No todo va a ser… legislar

Hay analistas que prevén una legislatura con escaso recorrido ante las dificultades para concitar mayorías parlamentarias que encontrará el Gobierno. No tiene por qué ser así. Es cierto que la mayoría de investidura es heterogénea y algunos de los partidos que la componen están en competencia electoral en ecosistemas políticos particulares como el gallego, el vasco o, más adelante, el catalán. Pero las previsibles dificultades no deben paralizar una agenda que tiene que ser fuertemente social y de disputa de narrativas políticas. Y no tiene por qué paralizarse. Primero, porque el arte de la política tiene que encontrar vías de consensos entre mayorías diversas. Ese es el escenario que ha definido la decisión electoral de la ciudadanía. Y segundo, y es el objeto de este artículo, porque la acción pública no se limita a producir legislación. Ni mucho menos.

Es más, España tiene ante sí una magnífica oportunidad de hacer políticas socioeconómicas y laborales para las mayorías sociales y que promuevan una transformación de nuestro tejido productivo. Nuestro país ha salido históricamente de las crisis con procesos de devaluación interna acompañados de podas en sectores hasta entonces clave en nuestro modelo económico. En esta ocasión, y tras la pandemia, se han implementado medidas de protección de los empleos y las rentas que explican nuestra mejor posición económica actual (pese al impacto de la inflación, las subidas de tipos de interés y el debilitamiento del sector exterior). Nuestras balanzas externas están más equilibradas que en otros momentos en que éramos muy vulnerables por las enormes tasas de endeudamiento exterior de los sectores privados.

Y además contamos con algunas palancas financieras que debieran impulsar nuestra economía en medio del proceso de transición acelerado por la inestabilidad geopolítica, la modificación del modelo energético relacionada en parte con esa inestabilidad y el giro proteccionista que han emprendido las grandes áreas económicas del mundo, empezando por Estados Unidos.

Los fondos europeos pueden permitir transformar de manera importante nuestra economía en los próximos años. Así, tras la aprobación de la adenda planteada por el Gobierno, en 2024 llegarán a nuestro país 25.600 millones de euros, en 2025 serán 44.600 millones y en 2026, 44.300 millones. A esta ingente cantidad de dinero se suma una parte del que ya se ha recibido, pero no ha sido ejecutado. Así, España solo ejecutó en 2021 2.400 millones de euros de los fondos europeos, que pasaron a ser 5.200 millones de euros en 2022.

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En 2023, la Comisión Europea plantea en sus previsiones que todas las administraciones de nuestro país gastarán un 1% del PIB proveniente de las transferencias de los fondos de recuperación. La Comisión prevé que este porcentaje se incremente al 1,6% en 2024 y que a esto se sume la parte financiada por los préstamos. Esta situación se debe a que, en muchos casos, España ya ha recibido el dinero proveniente de Europa y el Gobierno se lo ha asignado a las comunidades autónomas o a otras entidades públicas para que lo ejecuten en las distintas inversiones públicas que se están haciendo, como las relacionadas con las zonas de bajas emisiones, o en las convocatorias de subvenciones, como las de autoconsumo o rehabilitación energética.

Sin embargo, buena parte del dinero no está llegando de esas otras entidades a la economía, en parte por la debilidad administrativa que nuestro país arrastra desde los recortes de la época de la austeridad, que dificultan no ya solo ejecutar decenas de miles de millones de euros en un corto periodo de tiempo, sino incluso llevar a cabo sus funciones habituales. Es un desafío de país modificar la capacidad de intervención de la Administración Pública, que debe concebirse para un periodo en el que las políticas de desarrollo y planificación sectorial e industrial deben cobrar protagonismo.

Buena parte del dinero no está llegando de esas otras entidades a la economía, en parte por la debilidad administrativa que España arrastra

Los prejuicios, consecuencia de décadas de hegemonía discursiva neoliberal, deben orillarse definitivamente, o perderemos el tren que no suele pasar por la puerta más de una vez. En la economía capitalista, las ventajas y las oportunidades no son permanentes, son temporales. O se aprovechan a tiempo, o se pierden. España tiene ahora mismo una serie de ventajas derivadas de su mayor capacidad y potencial de generación renovable dentro del marco europeo, en un contexto en el que la seguridad y soberanía energética, el coste energético y la relocalización productiva de actividades esenciales han pasado a encabezar la agenda de prioridades públicas.

Las políticas de transformación y transición aparecen ante la ciudadanía como una realidad vaga e inconcreta. Es necesario identificar de forma precisa en qué consisten las medidas a ejecutar. Identificarlas como necesarias para mejorar la vida de las personas en su calidad de ciudadanos y ciudadanas, los niveles de empleo y su calidad en la condición de clase trabajadora, y como sociedad mediante la mejor capacitación del aparato productivo español. La transición, o es justa o no será.

Las políticas de ejecución de fondos presupuestarios no son políticas ideológicamente neutras. La propia recuperación del papel del poder público para que la colaboración público-privada sea más que un eslogan justificativo de la apropiación de rentas comunes por parte de intereses privados (normalmente parasitarios), y sea de verdad una forma de intervención en la economía, definiendo intereses y compromisos recíprocamente mutuos entre lo público y lo privado, ya conlleva una determinada manera de organizar la sociedad. Y, por tanto, de contribuir a su configuración.

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Pero es que además la propia orientación de las transiciones en marcha conlleva una forma sesgada de ver los retos del futuro. Y por eso es previsible que haya serias resistencias a la ejecución virtuosa de las medidas a implementar. Veremos si se consolida o no una cierta agenda del bloqueo en la propia ejecución de fondos en función del color político de cada Administración y su afinidad ideológica a las medidas a impulsar. No olvidemos el carácter negacionista que hoy marca a una parte nada despreciable de la órbita ideológica conservadora.

En general, la izquierda tiene una cierta tendencia a hacer pivotar la disputa ideológica sobre la configuración de normas y la narrativa en torno a ella. La derecha, sobre la ejecución real de políticas, que se pretenden colar como neutras en términos ideológicos, aunque tienen un rabioso sesgo a la hora de configurar sociedad, sentidos comunes de época. La política urbanística y la concertación de servicios para segregar la ciudadanía en el acceso a la educación o a la salud son ejemplos nítidos.

Es el momento de ejecutar medidas presupuestarias que impulsen políticas en materia de relocalización industrial, acceso a la vivienda, movilidad e interconectividad pública, puesta en pie de una ambiciosa estrategia de cuidados, de autoabastecimiento energético o refuerzo de las capacidades humanas y técnicas de las administraciones públicas. Hacerlo con transparencia ante la sociedad. Hay que hacer una verdadera trazabilidad sobre el uso de los fondos y los recursos presupuestarios, vinculándolo a políticas concretas y de utilidad para las mayorías sociales. Solo así se construye vínculo entre las políticas y la ciudadanía. No es solo hablar de sostenibilidad climática. Es decir, que eso pasa también por que una política pública me/nos apoya a la hora de rehabilitar una vivienda o un inmueble para aislarnos mejor del calor y del frío, disminuir el uso energético y ahorrar dinero a medio y largo plazo.

Socializar el debate a través de las expresiones de la sociedad civil es fundamental. El marco del diálogo social entre Gobierno, sindicatos y organizaciones empresariales (también a otros niveles de la Administración, particularmente los autonómicos) debe jugar un papel renovado en esta legislatura, dotándolo de un perímetro más amplio. Nuestra voluntad está encima de la mesa, como siempre.

*Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras.