Domar a los jueces: las querellas contra magistrados

Conocido es el carácter vengativo del sanchismo, y el que no lo crea, que se lo pregunte a cualquiera de los del PSOE que haya osado manifestar su discrepancia con las decisiones del gran timonel español: la marginación o el ostracismo han sido el precio que se paga. Mutatis mutandis es la misma política interna que se aplica en los medios de comunicación que han hecho el juramento de vasallaje al líder con quienes no comparten esa orientación, y no hace falta citar ejemplos. Hasta ahora han ido siendo domesticados y sometidos al ortopensamiento instituciones como la Fiscalía General del Estado o los informativos de RTVE, por citar solo un par de ejemplos, a los que se suma, se dice, la supuesta fidelidad del Tribunal Constitucional.

Cualquiera que cuestione la barra libre que disfruta el independentismo o la perfección jurídica de la ley de amnistía es, como mínimo, tildado de ultramontano, y enemigo del progreso de España hacia una “nueva organización” , que, por supuesto pasaría por cambiar la Constitución, como primer paso hacia no importa qué meta, ni creo que, en contra de lo que algunos dicen, el PSOE lo tenga muy claro, centrados como están el primum vivere, esto es, mantener el poder.

Pero, hete aquí, que un nubarrón turba el cielo de la feliz gobernación sanchista, y son los jueces y tribunales, que con sus decisiones ponen en cuestión o malogran los mejores proyectos del líder, como puede ser la ley de amnistía, o lanzan dardos contra su familia. Es una situación insoportable para el Gobierno, que no se puede resolver solo con algún comentario bravucón de algún ministro, sino que exige una doma de la judicatura.

También los jueces, por si fuera poco, molestan a los amigos independentistas, con objeciones a la ley de amnistía o con procesos penales que son clamorosos casos de lawfare, según ellos. Ante comportamientos tan insoportables y sectarios se impone una respuesta, y qué mejor que una ración de ley penal que les ponga a los jueces, que tienen el monopolio de aplicarla, en el sitio que merecen como caballos de frisia que son frente al progreso de la democracia.

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Partiendo de tan mexicano modo de pensar sobre el Poder Judicial, se pasa a la acción, esto es, a la querella por delito de prevaricación, lo que supone la imputación al juez o al tribunal de una conducta “manifiestamente injusta”. Cabe destacar que la ley no impide una querella de esa clase, pero son muy pocos los casos en que ha dado lugar a la incoación de un procedimiento en ese mismo momento, y ello es así porque frente a las decisiones judiciales que se consideren injustas o incorrectas lo que procede es el recurso de apelación. Con la querella por prevaricación se persigue torpedear el proceso y, más de una vez, construir un argumento para la ulterior recusación del juez, juego estratégico que no conduce a nada.

Por supuesto que eso no quiere decir que sea imposible que un juez cometa un delito de prevaricación al dictar una resolución manifiestamente injusta, pero esa injusticia, elemento esencial, por haberse producido en el marco de un procedimiento deberá ser apreciada también por el TSJ del territorio, el competente para enjuiciar a jueces, y que tomará su tiempo en decidir, tiempo durante el cual no se suspende el procedimiento. Que una querella contra un juez no aborte el procedimiento, como parece pretenderse, no quiere decir que ese juez esté obrando correctamente, pero esa opinión de una parte ha de ser compartida por un tribunal.

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Otro carácter tienen las denuncias del independentismo contra el TS en su conjunto por no aplicar la ley de amnistía sin reserva alguna. La pretensión de que una ley puede aplicarse sin pasar por la interpretación ni judicial ni doctrinas ya la tuvo Napoleón que, con ocasión de la aparición de los primeros comentarios al Código civil de 1804, dijo que su Código estaba perdido. Cuestión distinta es la discrepancia respecto de la interpretación: el TS estima que, bajo ciertas consideraciones, el delito de malversación no entra en la amnistía, aunque lo parezca, y, guste no, el TS tiene competencia constitucional para detenerse en ese examen, y quienes discrepen de su decisión hasta el punto de considerarla contra legem (como ya ha sucedido) deberán acudir al TC.

El TC tendrá que resolver la cuestión, que es, sin duda, discutible. Pero eso no se puede decir de la otra cuestión de inconstitucionalidad también planteada por el TS por incompatibilidad de la ley de amnistía con el principio de igualdad, conflicto normativo de difícil superación, en el que el TC deberá, en caso de no admitirlo, razonar muy bien los motivos que le llevan a ello, sin olvidar que la cuestión afecta a principios fundamentales del derecho de la UE y, por lo tanto, puede ir a parar al TJUE.

Veremos en qué acaba todo, pero, en cualquier caso, es disparatado interponer una querella contra la Sala Segunda del TS porque en uso de sus competencias pretenda aplicar su interpretación de la ley de amnistía y considerar que eso es un caso claro de “desobediencia a la ley” por parte del TS.

Opinión

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Puigdemont, cómo no, y el independentismo actúan animados por el (mal) ejemplo de Sánchez, interponiendo querellas (además) a través de la Abogacía del Estado, y se lanza a querellarse contra jueces, denunciar a Pablo Llarena ante el CGPJ, y, en fin, acusar a la Sala Segunda de “golpismo”. Pero ahí se suman otros motivos: los indepes tienen que mantener viva la hoguera del fuego que merecen los enemigos de Cataluña, que son todos los que entorpecen sus programas, que coinciden con los del Gobierno en el objetivo de mantener a Sánchez en la Moncloa, a cambio de los generosos regalos inconstitucionales pactados con ERC y con Junts. Aunque lo de la continuidad de Sánchez al frente del Gobierno se produciría, incluso si Junts y ERC retirasen su apoyo y no se pudieran aprobar los presupuestos y hubiera que gobernar por decretos.

Pero eso, que la Constitución no permite, es peccata minuta para el PSOE, mucho más preocupado por su batalla contra el TS, que en teoría podría acabar ante la Sala de Conflictos prevista en el art.61 de la LOPJ, y que deberá nombrarse una vez que el CGPJ logre elegir un presidente y proceder a realizar todos los nombramientos pendientes, o sea, an incertus quando.

Como todo se pega menos la hermosura, también el PP le ha cogido el gusto a lo de las querellas, y le presentó una contra el fiscal general del Estado por haber propuesto el nombramiento como fiscal de Sala de Dolores Delgado. Aquella no era la única decisión considerada escandalosa para la comunidad de los juristas, pues también han sido sonadas sus oposiciones a los acuerdos de la Junta de Fiscales de Sala. Pero aquella querella no tenía fundamento jurídico y fracasó, porque el TS resolvió que no existía la prevaricación administrativa pretendida, porque faltaba una resolución en el sentido de la tipicidad del art. 404 CP, pues quien tenía que resolver era el Consejo de Ministros. Lástima que tan diáfano análisis no estuviera presente cuando se decidió, en el caso de los ERE, que un proyecto de ley a aprobar por el Parlamento de Andalucía era una “resolución” en orden a la prevaricación administrativa.

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Es evidente que el programa sanchista para perseverar en la gobernación requeriría un Tribunal Supremo a la venezolana, con leales amiguetes. Pero si esas intenciones no llegan a “madurar” no será por la oposición eficaz de los demás partidos, incluyendo al PP, sino por la entereza y resistencia de los propios jueces, aguantando impertérritos lo que, no se olvide, son ataques a su probidad profesional, y, además, han de asumir la indiferencia con la que una parte de la sociedad española observa el grave deterioro que eso supone para la función jurisdiccional.

*Gonzalo Quintero Olivares, catedrático de Derecho penal y abogado.