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Tribuna
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Carta al presidente Sánchez (II): la desinformación como lejía
¿Cómo puede pedir a los medios que se autorregulen y cumplan sus códigos deontológicos o que se endurezca el Código de Conducta de las Cortes Generales, mientras el Gobierno no tiene uno que se obligue a cumplir?
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Presidente: no puedo dejar de escribirle otra carta, porque, después de meditar sobre su comparecencia en el Congreso de la pasada semana, siento de veras que leyó aquella que le envié a primeros de mayo, cuando regresó de su reflexión de cinco días.
En ella, me permitía recordarle tres cuestiones relevantes al respecto de la desinformación: la primera, su definición unívoca desde 2018, consensuada por las instituciones políticas y la sociedad civil europeas. La segunda, la conveniencia de revisar para qué sirvieron y en qué quedaron tanto la Comisión Permanente contra la Desinformación que su gobierno de coalición promovió en plena pandemia, como el Comité contra la Desinformación de la Derecha que impulsó su partido antes de las elecciones locales y autonómicas de 2023. Y la tercera, el Plan de Acción por la Democracia Europea, en el que se estableció ya en 2020 que la lucha contra la desinformación era uno de los tres pilares de defensa de la democracia europea, junto a la promoción y defensa de elecciones libres y justas e, inseparablemente, el refuerzo de la libertad de los medios de comunicación.
Es evidente que el recordatorio del Plan de Acción por la Democracia Europea resonó de alguna manera en aquellos momentos en que bullía en su mente la urgencia de regenerar la democracia. Tanto que no solamente ha visto en él una coartada perfecta para inventar un (inexistente) mandato europeo de desarrollo, sino que hasta se ha apropiado del nombre. Lleva usted dos meses anunciando un Plan de Regeneración Democrática. Si ahora quiere llamarlo Plan de Acción por la Democracia, sea. Pero que use el nombre del Plan (lanzado por la vicepresidenta Jourova hace cuatro años y concluido con la legislatura) no significa que el suyo sea la trasposición obligada de este. En absoluto. Y fíjese que no me parece mal el renaming, porque hace ya la friolera de 17 años que un partido político, UPyD, habló por primera vez de la regeneración democrática como la principal tarea política de nuestra época. Se trataba de un concepto con gran recorrido intelectual en España (Ramón y Cajal, Ortega y Gasset o Clara Campoamor, entre otros) que se convirtió en el centro del debate político hace una década. Todos los partidos políticos desde entonces han coqueteado de alguna manera con el concepto, si bien cada uno le ha dado un contenido a su medida.
Además, presidente, estará de acuerdo conmigo: la democracia no necesita regenerarse. Son los políticos los que tienen que hacerlo. Hasta el CIS se lo confirmará.
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Entiendo muy bien que su hallazgo de la mencionada cobertura europea le sea útil cual Caballo de Troya para vestir su iniciativa personal antes de que, muy probablemente, languidezca y quede en poca cosa. Pero no es nada buena para los ciudadanos, porque los confunde: el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación no tiene que trasponerse, porque es de aplicación directa en todos los Estados miembros desde que se aprobó en marzo. No necesita de ningún cambio legislativo nacional, y usted lo sabe. No es verdad eso de que “ahora toca trasladarlo a España”, porque lleva meses en vigor, con el texto tal cual se votó, sin necesidad de interpretar, desarrollar o inventar. ¿Nos encontramos, por tanto, con un bulo interesado lanzado por el presidente del Gobierno de España en sede parlamentaria y con la máxima exposición mediática?
En cualquier caso, presidente, por prurito conceptual, profesional y democrático básico, un Plan de Acción por la Democracia anunciado por el jefe del Gobierno debería empezar precisamente con la asunción de un Código Ético por parte de ese Gobierno que preside, ¿no le parece? Quienes más responsabilidad tienen, quienes ejercen el máximo poder ejecutivo en nuestro país, son quienes deben asumir un compromiso ético más exigente.
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¿Cómo puede pedir a los medios de comunicación que se autorregulen y cumplan sus códigos deontológicos o que se reforme y endurezca el Código de Conducta de las Cortes Generales, mientras el Gobierno de España no tiene uno que se obligue a cumplir?
Además, me gustaría compartir mi preocupación por la utilización de una palabra que no solo me infunde muchísimo respeto, sino que es mi derecho constitucional: la veracidad.
Resulta que el artículo 20 de nuestra Constitución refleja expresamente que los ciudadanos tenemos derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión (nótese que no dice medio de comunicación: las páginas web del Gobierno, de los partidos políticos y de las instituciones públicas, por ejemplo, son poderosísimos medios de difusión de información obligadas constitucionalmente a ese principio de veracidad). De su comparecencia en el Congreso, se desprende que la información que se califique de “no veraz” (por ejemplo, las opiniones sobre si la economía va bien o no) podría ser objeto de censura. ¿Eso es así? ¿Quién, cuándo, dónde y cómo va a visar la veracidad de qué información? Le he escuchado decir también que la democracia tiene derecho a defenderse de los bulos y la desinformación. En realidad, los que tenemos derechos somos única y exclusivamente los ciudadanos. Y quienes tienen que velar por garantizarlos y defenderlos son sus representantes políticos. Ese sí que es un mandato real.
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“Las mentiras se mezclan con la verdad, como la lejía en un balde de agua”, dijo usted al final de su comparecencia. En realidad, la lejía desinfecta y blanquea. Comparar las mentiras con la lejía no sé yo si será más bien un lapsus freudiano.
Terminaba mi carta anterior, presidente, recordándole que la transparencia y la rendición de cuentas es un empeño común de todos los que buscamos hacer España mejor. Hoy quiero reiterarlo: involucre de verdad a la sociedad civil, a toda, en esa tarea compartida. No sabemos con quién ha hablado, pero sí sabemos con quién no. Los ciudadanos necesitamos y tenemos derecho a participar activamente en la propuesta de soluciones a los problemas que nos afectan. Aproveche y recuérdeselo a sus ministros Bolaños y Urtasun para esa ronda de conversaciones que acaban de iniciar.
*Beatriz Becerra es doctora en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas, psicóloga y escritora. Fue eurodiputada y vicepresidenta de la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo (2014-2019). Es vicepresidenta y cofundadora de España Mejor.
Presidente: no puedo dejar de escribirle otra carta, porque, después de meditar sobre su comparecencia en el Congreso de la pasada semana, siento de veras que leyó aquella que le envié a primeros de mayo, cuando regresó de su reflexión de cinco días.