El campo en la calle, Sánchez en Waterloo

Han pasado casi seis años de gobierno socialista, de ninguneo a los sectores productivos, de subidas de impuestos, de regulaciones ideológicas carentes del más mínimo sentido común, que lejos de resolver problemas, los han generado donde no existían. De desprecio e insultos a sectores estratégicos de nuestra sociedad, como el alimentario, acusándolo de generar problemas de los que solo el Gobierno es responsable, por acción o por omisión, y que ahora se esfuerza en desviar hacia otros.

El sistema alimentario español es una clara víctima de estos largos años de falta de diálogo, imposiciones, insultos y falso triunfalismo que han menoscabado su imagen y competitividad. Menos ayudas, más gastos y más exigencias ideológicas que el resto de los países con los que competimos, mientras el Gobierno insulta y alardea de falsos logros y beneficios, han llevado el sector a la crítica situación en la que se encuentra, dentro y fuera de España.

España es el país que más productividad ha perdido, la rentabilidad de los productores está bajo mínimos y la competitividad de nuestros productos ha caído estrepitosamente fruto de una errática y errónea política nacional con algunos hitos especialmente relevantes:

• Los recortes en las ayudas. Esencialmente, los 5.000 millones de euros de la PAC, la complejidad extrema para cobrarlos, imponiendo a agricultores y ganaderos incluso controles digitales cuando la mitad del mundo rural sigue sin conexión a internet.

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• Las subidas disparadas de la energía, con un impuesto que no tenían otros países —recordemos la excepción ibérica—.
• Ser los primeros en cambiar —que no en mejorar— el sistema de gestión de residuos y ser el único país en poner en marcha el impuesto al plástico cuesta 2.000 millones de euros más al año a la industria agroalimentaria española.

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• Las repetidas reformas laborales de espaldas al mundo rural, haciendo imposible tener mano de obra cuando se necesita.
• La falta de inversiones para financiar la innovación y adaptación a las exigencias europeas, con un Perte alimentario que ha sido un gran fiasco en fondos y en exigencias, hasta el punto de que solo el 0,007% de las 33.000 industrias ha podido acceder a él.
• La inseguridad jurídica provocada por una reforma de la ley de la cadena alimentaria, tan populista como negativa, que no asegura a nadie cubrir los costes de producción, complicando las compras de productos españoles.

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• Una política hidrológica absolutamente inexistente, que en lugar de asegurar inversiones para poder almacenar el agua, como hacen Francia o Portugal, elimina toda posibilidad de aprovechamiento por mero capricho ideológico.

Por si fuera poco, a todo esto hay que añadir la nula defensa de nuestras fronteras. Debemos defender el libre mercado, pero eso no exime de intentar asegurar la soberanía alimentaria protegiendo nuestra salud y nuestro entorno natural, exigiendo los mismos requisitos y estándares de producción a los productos importados que a los producidos en Europa. Es decir, exigir que se apliquen las denominadas cláusulas espejo, porque si el uso de un producto contamina o es nocivo para la salud, lo será con independencia del país en que se utilice. Este debate se abordó durante la presidencia francesa de la Unión Europea, pero se arrinconó durante la presidencia española, más preocupada por salvar su cara a cuenta de la amnistía y dar privilegios a los independentistas.

El resultado es que hoy, en España, ya es más barato y sencillo importar que exportar, incluso hay más control de lo que vendemos que de lo que compramos. Las consecuencias de tan nefastas políticas no se han hecho esperar: en tres años, el número de empresas agroalimentarias españolas que se han instalado en Marruecos para vender a Europa ha crecido un 35%; la balanza comercial se resiente, las importaciones de productos agroalimentarios han aumentado el triple que las exportaciones; por primera vez ha caído la exportación de frutas y hortalizas, en la que éramos primera potencia mundial, hasta el punto de que, tristemente, ya el 40% de las que consumimos en España no son frutas y hortalizas españolas, mientras el Gobierno financia estudios en los que se les acusa de esclavismo.

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La única realidad es que casi seis años de gobierno socialista han derivado en una grave crisis del sistema alimentario español. Solo la prepotencia o la ignorancia le pueden llevar a eludir responsabilidades en una situación tan crítica como la actual cuando ha sido el primer causante del problema.

Ante todo ello, a nadie puede sorprender que se estén organizando tractoradas en las calles de todo el país, lo sorprendente es que el ministro del ramo eche balones fuera y acuse del problema a las políticas que él mismo ha defendido, apoyado y votado en Bruselas, incluso aplicado anticipadamente en España cuando ha tenido ocasión. Y mientras todo esto sucede en la España real y el Partido Popular propone soluciones, Sánchez solo mira a Waterloo.

*Milagros Marcos Ortega es diputada del Partido Popular, portavoz de Alimentación del PP en el Congreso, y fue portavoz de Agricultura del PP en la XIV legislatura.