Caso ERE, anticipo de un atropello judicial

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado ya la interpretación política de una sentencia que vendrá, la semana que viene, sobre el enorme escándalo que supuso el fraude de los ERE, en la Junta de Andalucía. Lo que con seguridad vamos a vivir, alentado por el Gobierno, es un nuevo episodio de enfrentamiento del Tribunal Constitucional contra el Tribunal Supremo, cuando el primero desacredite al segundo por haber ratificado la condena de los ERE. No se conoce la sentencia del Constitucional, pero el presidente Sánchez ya nos ha adelantado cuál será su valoración, y la de todo el PSOE: “La condena se debió al ataque vil de la derecha y de la extrema derecha”.

Tratándose, como es el caso, de una sentencia que fue ratificada por todas las instancias judiciales, hasta llegar a la superior, el Tribunal Supremo, la reducción de todo ese proceso a un ataque político por parte de los tribunales de Justicia supone una nueva agresión a la independencia judicial. Se produce, además, en un caso de especial trascendencia social, tanto por el volumen desorbitado de aquel fraude como por los detalles grotescos que se conocieron, como aquellos episodios de fiestas y de cocaína. Pedro Sánchez, que desde que se conoció la admisión a trámite de una denuncia contra su mujer, Begoña Gómez, ha utilizado todos los recursos a su alcance para presionar al juez que instruye las preliminares del caso, utilizará también esa sentencia del Tribunal Constitucional para atribuírsela a sí mismo, en su papel de víctima del acoso judicial.

La escenificación de lo que vendrá, protagonizada por el propio líder socialista, no ofrece muchas dudas porque, como ya sabemos bien, estos episodios repiten siempre la misma estrategia, como si todos los actos estuvieran previstos en un patrón de respuestas previamente establecido. En los días finales de la campaña electoral de las europeas, el presidente Sánchez aprovechó la decisión del juez Juan Carlos Peinado de citar a declarar a Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado, para comparecer junto a ella en un mitin del Partido Socialista. Eligió un mitin en Málaga en el que también se encontraba Magdalena Álvarez, una de las condenadas de los ERE, por su etapa de consejera de Hacienda de los Gobiernos de Manuel Chaves.

El personal había comenzado a jalear y a vitorear a Begoña Gómez y fue cuando Sánchez desplegó ante todos el esquema básico de cuál será su interpretación política cuando el Tribunal Constitucional modifique o anule la sentencia del Tribunal Supremo sobre los condenados de los ERE: “No hemos sido los primeros en sufrir estos ataques. Tampoco soy yo el primer presidente socialista que ha sufrido ese ataque. Ahí está Magdalena, que también ha sufrido el vil ataque de la derecha y la ultraderecha durante muchos años”.

TE PUEDE INTERESAR

Sánchez cruza el rubicón de los ERE: defiende a Magdalena Álvarez en pleno caso Begoña

Carlos Rocha. Sevilla

¿Acaso ya le ha llegado al presidente Sánchez un anticipo de la sentencia del Tribunal Constitucional? La cuestión es que no debe ser casualidad, aunque habrá quien así lo piense, que ese día, y en ese mitin, se encontrase Magdalena Álvarez, que será, precisamente, la primera en conocer la sentencia del Alto Tribunal sobre el recurso de amparo que interpuso. El Constitucional se reunirá para deliberar la semana que viene, el día 18, y lo que ya ha trascendido, como adelantó ayer mismo El Confidencial, es que la propuesta de la ponente es la de anular la condena. Anulación total o parcial, si es solo en lo referente al delito de prevaricación continuada, como propuso la Fiscalía a principios de este año. Ya conoceremos la literalidad de esa ponencia, aunque por lo sucedido hasta el momento, incluyendo la reacción anticipada de Pedro Sánchez, lo que podemos asegurar es el inicio, como se decía al principio, de nuevos episodios de acoso y descalificación del Tribunal Supremo por parte del Gobierno.

En este punto, conviene aclarar, además, algunos aspectos. La sentencia de los ERE, como tantas, ha sido objeto de controversia jurídica, sobre todo por la aplicación de un delito, el mencionado de prevaricación continuada, atribuido a la aprobación de los presupuestos de la Junta de Andalucía, en los que se incluían las partidas que financiaban las ayudas y subvenciones fraudulentas. Pero la controversia jurídica es una cosa y otra muy distinta es lo que, desde hace meses, se presume que puede ocurrir. Mi compañero José Antonio Zarzalejos fue el primero en trasladar, en enero pasado, la inquietud que existe: que el Tribunal Constitucional, que no pertenece al Poder Judicial, atienda las presiones del Ejecutivo para invadir competencias exclusivas del Tribunal Supremo, que es el “órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes”.

Opinión

TE PUEDE INTERESAR

Diez evidencias bobas sobre la condena de los ERE

Javier Caraballo

El Constitucional, como dispone la Constitución, solo debe intervenir “en materia de garantías constitucionales”, como los derechos y garantías procesales de todos los que se sientan en un banquillo. Lo que nunca puede, ni debe, hacer el Tribunal Constitucional es reinterpretar sentencias del Tribunal Supremo por motivos distintos a los expuestos, aunque como queda dicho, exista cierta controversia jurídica sobre la aplicación exacta de uno u otro delito. Esa controversia se resuelve en el Tribunal Supremo y, cuestionarlo, supone cuestionar la separación de poderes y alimentar un nuevo enfrentamiento institucional, temerario e irresponsable. El recurso de Magdalena Álvarez será el primero que analice el Tribunal Constitucional, del total de doce recursos que presentaron los condenados de la llamada ‘pieza política’ de los ERE, en la que se incluyen los expresidentes Manuel Chaves y Griñán.

La ponente, según ha trascendido, es, además, una magistrada vinculada desde antiguo con el PSOE, Inmaculada Montalbán, vicepresidenta del Tribunal Constitucional. Ya en 2013 fue vocal del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta socialista, y un año antes, en 2012, recibió la Medalla de Andalucía, concedida por el Gobierno que presidía Griñán. Por lo visto, aunque es el criterio de otros magistrados, no ha considerado necesario abstenerse. Ahora, después de que el presidente Sánchez haya adelantado su interpretación política de esa sentencia, vinculando otra vez decisiones judiciales con “el ataque vil de la extrema derecha”, será inevitable que todo acabe en un nuevo atropello judicial con la magistrada Montalbán y el presidente Conde-Pumpido en el epicentro de todo.