Extranjería y populismo

El acuerdo firmado entre los partidos Junts y el PSOE sobre la gestión de las competencias de extranjería en Cataluña no solo es cuestionable, sino que se sitúa en el filo de los fundamentos constitucionales. Tanto la manera en que se ha presentado el acuerdo como el discurso que se ha utilizado para justificarlo resultan problemáticos y generan dudas sobre su conformidad con el marco legal vigente. A ello se suma de facto la aceptación de un discurso etnicista, totalmente incompatible con cualquier ideario progresista, y un inquietante mutismo del Partido Socialista.

En una democracia parlamentaria, es natural, y saludable, que las minorías de las que depende un Gobierno aprieten para obtener concesiones que respondan a sus promesas electorales. Sin embargo, es igualmente necesario que los Ejecutivos sepan decir no cuando esas exigencias van en contra del interés general, o de la legalidad vigente. Es por ello que el Parlamento debe recuperar su papel, permitiendo que los grupos parlamentarios realicen su trabajo sin convertirse en meras correas de transmisión, al servicio del ejecutivo. Ceder para alcanzar acuerdos y gobernar es fundamental en un sistema parlamentario, todo es susceptible de discusión en una democracia, pero hay aspectos que no deberían ser objeto de concesión sin el concierto de una amplia mayoría, aun cuando la ley no lo requiera.

Un sistema sólido exige abordar y estudiar cada caso con rigor y trabajar con todas las garantías jurídicas. La proposición de ley firmada por los grupos parlamentarios de PSOE y Junts desborda la lógica parlamentaria, ya que certifica una importante desnaturalización ideológica del Partido Socialista. La obstinada falta de opinión de su dirigencia ante una cesión de este calibre es ensordecedora.

Es un acuerdo en que la extranjería se convierte en una competencia transferible a una administración autonómica. La Constitución establece claramente que el Estado tiene la competencia exclusiva en materia de inmigración y extranjería. No es una materia que pueda ser delegada a las Comunidades Autónomas, ya que su gestión debe mantenerse en el ámbito estatal para garantizar una política coherente y homogénea en todo el territorio nacional. Además, hay que señalar que España lleva años trabajando por una política migratoria común en la Unión Europea, lo que contrasta también con esta decisión.

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El texto se nos presenta utilizando el término “delegación” de forma ambigua, intentando disfrazar lo que en realidad es una cesión de competencias, véase que se establece una delegación de la potestad normativa o un marco presupuestario y patrimonial necesario para su desarrollo. Provocando una descentralización real.

Por eso, el uso de términos que hagan difícil una clara definición, confiando en que la confusión sirva como escudo ante las probables críticas. Pero las palabras nunca cambian la realidad.

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Más allá de la cuestión legal, debo hacer referencia que este acuerdo refleja un importante desmantelamiento ideológico en el Partido Socialista. Una decisión de tal magnitud debería haber provocado profunda incomodidad entre sus dirigentes, pero lo único que se escucha son justificaciones vacías. Pararse a debatir sobre una materia tan central nunca debe señalarse como deslealtad, como parecen deslizar algunos dirigentes. Es una cuestión de principios. Un partido que cede en algo tan fundamental sin debate interno demuestra que sus órganos de control son innecesarios o, peor aún, han sido anulados.

No solo es un problema puntual ante este tema, sino que esta actitud de asentimiento, que se da en el ámbito de gran parte de las organizaciones políticas, no es casual ni reciente. Es el fruto de un relato populista que ha ido moldeando la diferencia como una afrenta. Vemos cómo la crítica se desvirtúa como mera deslealtad, el disenso se asocia a la traición, y el silencio, lejos de ser una excepción, se normaliza como la única acción aceptable, salvo algunas voces, cada vez más escasas, pero no por un abandono ideológico sino por el desconcierto y la indiferencia con la que se trata el debate.

La política se ha transformado en un ejercicio difícil de definir, donde la ideología es un estorbo y el debate interno, una amenaza. Cuando los partidos dejan de ser espacios de discusión para convertirse en proyectos de poder, el resultado es la confusión de la sociedad y el auge de proyectos populistas que capitalizan el desencanto.

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Este es el verdadero peligro de acuerdos como este, alimentan un discurso de corte populista y racista, que busca capitalizar el miedo y la división social. Cuando los partidos se alinean con estas posiciones, utilizando un lenguaje ambiguo y excluyente, no hacen más que abonar el terreno para el ascenso de figuras como Trump y otros populistas de turno.

Nos preguntamos, asombrados, cómo es posible que estos personajes lleguen al poder. Parte de la respuesta está en este tipo de decisiones que, aunque disfrazadas de consensos, terminan por alimentar la polarización y el odio, con el simple paso del tiempo. En lugar de promover una verdadera integración, se está favoreciendo la creación de muros culturales y raciales, que dividen a la sociedad en lugar de unirla. En definitiva, cuando los populistas logran victorias, no es solo por sus propuestas extremas, sino porque el sistema político en su conjunto ha fracasado en ofrecer alternativas viables y justas para todos. No caigamos en el engaño de que los dirigentes populistas solo hablan, recordemos cómo Trump alentó tomar el Capitolio de los Estados Unidos y lo que terminó ocurriendo. Y es ahora cuando debemos y podemos reflexionar para ofrecer un modelo distinto.

Algunos amigos defienden ese texto alegando que aún queda recorrido parlamentario antes de su publicación en el BOE. No insultemos la inteligencia de la ciudadanía. Es un texto que ya ha sido presentado en las Cortes Generales, con la firma del partido en el Gobierno, y nadie dentro del grupo parlamentario o de los órganos de dirección del partido parecen sentirse interpelados.

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Por todo esto, me he permitido escribir estas líneas, para llamar la atención sobre un pacto que considero incompatible con la Constitución y que certifica que, el Partido Socialista, vertebrador de gran parte de los derechos de nuestra nación, y fundamental para el futuro de España, parece estar sumido en una profunda parálisis orgánica e ideológica, incapaz de ofrecer ni siquiera una explicación sólida al texto antes referido.

*Pedro Sabando Suárez, subsecretario de Sanidad y Consumo entre 1982 y 1985.