Illa, la lealtad y el proceloso camino

La llegada de Salvador Illa a la Presidencia de la Generalitat ha estado marcada por la sencillez y brevedad de las ceremonias. Esa sobriedad, por ende, destaca más por contraste con la astracanada montada por Puigdemont y su compañía.

El nuevo presidente ha prometido ejercer su cargo, en primer lugar, con "fidelidad al Rey, a la Constitución y al Estatuto de Cataluña". En otro lugar la cosa no tendría especial importancia, y sería casi una cláusula de estilo, pero conociendo la pequeña historia catalana de los últimos años, se trata de una declaración casi revolucionaria, pues venimos de una triste y vergonzosa experiencia en la que las primeras autoridades (presidente de la Comunidad Autónoma y alcaldesa de Barcelona) mostraban su épica gallardía no asistiendo a ningún acto presidido por el Rey, ni en Barcelona ni en ningún sitio. Para unos era una exhibición de mala educación, para otros un abuso del cargo para imponer una posición propia repudiada por muchos catalanes, y, finalmente, para los indepes, una necesaria manera de demostrar al jefe del Estado la “subsistencia” del conflicto a la vez que se le recordaba que “los catalanes no lo habían elegido”.

Patético, pero así ha sido, y algunas consecuencias están en la mente de todos. Se podría añadir la indisimulada simpatía con la que las autoridades independentistas vieron siempre los insultos al Rey en las más variadas formas. Eso puede volver a suceder, pero, cuando menos, que no sea con el calor de los responsables máximos de Cataluña.

No ignoro que lo que se pueda decir o prometer en una toma de posesión tiene un valor limitado y casi protocolario, pero en Cataluña dirigirse en primer lugar al Rey marca, absolutamente una línea de conducta, en la que, se supone, no volveremos a ver ausencias del Gobierno catalán en eventos importantes, como las reuniones de presidentes de las CCAA, o la asistencia a celebraciones presididas por el Rey.

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Ojalá que sea así, porque eso es lo adecuado al principio de lealtad constitucional que, inexcusablemente, ha de guiar la actuación de todos los responsables públicos, y en mayor medida cuanto mayor sea el nivel de importancia de la función que tiene encomendada. De ese principio esencial pueden derivar figuras de delitos de “deslealtad”, pero no solo eso, sino también una obligada pauta de conducta.

Ahora bien, como recuerda el dicho, una golondrina no hace verano. Los indepes están ahí, hoy peleados entre ellos, y mañana no sabemos qué pasará, pero, en la medida en que puedan, colocarán en el camino de Illa cuantas piedras encuentren, y más, por supuesto, si conservan la condición de apoyo imprescindible para Sánchez en el Congreso y para Illa en Cataluña.

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Cierto es que esa fuerza de presión que son los votos independentistas dura lo que tarde Sánchez en convocar elecciones –confiando en que el resultado no repita la situación actual– pero hasta que eso suceda, y puede tardar mucho, es posible que ERC y Junts repitan exigencias que pongan en aprietos al PSOE en general y a Illa en particular, pues ERC, no se olvide, dispone de veinte votos en el Parlamento catalán, que serán necesarios para aprobar cualquier ley.

Entre esas exigencias (dejando de lado los avatares que pueda sufrir la ley de amnistía) algunas ya se han cumplido: Illa ha nombrado 'conseller' de Política lingüística a una persona de ERC, lo cual formaba parte del pacto para su investidura. En el tema de la lengua, cuando lo racional sería la pacífica coexistencia del catalán con el castellano, hasta ahora ha dominado la torpeza y el sectarismo, dando lugar a que una riqueza cultural se haya transformado en fuente de conflictos promovidos por los talibanes de la exclusividad del catalán. La noticia, y es solo un ejemplo, de que profesores universitarios catalanes a carta cabal han de pasar una prueba que acredite su conocimiento de la lengua, es vergonzosa, y de ella son responsables tanto las universidades como la Administración de la Generalitat, pero no ya por exigir esa prueba, requisito grotesco que solo sirve para dar trabajo a los “normalizadores”, sino por el gravísimo hecho que supone vedar o dificultar la función docente a quienes solo hablen o prefieran el castellano, prescindiendo de su calidad académica, rebajada a la condición de cuestión menor.

