Vasallaje al jefe

La gestión procesal, política y mediática del caso Begoña Gómez está siendo desastrosa por la torpeza y descaro de su principal protagonista, que no es la investigada sino su marido, el presidente del Gobierno. Pedro Sánchez, por su condición de tal, dispone de un Gabinete dotado con recursos humanos y materiales una de cuyas funciones es asesorarle “en aquellos asuntos y materias que este disponga” tal y como establece el Real Decreto que regula la estructura orgánica los servicios de la Presidencia del Gobierno. No solo. Del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, localizado físicamente en la Moncloa y bajo la responsabilidad de Félix Bolaños, depende la Abogacía General del Estado a la que corresponde igualmente asesorar a los órganos de la Administración central, siendo el presidente del Gobierno uno de ellos, unipersonal y de relevancia constitucional al que, además, la CE afora ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Con ese arsenal de competencia jurídica a su disposición, Pedro Sánchez se ha embarcado en dos ‘cartas a la ciudadanía’ que han socavado la institucionalización de su cargo rendido al servicio de la causa que afecta a su mujer, a la vez que miembros del Gobierno y del PSOE se han lanzado a la defensa acrítica (y, sobre todo, imprudente) de su esposa atacando torpemente al juez instructor. Se ha utilizado para ejecutar esa estrategia nada menos que las ruedas de prensa posteriores a la celebración del Consejo de Ministros, alguno de los cuales ha perdido hasta su pundonor, como el caso del titular de Interior, Grande-Marlaska, y la de Defensa, Margarita Robles, ambos magistrados de carrera que difícilmente podrán regresar al ejercicio de sus funciones jurisdiccionales sin que les lluevan recusaciones sea en el orden penal o en el contencioso-administrativo de los que ambos proceden.

La portavocía del Ejecutivo, que corresponde a la ministra de Educación, Pilar Alegría, se ha constituido en la responsable de lanzar los mensajes de agresión al juez instructor del caso, elaborados por la Secretaría de Estado de Comunicación, también dependiente del presidente del Gobierno. Ha sido su titular el que ha confirmado, desmentido, matizado y advertido a medios y periodistas y bajo su supervisión se han redactado los argumentarios sobre este asunto. Por su parte, el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, en otro ejercicio de impudor nada infrecuente en él, se ha referido a juez Juan Carlos Peinado como instructor de una ‘indecencia’ contra Begoña Gómez. En definitiva, todo el aparato gubernamental, sin rebozo alguno, sin la más mínima precaución, en un caso claro de malversación de las funciones que le corresponden, se ha entregado al servicio de la mujer del presidente del Gobierno y en vasallaje a su jefe. Un espectáculo más deprimente que escandaloso, aunque también lo sea.

Esta estrategia, propia de autocracias, ha conseguido, sin embargo, un efecto opuesto al pretendido. Desde que el caso Gómez fuese nominado como un problema por Sánchez en sus cartas y en sus declaraciones se convirtió para él y para el Gobierno en un asunto de mayor entidad del que podía haber tenido. Transformar unas diligencias penales en una cuestión de Estado y arremeter contra el juez instructor (cuyos errores, si los hubiere, que los hay, se combaten procesalmente, no en la cancha política) han dado un alcance general en España y ya de frecuente presencia en medios internacionales a un asunto que debió manejarse con discreción. Hubiese bastado para reducir su impacto, en su momento, con una explicación suficiente, una disculpa por comportamientos inadecuados y una retirada temporal del escenario, para que el caso Begoña Gómez hubiese adquirido un calibre menor y distinto al que ahora pinta. Se ha actuado al revés, con sobreexposición de la afectada, ofensiva gubernamental generalizada y agresión al juez. El recuerdo de lo que le ocurrió a Marino Barbero , instructor del caso Filesa, o a Juan del Olmo, instructor del 11-M, se proyecta sobre un Juan Carlos Peinado seguramente con espaldas más amplias que sus colegas de antaño.

El colmo de la insensatez ha sido llegar hasta plantear a propósito de las informaciones sobre Gómez un pleno parlamentario para anunciar la nada más absoluta, salvo la promesa -ya hecha anteriormente por Nadia Calviño- de estimular a los medios (¿a cuáles?, ¿en qué condiciones?) a su mejor digitalización con propuesta de reformas de leyes, orgánicas y ordinarias, que no contarán si se intentan con la mayoría parlamentaria necesaria para prosperar. Si la intención de esas iniciativas era la de intimidar a los medios críticos, es obvio que no lo ha conseguido: desde el día del pleno del Congreso (10 de julio) hasta hoy, las informaciones del caso Gómez han aumentado en frecuencia y en gravedad.

La Moncloa no le ha sido útil al presidente del Gobierno para acertar en este delicado asunto, bien por su proverbial altanería que desprecia el consejo, bien por la adulación de los que tenían la obligación de instruirle en sus obligaciones institucionales y ciudadanas. En esa dinámica de privatización y apropiación de los recursos institucionales, el comportamiento en estas diligencias del ministerio fiscal está siendo también impúdico. Los fiscales del caso no solo no han preguntado a los posibles testigos de cargo, sino que se vienen mostrando como el lazarillo de la defensa. Su obligación como impulsores de la acción penal y de amparo y protección de la independencia de los jueces y tribunales brilla por su ausencia. La responsabilidad, de nuevo, del fiscal general del Estado es obvia como se deduce de una sucinta lectura del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. No es así extraño que la Unión Europea haya advertido en su informe sobre el Estado de derecho en España que esta norma debe ser cambiada para una mayor autonomía del fiscal general y que deben detenerse las presiones sobre los jueces.

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Por último, aunque no lo último, ¿qué papel juega Antonio Camacho, letrado de Begoña Gómez, fiscal de carrera en excedencia y exministro del Interior? Desde luego no lleva las riendas del caso. Se las llevan. Y ha cometido un error de pasante de primer año: criticar a los jueces ante los micrófonos es una línea roja en cualquier planteamiento inteligente de defensa penal que debe utilizar las herramientas que le ofrece, no los micrófonos, sino la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Por lo demás, los medios de comunicación privados pueden, allá ellos, alinearse en este asunto como deseen porque se juegan su credibilidad y rigor, pero el Gobierno y la Fiscalía carecen de competencia alguna para comportarse como ayudadores de una causa privada. Adquiriría una nueva perspectiva y naturaleza si el juez considerase que el investigado debe ser también el presidente del Gobierno, en cuyo caso deberá razonarlo ante la Sala Segunda del Supremo y esta resolver en el sentido que, en conciencia de sus magistrados, considere procedente.

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