Hombres con peluca en los aseos y otros malentendidos de la ley trans

Sería enormemente útil, quizá por eso mucho pedir, que al tiempo que se acaba el plazo de presentación de enmiendas contra la ley trans expirase también el de los malentendidos, que es como en el mejor de los casos podemos considerar buena parte de la desinformación que descentra el debate de este proyecto de ley que se tramita en el Congreso.

De entre lo más desconcertante está lo de que plantear como novedades de la nueva ley trans muchas de las cosas que llevan ya vigentes varios años en España y que, desde que se aprobaron en una quincena de comunidades autónomas, solo han servido para ampliar derechos de las personas trans y no habían supuesto mayor problema para muchos de los que ahora se escandalizan hasta que la nueva ley la empezó a tramitar el ministerio de Irene Montero.

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Salvo en Asturias y Castilla y León, en toda España los mayores de 16 años ya tienen derecho a la autodeterminación de género, al menos, en los ámbitos en los que sus comunidades autónomas tienen competencias. Pueden figurar en la tarjeta sanitaria y los títulos educativos con el nombre y sexo sentidos.

Con la nueva ley en trámite, el cambio es que ya no solo es la comunidad, también el Estado pasaría a aceptar que las personas vean reconocida su identidad en el DNI y pasaporte sin necesidad de una tutela que trate esa transición como una patología. Esto sí supondrá un cambio muy relevante para las personas trans, a las que se les ahorrará un calvario burocrático y la sensación permanente de ser tratados por la Administración como enfermos. La despatologización es un derecho. La ayuda psicológica, una opción.

¿Y en qué afectará al DNI de las personas no trans que las personas trans puedan cambiar más fácilmente sus documentos oficiales? En nada. Lo mismo que el matrimonio igualitario no afectó en nada a los matrimonios de parejas heterosexuales. Aumentar los derechos del 0,1% de la población no diluye la identidad del 99,99%, simplemente les reconoce a un colectivo especialmente vulnerable una serie de derechos de los que hasta ahora carecían.

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Tampoco es verdad que con la ley trans un hombre pueda esquivar una condena por violencia de género si de repente se declara mujer. Ni mucho menos que tal cosa haya pasado ya, cuando ni siquiera ha entrado en vigor la ley trans. El delito se juzga y se juzgará según el sexo legal de la persona cuando se produjeron los hechos.

No es cierto tampoco que la ley trans vaya a permitir que una avalancha de hombres delincuentes puedan entrar en una cárcel de mujeres solo declarando que ellos también lo son. Ya hace más de 15 años que es posible decidir a qué prisión ir según la identidad de género y tal cosa no ha pasado.

En el deporte pasa parecido. No es esta ley estatal la que va a regular lo que cada competición deportiva establezca para las jugadoras trans, sino que serán las federaciones las que tengan que buscar soluciones justas para esta realidad social.

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Entre las hipótesis más rocambolescas circula también la idea de que, si con la ley trans cualquiera puede ser mujer, los servicios de mujeres se llenarán de hombres con pelucas haciéndose pasar por mujeres. Por qué va a restar seguridad a los espacios de las mujeres que las personas trans los ocupen también, como, por otra parte, llevan muchos años haciendo. Pese al empeño, confiemos en que fruto de un malentendido, de asociar la transexualidad a la violencia por parte de algunos sectores críticos con la ley, en realidad las estadísticas revelan que quienes más riesgo tienen de sufrir agresiones físicas son precisamente ellas, las mujeres trans.

De todos modos, ni hay que enseñar el DNI para entrar a hacer pis ni dejarse palpar los genitales antes de escoger aseo en un restaurante. Así que, aparte de para meter miedo, no queda muy claro qué tiene que ver el uso de los baños públicos, donde hace mucho que las personas trans son una realidad, con esta ley. Para evitar esa supuesta plaga imaginaria de mirones con peluca que nos dejaría desprotegidas a las mujeres, basta con dejar de imaginarla.

El asunto de los menores trans es sin duda el más delicado y es una pena que el debate al respeto no haya sido más didáctico y sosegado para entender mejor los pros y contras de los cambios que introduce esta ley a una realidad que es muy diversa. Aun así, conviene debatir sobre lo que realmente dice esta ley y no sobre lo que hace tiempo que ya está normalizado en España o sobre lo que directamente ni siquiera dice.

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La ley trans no es cierto que vaya a permitir a cualquier menor cambiar su sexo legal. Antes de la última enmienda registrada por el PSOE, hasta los 12 no era posible el cambio; con la nueva enmienda recién registrada, ya no bastaría con el beneplácito de los tutores, como salió del Consejo de Ministros. La enmienda recién presentada plantea que sea más restrictivo y hasta los 16 precisarían una autorización judicial; entre 16 y 17 podrán solicitarlo sin sus tutores legales (como cualquier otra decisión médica).

Hay equívoco frecuente sobre la nueva ley trans respecto a los menores y la hormonación. En realidad, no es ninguna novedad en España que los menores puedan acceder a un tratamiento hormonal. Los protocolos, eso sí, varían según las comunidades, pero el nuevo texto no establece novedades que no estén ya presentes en la mayoría de comunidades que ya reconocen la autodeterminación. De hecho, facilitar el cambio registral y desvincularlo de los tratamientos hormonales y las operaciones en realidad facilita que no se vean como precisos.

Hay trans que se quieren operar, los hay que no, los hay que se quieren hormonar, los hay que no, pero todas las personas trans tienen en común la necesidad de que el Estado les reconozca quiénes son. Ni su identidad entra en conflicto con la de nadie más ni ganar derechos para unos pocos se los quita a la mayoría.