Es difícil que ERC renuncie a “tradicionales” peticiones de los independentistas, como la retirada de Cataluña de las Fuerzas Armadas, la entrega incondicional de todos los edificios militares e, incluso, la salida de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, si bien después del fracaso de los Mossos en el tema de la detención de Puigdemont, esa petición será orillada durante una temporada. Y no olvidemos el delirante programa de aperturas de “embajadas” creando una especie de cuerpo diplomático propio. Habrá que ver cómo Illa lidia ese toro.

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El Gobierno de Illa ya ha sido presentado, y es una combinación de nombres propios del PSC con otros provenientes de ERC y de la extinta CiU. Es valorado como un esfuerzo de reunión de diferentes sensibilidades, pero poco más se puede decir, pues, salvo alguna leve excepción, no hay personalidades que hayan descollado especialmente. Por sus actos habrá que juzgarlos.

La auténtica patata caliente que recibe Illa, sobre todo por la expectación negativa que ha suscitado, es el acuerdo alcanzado por Sánchez con ERC, y que Illa promete respetar, en materia de financiación, que tiene como punto fuerte la recaudación de todos los impuestos por parte de la Generalitat, alumbrando lo que pronto se ha dado en llamar el régimen de “cupo catalán”.

Muchos son los obstáculos que tiene la puesta en práctica de la idea, comenzando por la frontal oposición de la mayoría de las CCAA, incluyendo, a algunas gobernadas por el PSOE. Es previsible el fracaso de la modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Claro está que esa no es una ley impuesta por la Constitución, como pueda ser la Ley Orgánica del Poder Judicial, por lo que teóricamente se podría puentear (al precio de un más que seguro escándalo) y regular el régimen financiero de Cataluña directamente en la Ley General de Presupuestos, que, con esa cuestión incluida en ella, difícilmente sería aprobada. Eso, como sabemos, no preocupa a Sánchez, pero el sistema de financiación de Cataluña tendrá que estar en algún instrumento normativo, salvo que eso también quieran resolverlo con un real decreto.

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Todo eso lo sabían los mandos del PSOE cuando pactaron con ERC, o no lo pensaron o les daba igual (peor todavía). El problema de la financiación es un campo minado difícil de atravesar. De entrada, la cesión a Cataluña del cobro de todos los impuestos comportaría una operación de enorme complejidad que requiere gran cantidad de recursos humanos y técnicos, incluso suponiendo que se mantuviera la legalidad tributaria actual. Pero el problema mayor no es ese, siendo muy grande, ni tampoco el cálculo de cuál debiera ser el monto de la aportación de Cataluña al Estado (otro tema difícil), sino que un cambio de esa profundidad no puede emprenderse sin acuerdo nacional que alumbre un sistema de financiación diferente al actual y, posiblemente, que no sea “igual para todos” como sistema, pero sí materialmente “justo para todos”.

El error, pues, es querer satisfacer una exigencia unilateral de ERC y del independentismo, prescindiendo de que lo que se ha de cambiar no es el sistema de financiación de Cataluña, como si fuera una entidad separable del total del Estado, sino el sistema de financiación de todo el Estado.

Es de suponer que la difícil viabilidad del programa pactado con ERC y, según se dice, asumido por Illa, habrá de ser “serenamente reconsiderada”, admitiendo, por supuesto, que urge una nueva organización territorial y financiera del Estado, pero eso no se puede conseguir adelantando por el arcén, lo cual, en las normas de tráfico, puede dar lugar a la imposición de multas, pero en materia política, y afectando a la organización del Estado y las relaciones entre este y las CCAA, puede dar lugar a una profundísima crisis cuyo desenlace es imprevisible, sin olvidar que ERC, necesitada de marcar “identidad propia”, volverá a exigir un referéndum de autodeterminación.

¿Pero eso preocupa realmente al Gobierno? Es muy dudoso.

*Gonzalo Quintero Olivares, catedrático de Derecho penal y abogado.