Son los medios los que justifican el fin

Gregorio Marañón, en el prólogo de sus Ensayos liberales, escribía: “Ser liberal significa estas dos cosas: estar dispuesto a entenderse con quien piensa de otro modo; y no admitir jamás que el fin justifica los medios, sino que, por el contrario, son los medios los que justifican el fin”. Pedro Sánchez, que no ha pretendido nunca ser un liberal, parece sorprenderse del rechazo que su forma de gobernar ha generado en buena parte de la sociedad española. Tanto se sorprende que no ha dudado en asumir en primera persona el protagonismo socialista en dos campañas electorales sucesivas. La primera se saldó con una dura derrota. La segunda, según las encuestas disponibles hasta hoy, apunta en una dirección parecida. La sorpresa del presidente quizá se deba a que su manual de resistencia incorpora la convicción de que cualquier medio es lícito si se adecua a la consecución de los fines que él pretende. Que a nadie puede exigirse el cumplimiento de sus declaraciones solemnes si desdecirse supone la obtención de algún beneficio tangible e inmediato.

Extremos aparte, en la sociedad española existe una centralidad profundamente liberal. No acepta que nadie nos diga cómo tenemos que vivir, entiende y defiende la democracia como la forma más práctica de entenderse con quien piensa de otro modo, aspira a una sociedad cada vez más equitativa, considera indispensable el respeto a la ley como marco de convivencia y, desde luego, entiende los excesos del juego político, pero no acepta como válidas las maniobras que retuercen nuestro ordenamiento jurídico para alinearlo con los objetivos del poder político, ni acepta la mentira sistemática. Comprende que un objetivo legítimo de todo gobernante democrático es mantenerse en el poder, pero, como nos recordaba Marañón, no todo vale: son los medios los que justifican el fin, no es el fin el que justifica los medios.

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Iván Gil. Valencia

El mantenimiento a toda costa de la coalición con Podemos, con ministros críticos frente a la acción del Gobierno del que formaban parte, con ministros socialistas caídos en desgracia por haberse enfrentado a los planteamientos de sus socios de coalición, es la prueba genérica de que lo primordial era mantenerse en el poder. La tolerancia arranca con la manifestación del 8 de marzo de 2020, al principio de la pandemia, y culmina con la malhadada ley del solo sí es sí, cuando el Consejo de Ministros decide pasar por encima de los informes jurídicos que anunciaban el desastre que iba a producirse. Todo, por no disgustar a los socios. Todo, por mantenerse en el poder. Cuando la fuerza de los hechos impone la rectificación y la división se materializa en el Congreso, no hay cese de la ministra responsable. Lo peor es que lo que no hizo Sánchez lo hace Yolanda Díaz, que también votó en contra de la reforma de la ley. Por no deslustrar su candidatura, purga a los ministros de Podemos que más rechazo suscitan en la ciudadanía.

Cuando se hizo evidente que el apoyo de ERC era indispensable para alcanzar mayorías en el Congreso, se aprobó el indulto a los líderes independentistas y se modificó la normativa penal para hacer desaparecer uno de los delitos por los que fueron condenados y rebajar las penas del otro. No hubo reparo en, como señaló el Tribunal Supremo, dejar inerme al Estado ante los intentos de alteración del orden constitucional. Ni la mejora de la convivencia política en Cataluña ni la estabilidad parlamentaria del Gobierno justifican semejante desafuero. Al contrario, ambos objetivos quedan deslegitimados por el medio utilizado para su consecución.

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La centralidad de la sociedad española tampoco acepta que el medio para gobernar España sea llegar a acuerdos parlamentarios con quien aspira a destruir España como nación, con quien niega su formidable realidad histórica. En un marco constitucional como el nuestro, todas las aspiraciones políticas son legítimas, todas tienen derecho a ser defendidas. Es un principio democrático insoslayable, pero que en modo alguno obliga a negociar nuestro futuro con quien aspira a que dicho futuro, tal y como se concibe por la mayoría de la sociedad española, no exista.

Este lunes, último día de publicación de encuestas electorales, el CIS, pagado con el dinero de todos, es el único centro de investigación sociológica que pronostica la victoria del PSOE. Todos los demás, cuyos pronósticos se recogen por los distintos medios de comunicación, coinciden en señalar la victoria del PP, con variantes sobre el número de escaños que logrará y con dudas sobre la posibilidad de que alcance la mayoría absoluta con Vox. La colonización del CIS y su puesta al servicio de los intereses socialistas es la prueba más evidente de la pulsión del Gobierno por ocupar todos los rincones del poder, todas las instituciones cuya neutralidad es garante de un correcto funcionamiento del Estado. En la Fiscalía General del Estado, el INE, RTVE, la CNMV o la CNMC, es posible distinguir el rastro de la larga mano gubernamental: nombramientos a destiempo, destituciones, familiares en primer grado de miembros del Gobierno que pasan de una institución a otra. El estruendoso silencio de la CNMV ante la toma de control de Indra es la prueba de que ningún ámbito de actividad institucional ha escapado a un iliberal afán de control.

Recurrir al decreto ley es una tentación a la que sucumben todos los gobiernos, pero el Gobierno actual ha sido recalcitrante, en número y extensión. El fin de fiesta ha sido espectacular: el pasado 29 de junio el BOE publicaba, a lo largo de 224 páginas, el “Real Decreto-ley 5/2023 por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de la Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposición de directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea”. Con las Cortes disueltas desde el 29 de mayo y las elecciones convocadas para el 23 de julio, este decreto ley es una prueba más del desprecio hacia el poder legislativo y de la firme convicción del Gobierno de que el fin justifica los medios. El problema es que buena parte de la sociedad española está convencida de que son los medios los que justifican el fin y rechaza a quien gobierna olvidando este principio liberal.