La estrategia 'black' de Junts: el discurso antimigración

La negociación de Junts y PSOE para convalidar los reales decretos leyes escondía la estrategia black del partido nacionalista: arrebatarle la bandera antimigración a Aliança Catalana, la formación racista que gobierna en Ripoll. El hecho de pedir las competencias sobre migración al Estado no solo ha generado titulares sobre las reivindicaciones insaciables de los soberanistas, sino que, además, ha devuelto la polémica sobre la migración y su deseabilidad social a la primera plana de la política española. La gestión de toda la polémica es muy espinosa para el PSOE desde el punto de vista ideológico y por las relaciones con el resto de sus socios.

A pesar de los esfuerzos de la dirigencia de Junts por disimularlo, cuando se analizan el partido, su ideología y posicionamientos, entre las costuras se ven las hechuras de la extinta CiU. Un partido conservador, nacionalista, más preocupado por llegar al poder que por mantener esa aparente transversalidad ideológica de la que algunos hacen gala desde que fundaron la nueva formación. Puigdemont, Turull y Borrás no son políticos de izquierdas. Sin embargo, todos estos años anclados, únicamente, en el eje independentista habían diluido el alma conservadora. Se podría decir que son antes un partido independentista que de derechas, pero siguen siendo un partido de derechas que proviene de CiU.

Convergència i Unió no era un partido racista. De hecho, Pujol popularizó la expresión “es català tot el que viu i treballa a Catalunya” (creo que no necesitan pinganillo para entenderlo). Era una forma de decir que la nación catalana no le pedía a nadie ocho apellidos catalanes, ni siquiera hablar catalán. Sí abrazar la senyera como bandera, Cataluña como nación y venir a contribuir a la Hacienda pública mediante el pago de impuestos derivados de una nómina. Para la CiU de Pujol, lo importante no era dónde habías nacido o el color de la piel, sino el querer ser como forma de identidad política. Este hecho hizo que, durante décadas, hubiera cientos de miles de migrantes de todas las partes de España, especialmente andaluces, aragoneses y extremeños, que el 11 de septiembre colgaban la senyera en sus balcones, expresando públicamente ese querer ser.

Afortunadamente, la migración se había mantenido fuera del debate político en nuestra política doméstica. En parte, porque fuimos los españoles los que, durante décadas, hemos emigrado a otras partes de España y del mundo para escapar de la miseria en la que vivió este país durante gran parte del siglo pasado. Estigmatizar la inmigración en el debate público significaba tocar una parte de nuestra memoria familiar de los que tuvieron que hacer lo que, hoy, hacen otros. Pero ese consenso, que alejaba la migración del pimpampum político, acabó con la llegada de Vox y con la llegada de los discursos internacionales de los populismos ultra.

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Hoy, Cataluña es una de las comunidades autónomas con más niveles de migración no comunitaria; también lo fue como destino en los cincuenta, sesenta y setenta de trabajadores del conjunto de España. Sin embargo, hoy, una parte del nacionalismo ha dejado de ser integrador, como lo fue antes, para querer una política de puertas cerradas, rememorando a Josep Anglada, exalcalde de Vic, de PxC, el primer partido abiertamente antimigración de toda España, que propugnó antes que nadie eso de Cataluña para los catalanes.

Vic, donde nació PxC, está a menos de 40 km de Ripoll, municipio de Girona donde gobierna Aliança Catalana, un partido más racista que independentista, que ha encendido todas las alarmas de la sede de Junts. Circulan encuestas que afirman que el nuevo partido racista podría arrebatarles una parte sustancial de su electorado, entrar en el Parlament de Cataluña en las próximas elecciones con grupo parlamentario (más de cinco diputados) y mermar sus posibilidades de ser la primera fuerza. Es por ello que Junts ha decidido asumir el reto de capitalizar la bandera antimigratoria, al más estilo Vox, en la única baza mediática de la que dispone: el pacto con el PSOE.

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La empresa era bien complicada, pero los estrategas de Junts son los mismos que negociaban por CiU; Turull es perfectamente conocedor de los entresijos del poder, en 1983 ya militaba en las juventudes convergentes y desde entonces siempre ha estado en alguno de los círculos concéntricos de la política. Así que, mediante la petición de las competencias integrales de migración para la Generalitat de Cataluña y sus explicaciones, introdujeron en la agenda mediática la necesidad de recortar las cuotas de migrantes en Cataluña y, atención, porque lo hicieron, sin tener las competencias y sin gobernar la Generalitat.

El PSOE ahora tendrá que gestionar las diversas tensiones provocadas por el movimiento de Junts. La primera, en lo ideológico. Nadie que se diga progresista puede mantener un discurso que vincula migración y delincuencia, tal y como está dando a entender Junts. La segunda, en la relación de la Moncloa con la Generalitat. Un traspaso de competencias solo se puede hacer en la comisión bilateral, entre gobiernos, con ERC, su socio prioritario y que está en las antítesis de las tesis de Junts y en competencia electoral directa. Y la tercera, con el PNV, el socio tranquilo pero exigente, que demandará cada competencia que sea delegada en Cataluña.

Ahora, el PSOE debe deshacer el entuerto en el que él mismo se ha metido con su negociación, siendo conscientes de que el reto migratorio siempre tiene complejidades añadidas. Las del populismo xenófobo de Vox, que ahora es compartido por algunos otros independentistas. Lo que unos y otros tienen claro es que el discurso xenófobo tiene rédito electoral, de los primeros en aprovecharse fue Albiol en Badalona.