España no quiere que la extrema derecha gobierne

El PP ganó las elecciones municipales y autonómicas de mayo sobre un amplio rechazo al Gobierno nacional de coalición encabezado por el presidente Sánchez y, paradójicamente, habría perdido el Gobierno nacional el pasado domingo, precisamente, por la gestión de las alianzas con Vox para gobernar aquellos ayuntamientos y comunidades autónomas.

Si bien las municipales y autonómicas de mayo supusieron una crítica al Gobierno nacional de coalición entre PSOE y Podemos, las elecciones generales de julio han supuesto una crítica a los pactos y gobiernos de coalición ente PP y Vox en ayuntamientos y comunidades autónomas, frenando la posibilidad de que Vox llegue al Gobierno nacional y, con él, impidiendo también gobernar al PP. El PP habría ganado lo local gracias al rechazo al Gobierno nacional, y habría perdido el Gobierno nacional por su política de pactos locales, una curiosa paradoja.

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Al igual que el PP logró la mayoría en ayuntamientos y comunidades no tanto por el retroceso de los socialistas, sino por la desaparición electoral de Podemos, el PSOE podría revalidar ese Gobierno nacional de coalición no solo por el amplio rechazo a que Vox forme parte del Gobierno, lo que ha movilizado a los electores socialistas y a los de Sumar, sino sobre todo por el retroceso electoral de Vox. Podemos primero y Vox ahora son partidos “electoralmente tóxicos”, expresión que para la ciencia política solo indica una cosa: concitan mucho más rechazo que apoyo y movilizan el voto de protección.

Tras las elecciones generales de julio, España no vuelve al bipartidismo. Si bien la concentración del voto en los dos partidos tradicionales pasa del 49,29% en 2019 al 64,75% en 2023 (+15,5 puntos), no es posible ahora, ni lo será en muchos años, la formación de gobiernos nacionales que no sean de coalición. El PSOE entendió ya hace tiempo que Podemos era, electoralmente, peso muerto y, por lo tanto, un mal socio para una segunda coalición. Incapaces de absorber su voto, los socialistas optaron por ayudar a las múltiples escisiones y convergencias del primer Podemos a transitar hacia un espacio más aceptable para la mayoría de los españoles, no tanto para evitar una caída del voto a su izquierda, sino para evitar que el rechazo a Podemos afectase a sus propios votantes, provocando una fuga de voto del PSOE hacia un candidato moderado en el PP. Pablo Iglesias se lo puso fácil señalando a Yolanda Díaz, en aquel momento solo una excelente ministra de Trabajo, pero la inmensa dificultad de gestionar el cainismo histórico de la izquierda española impidió que el experimento Sumar llegara a tiempo para evitar, en mayo, la mayor concentración de poder local y autonómico de la democracia española en manos de la derecha.

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El PP jugó una carta diferente: absorber a Ciudadanos, eso sí, con la inestimable, entusiasta y absurda colaboración de sus líderes fundadores. Cuando en junio de 2019 Albert Rivera entregó gratis el Ayuntamiento de Madrid (ciudad en la que había ganado la independiente Carmena) y la Comunidad de Madrid (en la que había ganado el socialista Gabilondo) al partido de Casado, empezó la concentración del voto en el Partido Popular que llevó a Feijóo, el pasado domingo, a liderar la primera fuerza política española. Feijóo debe mucho a Pablo Casado.

Por eso, el discurso de Feijóo en el balcón de Génova tras las elecciones generales, reclamando su derecho a gobernar por ser la fuerza más votada, supone un cuestionar el sistema constitucional español. Feijóo no tiene ese derecho, como no lo ha tenido Fernández Vara, líder del partido más votado en Extremadura, donde hoy gobierna el PP, ni lo tuvieron años atrás Carmena o Gabilondo, o cientos de alcaldes que ganaron en sus pueblos y dejaron paso a un candidato que, con menos votos para su partido, logró un mayor respaldo popular, el de los votos de todos los partidos que le apoyaban. En España gobierna quien logra más respaldo popular, no solo mayor respaldo a su partido, y esta es, créanme, una de las grandezas de nuestra democracia.

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Tras esta peligrosa crítica de las reglas del juego, que podría llevar a la confusión de no pocos electores sobre la legitimidad de la elección de sus gobernantes, se esconde la debilidad del PP: si bien el PP gobernará en varias comunidades autónomas y más de 140 ayuntamientos con la extrema derecha española, los ciudadanos le han dicho que el Gobierno nacional, con Vox, no.

Los españoles hemos sido los últimos europeos occidentales en abandonar el autoritarismo totalitario; los últimos en abrazar el europeísmo modernizador; los últimos y más entusiastas en transformar nuestro país en un país tolerante e igualitario y en dotarnos de una Administración y unos servicios públicos que funcionan y de los que nos sentimos moderadamente orgullosos. Nada, pues, en nuestro pasado reciente, nuestra cultura, ni en nuestra situación económica actual, al menos de momento, tiene que ver con la desigualdad estructural francesa, la esquizofrenia política italiana o el retraso en la cultura democrática de los países del este de Europa, donde la extrema derecha es un reflejo de las profundas contradicciones de su democracia. España no es así. Es plural, compleja, contradictoria y quizás un poco irritante. Pero ETA ya no existe, aunque no hayamos sabido celebrarlo; la economía crea más empleo que en ningún periodo democrático anterior, aunque estén pendientes las reformas estructurales necesarias para mantenerlo, y no hace tanto que los señoritos eran otros y nosotros los inmigrantes. Negarlo es negarnos.

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El PP ya no podrá gobernar con la extrema derecha, pero nada impide que gobierne solo, no hay que olvidarlo. Eso sí, tiene que hacer frente a una difícil decisión: o acabar de absorber a Vox o absorber una parte del electorado socialista de centro, desconcertado por la reciente campaña del PP. El PSOE y Sumar no lo tendrán más fácil cuando la derecha acierte, que acertará, pero para eso falta algo más de tiempo. O no, pues será Puigdemont, esto sí es una paradoja, quien decida en las próximas semanas cuándo volvemos a las urnas. Ojalá hayamos aprendido todos de esta larga campaña: los partidos, centrados en sus centros, suelen ganar más que desplazados hacia un radicalismo que los hace irreconocibles.

*Joan Navarro. Sociólogo, profesor de Ciencia Política y de la Administración en la UCM.