El 'podestá' y la miseria cívica española

El 'podestà' era una figura -hija del ingenio que para el arte de la invención política tenían y todavía retienen los italianos- que, en un momento particularmente crítico de las ciudades Estado republicanas del siglo XIII, pretendió conjurar la dificultad de mantener la convivencia cívica en el 'commune', entregando el poder a un profesional extranjero experimentado en el oficio, que acudía con todo su equipo humano a gobernar la ciudad y administrar justicia durante un periodo de tiempo normalmente improrrogable, de ordinario seis meses. El objetivo pasaba por evitar que las querellas que dividían las democracias republicanas -desgarradas por guerras de banderías y familias y ajena a otra ambición que detentar lo público en beneficio propio– terminaran destruyéndolas, acudiendo al socorrido procedimiento de residenciar el poder en un extranjero que justamente por su condición de tal tenía la apariencia de neutralidad (institucionalidad, diríamos ahora) frente las facciones.

El intento fue un fracaso, por mucho que resultara generalizado, como lo evidencia la relativa abundancia que el patronímico del oficio 'podestà' mantiene hoy entre los gentilicios italianos. Y lo fue porque la 'discordia' consiguió imponerse a cualquier intento de institucionalización objetiva y el 'podestà' acabó siendo la antesala de la tiranía de unos príncipes que pretextando combatir el desorden se adueñaron de la política y sus poderes. Quentin Skinner, en un libro memorable y al que debe mucho su merecida fama, ha narrado cómo veían las cosas aquellos contemporáneos que en Siena pusieron en la pintura de Ambrogio Lorenzetti las imágenes del 'Buen y el mal Gobierno'.

Pero más que bucear entre restos arqueológicos de un fracaso que hoy deleita a los turistas, lo importante es recordar que la democracia republicana pereció en Italia víctima de las querellas internas a la que los coetáneos denominaban “discordia” y que uno de los postreros intentos de poner coto al desastre se llamó 'podestà'. Fracasado intento de atajar una pura lucha por el poder en la que, más allá de cualquier coloración política toda vez que las diferencias entre papistas e imperiales (güelfos y gibelinos) habían desaparecido, solo se combatía por sinecuras que se repartían sin reparar en el interés común de la ciudad y que acabó consumiendo la República en Siena, en Florencia o en Milán.

La referencia es pertinente y viene al caso de lo que está sucediendo en España, cuando partidos que en la era de la indivisión política han perdido su fe, luchan con brazo de hierro por conquistar o retener el poder del Estado o sus componentes, sin importarles las consecuencias que sus acciones puedan tener para el bien común, tratando de compensar su impávida ausencia de ideología (que se traduce en una gestión no muy diferente de los bienes públicos) a base de aguzar las diferencias personales y de organizar la competición política como una querella a muerte que cubre con apariencias la inconfesable indignidad a los contendientes.

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Pero lo malo no estriba tanto en que nuestros cainitas representantes olviden que la Comisión de Venecia se concibió (y los que conocían a Antonio La Pergola pueden atestiguarlo) para exportar la democracia fuera de la Europa constitucional, o que la Unión Europea no es una unión judicial. Lo verdaderamente sorprendente es que cuando esto sucede, nadie en España parece darse cuenta de que una sociedad políticamente sana no puede tolerar semejante engaño desposesivo y debe reclamar de quienes les corresponda, resuelvan los conflictos como una parte indisociable del cometido de gobernar.

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*Eloy García. Catedrático de Derecho Constitucional.