de la Nación” (no del Estado, sino de la Nación, un concepto todavía más intenso que el estatal) y el artículo 56 de la Constitución de 1978 define al Rey como el símbolo de la “unidad y permanencia” del Estado. Distintas palabras para una misma realidad constitucional. Así que desengáñense los que crean que estos gestos los motiva la monarquía parlamentaria, porque la jefatura del Estado siempre será una instancia representativa de la unidad territorial de España y de la continuidad de su Estado.

Las jefaturas de Estado parlamentarias —sean monárquicas o republicanas— son espacios institucionales de encuentro y de consenso general. Territorios, en fin, habitables para todos. Resultan en tiempos convulsos como las zonas desmilitarizadas. Y nuestro país necesita del espacio institucional de la Corona como prácticamente única instancia común, porque ya no hay otra en la que poner la mirada. Parece existir un afán alevoso de ir dinamitando todos los mecanismos de encuentro y conciliación. Y se apunta a la monarquía parlamentaria con especial alevosía porque su desprotección jurídica se corresponde con la única defensa posible que puede esgrimir: la adhesión ciudadana a lo que representa, la certeza de la lealtad de los titulares de las instituciones y el reconocimiento de que el Rey simboliza los valores constitucionales mediante un ejercicio íntegro de su magistratura.

Cabe aquí un reproche rotundo a la renuncia —sin duda interesada— del presidente del Gobierno y de sus ministros a la defensa activa de la jefatura del Estado, más aún si se tiene en cuenta que los separatismos vasco y catalán son socios del Ejecutivo de coalición. El penoso discurso de la reincidente presidenta del Congreso —ramplón en el fondo y en la forma, y con una intención sectaria, incompatible con su función institucional— ni siquiera mencionó el concepto capital de monarquía parlamentaria, como tampoco lo hizo el día 31 de octubre en el acto de jura de la princesa de Asturias. Una activista, pues, en la presidencia de las Cortes Generales.

El desgarro emocional de la sociedad española comienza ya a mostrar unos destrozos de difícil compostura. No se trata solo de una cerril confrontación política. La peor y más arriesgada expresión de este cainismo consiste en el intento de introducir al Rey y la Corona en una refriega a la que Felipe VI es ajeno y contra la que dirige de manera constante un discurso de integración como el de ayer, impecablemente constitucional, conciliador y ceñido a la naturaleza de los pronunciamientos que le corresponden.

Este año hace 150 (11 de febrero de 1873) que el muy honrado y único rey electo de España por el Congreso de los Diputados el 16 de noviembre de 1870, Amadeo de Saboya, renunció a la Corona y se despidió de la Cámara y del país en los siguientes términos:

“Conozco que me engañó mi buen deseo. Dos años largos ha que ciño la corona de España, y la España vive en constante lucha, viendo cada vez más lejana la era de paz y de ventura que tan ardientemente anhelo. Si fuesen extranjeros los enemigos de su dicha, entonces, al frente de estos soldados tan valientes como sufridos, sería el primero en combatirlos; pero todos los que con la espada, con la pluma, con la palabra agravan y perpetúan los males de la nación son españoles, todos invocan el dulce nombre de la patria, todos pelean y se agitan por su bien; y entre el fragor del combate, entre el confuso, atronador y contradictorio clamor de los partidos, entre tantas y tan opuestas manifestaciones de la opinión pública, es imposible atinar cuál es la verdadera, y más imposible todavía hallar el remedio para tamaños males. Lo he buscado ávidamente dentro de la ley, y no lo he hallado. Fuera de la ley no ha de buscarlo quien ha prometido observarla. Nadie achacará a flaqueza de ánimo mi resolución”.

Foto: Felipe VI en la Sesión de Apertura de la XV Legislatura. (Europa Press/Carlos Luján) Opinión
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La I República se proclamó de inmediato. Fracasó también. Luego la Restauración. Fracasó igualmente. Luego la II República. Fracasó. Vinieron la guerra y la dictadura. Otro fracaso colectivo. Está vigente de manera formal la Constitución de 1978, pero el futuro vuelve a ser incierto porque demasiados irresponsables están tentando la (mala) suerte histórica de este nuestro país atrapado, otra vez, por clases dirigentes depauperadas.

De nuevo, los parlamentarios independentistas vascos y catalanes se ausentaron ayer de la solemne sesión conjunta de las Cortes Generales presidida por el Rey con motivo de la inauguración de la XV legislatura de la democracia. Y lo hicieron, además, arremetiendo contra la Corona. Este acto institucional responde a una larga tradición que data del siglo XIX y reúne a los poderes del Estado con el Congreso y el Senado en lo que constituye un episodio simbólico de carácter institucional. Eludirlo no puede significar cosa distinta que un boicoteo al propio sistema, a su legitimidad.

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