No somos un país para jóvenes

Según la última Encuesta de Población Activa, correspondiente al segundo trimestre de 2021, la tasa de paro de los jóvenes entre 15 y 24 años alcanza el 38,4%, la más alta de Europa y más del doble de la media del continente. Nuestra tasa de abandono escolar —jóvenes entre 18 y 24 años que no estudian y no han completado el Bachillerato o una formación profesional básica o de grado medio— asciende al 16% y es también la más alta de Europa. La edad media de abandono del hogar familiar es en España de 29,5 años, más de tres por encima de la media europea y seis años más tarde que en Alemania, Francia y Países Bajos.

En 2019, cuando la pandemia aún no había irrumpido en nuestras vidas, había unos 4,4 millones de trabajadores temporales de un total de unos 19 millones de empleados. Nuestra tasa de temporalidad superaba el 24%, 11 puntos por encima de la media europea. En ese año, la Seguridad Social tramitó un total de 27 millones de contratos con una duración máxima de un mes. De estos contratos, 5,4 millones eran de un solo día. Las administraciones públicas, en sectores básicos como sanidad y enseñanza, son responsables de una parte notable de esta precariedad laboral. Son innumerables las historias laborales consistentes en la concatenación durante años de contratos temporales. Los jóvenes y los ya menos jóvenes, protagonistas mayoritarios de este tipo de contratación, se han convertido en los sujetos pasivos de cualquier ajuste económico.

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Todas estas cifras configuran una realidad inaceptable con la que convivimos desde hace muchos años. No son el resultado de las crisis económicas vividas en este siglo. Son la consecuencia inmediata de un rígido mercado laboral, anclado en la realidad económica de hace más de medio siglo y de unos sistemas de enseñanza anacrónicos: como nos señala en unas declaraciones recientes el director del informe PISA de la OCDE, “la educación en España prepara a los alumnos para un mundo que ya no existe”. Sin reformas profundas en estos dos ámbitos, mantendremos una estructura social que condena a los jóvenes a la desesperanza. Desesperanza que la escritora Ana Iris Simón —'viralizada' por su discurso en la Moncloa— describe como nadie en su libro 'Feria': “Igual me da envidia la vida que tenían mis padres con mi edad, porque a veces, sin casa y sin hijos en nombre de no sé muy bien qué, pero también como consecuencia de no tener en el horizonte más que incertidumbre, daría mi minúsculo reino, mi estantería del Ikea y mi móvil, por una definición concisa, concreta y realista de eso que llamaban, de eso que llaman, progreso”.

Cada uno podemos definir el progreso de forma distinta, según nuestros intereses vitales, pero avanzar en nuestros respectivos caminos requiere adoptar decisiones que siempre es más fácil tomar en un entorno de certidumbre. La propia escritora lo deja implícito: en un horizonte en el que solo hay incertidumbre, no hay progreso posible, se defina este de la forma que cada uno considere.

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La búsqueda de certidumbre se da de bruces con la realidad descrita de nuestro mercado laboral. La reforma laboral del PP de 2012 flexibilizó el mercado de trabajo y contribuyó a una creación sostenida de empleo que se mantuvo hasta la crisis sanitaria. La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda aboga por su derogación total. La ministra de Economía y vicepresidenta primera habla de “europeizar” nuestro mercado de trabajo y reducir la temporalidad. Como la única traducción posible del término 'europeizar' es introducir más flexibilidad, el pronóstico es que avanzamos hacia un nuevo empate incruento, imprescindible para la estabilidad del Gobierno de coalición, pero inútil para la resolución de los problemas laborales de nuestros jóvenes. El mercado laboral necesita flexibilidad para adaptarse a un mundo cambiante, reducir la temporalidad y evitar que esta siga siendo el único mecanismo de ajuste rápido, y mejorar los sistemas de protección. La 'mochila austríaca', por ejemplo, mejora la protección individual de los trabajadores desde el inicio de su vida laboral.

La ausencia de certidumbre no se debe solo a un mercado laboral ineficiente. Más grave es la constatación de que la educación recibida es en ocasiones inútil en términos de obtención de un empleo acorde con las expectativas derivadas del nivel de educación alcanzado. El porcentaje de población española de 30 a 34 años que en 2020 disponía de un título universitario era del 44,8%, casi cinco puntos por encima de la media europea. Las mujeres, con una tasa del 50,9%, superaban a los hombres en más de 12 puntos. Ante el exceso de oferta, el mercado crea sus propios mecanismos de ajuste: el inglés, estudios de posgrado en prestigiosas entidades extranjeras o españolas de coste elevado o, lo que es peor, el mero conocimiento social funcionan como barreras de entrada al mundo laboral. Una progresiva adaptación de la oferta a la demanda o sistemas de becas o de financiación garantizada para solventar conocimientos de idiomas o estudios de posgrado son de obligado desarrollo.

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En el otro extremo del arco educativo, es imprescindible desarrollar sistemas de formación profesional dual, tanto para títulos de grado medio como de grado superior, en el que la formación se complemente con un trabajo efectivo que permita aportar ingresos a la unidad familiar o un cierto nivel de independencia económica. Esa es la verdadera receta contra el abandono escolar y no el pasar de curso o aprobar el Bachillerato con asignaturas suspensas.

En un mundo en que la información y el conocimiento son de alcance universal, la capacidad de analizar, comprender, proponer soluciones y justificar sus hipotéticas o esperadas ventajas, y ser capaz de hacerlo en público, es mucho más importante que un conocimiento erudito y memorístico en una determinada materia. Esta idea debería convertirse en el motor del cambio de todo nuestro sistema educativo, en todos los niveles y en todas las materias, desde las humanidades hasta el más especializado conocimiento científico. Un cambio de este tenor requiere una transformación radical del sistema de formación de nuestro profesorado, llamado a ser protagonista de este cambio y, desde siempre, depositario del futuro del país.

Nuestros jóvenes necesitan un futuro mejor que el que hoy les ofrecemos. Deberíamos, con nuestra clase política al frente, ser capaces de cambiar no solo la educación o el mercado laboral, sino todos aquellos aspectos de nuestra sociedad que lastran su confianza en el futuro y que les hacen pensar que el pacto generacional, según el cual cada generación vive mejor que las que la han precedido, ha sido derogado.