La segunda fuga de Puigdemont: un cohecho de libro

En la jerga de los juegos de cartas se denomina parisienne a la fullería en la que varios jugadores se conciertan entre sí para hacer que pierda uno de ellos, repartiéndose los demás las ganancias. A este género de trampa pertenece el número circense protagonizado por Carles Puigdemont en el centro de Barcelona.

En memorable ocasión, el afamado mago David Copperfield hizo desaparecer la Estatua de la Libertad delante de miles de personas. Este politicastro de Gerona, carlista y embaucador que lleva siete años viviendo de una estafa, no se queda atrás en el campo del ilusionismo político. Si en 2017 hizo aparecer y desaparecer en veinte segundos una fantasmal República Independiente de Cataluña y en 2023 se convirtió, con el 1,6% de los votos, en el hacedor de un presidente del Gobierno español a la medida de su conveniencia, en la estrambótica jornada de ayer se personó en las cercanías del Parlamento de Cataluña, soltó un mitin ramplón cuya única virtud fue la brevedad y, cuando se esperaba una marcha épica hacia el Parlament, se desvaneció escapando por una gatera que solo pudo funcionar en la medida en que fue consentida por aquellos cuya obligación era impedirlo.

No me refiero a la incuria de la policía autonómica, aunque también a ella; no es la primera ni será la última vez que sus mandos demuestran ser indignos de confianza al frente de un cuerpo policial honesto al servicio de la ley. Pero cualquiera que posea un conocimiento elemental de estas movidas sabe de sobra que la tocata y fuga que Puigdemont escenificó ayer en Barcelona solo es materialmente posible con la complicidad de al menos tres Gobiernos: el de España, el de Cataluña y el de Barcelona. O si lo prefieren, la concertación fraudulenta de tres partidos: el PSOE-PSC (es dudoso el orden en que hoy haya que poner esas dos siglas), ERC y el del propio Puigdemont.

Mi hipótesis es que los Gobiernos de Sánchez, Aragonès y Collboni (este como actor de reparto) se concertaron con el ilusionista para hacer viable el truco, en una parisienne obscena cuya víctima propiciatoria fue la Justicia. Si esa hipótesis fuera cierta, estaríamos ante un cohecho de libro por el que sus máximos responsables deberían responder precisamente ante la Ley que pisotearon de consuno, una vez más.

Puigdemont es un fugitivo reclamado por la Justicia desde hace siete años por organizar y dirigir una sublevación institucional. Aunque el Gobierno de Sánchez se ha ocupado de suprimir metódicamente los tipos delictivos más graves que cometieron él y sus compinches, sigue acusado de varios delitos por los que está en vigor una orden de detención que vincula a todos los poderes públicos y a todos los cuerpos policiales. Sus maniobras desestabilizadoras del orden constitucional español son tan notorias como su connivencia con el mayor criminal internacional de nuestro tiempo, Vladímir Putin.

Habiendo proclamado a los cuatro vientos -fijando incluso la fecha- su propósito de ingresar en territorio español, es completamente inverosímil que los múltiples servicios de información que dirige el Gobierno (el CNI, el de la Guardia Civil, el de la Policía Nacional) no estén al tanto de todos sus movimientos al minuto. Por respeto a los profesionales de esos servicios, es preferible creer que alguien emitió una orden política para que Puigdemont pudiera cruzar la frontera cuando y como quisiera sin ser interceptado en cuanto tuviera sus dos pies dentro de España. Y es preciso recordar que el control de las fronteras es una competencia exclusiva e irrenunciable del Gobierno de España. Puigdemont cruzó la frontera (y quizás haya vuelto a pasarla en una segunda fuga) con la tolerancia consciente del Gobierno español.

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El fugitivo permaneció en España al menos veinticuatro horas (o veinticuatro días, quién sabe). Todo el mundo lo ha visto caminar tranquilamente por el mismísimo centro de Barcelona, consciente que no sería detenido, mientras turistas y transeúntes le hacían fotos y lo llamaban por su nombre. A continuación, se subió a un escenario montado para él con la autorización expresa del Ayuntamiento. Fue recibido con honores, entre otros, por el presidente del Parlamento, que se prestó a hacer primero de escudo humano y después de encubridor de la escapada, cuyos detalles sin duda conocía. Soltó su mitin, fingió sumarse a la comitiva y salió por patas, al parecer en un vehículo que tuvo la gran suerte de pasar todos los controles de la ridícula operación Jaula, montada por la policía autonómica para dar el pego, sin que nadie lo importunara. La orden evidente era que la tal jaula debería permanecer abierta para un sujeto concreto.

Si el presunto delincuente sigue en España, es porque sabe que la puerta de la jaula permanece abierta para él. Si no, pronto lo veremos reaparecer al otro lado de la frontera alardeando de su majeza y haciendo escarnio de los gobiernos, las policías y los tribunales españoles, incluidos los catalanes. Lo único seguro es que, mientras en España y en Cataluña sigan mandando quienes hoy mandan, no lo veremos entre dos guardias (salvo que sean Mossos comprados como guardaespaldas) ni declarando en el Tribunal Supremo.

El trueque urdido en Ginebra, apadrinado por Zapatero, era clarísimo: investidura para Sánchez a cambio de impunidad para Puigdemont. El fugitivo pagó su parte y ahora corresponde a Sánchez pagar íntegramente la suya. Si la ley de amnistía no es suficiente para garantizar esa impunidad, se dispone lo necesario para que el tipo se mueva a su antojo: impunidad no es solo exculpación legislativa, sino impunidad material completa en cualquier circunstancia. Iría contra el espíritu del pacto de Ginebra que alguien dependiente del Gobierno (por ejemplo, el CNI o la Policía Nacional o la Guardia Civil, que aún son también policía judicial en Cataluña) moviera un dedo para apresar a Puigdemont. Solo de esta manera puede Sánchez albergar alguna esperanza de seguir contando con los siete votos de Junts en el Congreso, aunque sea de forma discontinua y mediante chantajes sucesivos.

Los socialistas necesitaban a toda costa consumar la investidura de Salvador Illa sin dar a Rull el pretexto para suspender indefinidamente la función. Los de ERC necesitaban desesperadamente eludir unas elecciones repetidas que los habrían llevado a la tumba política. Los comunes (aún socios fundadores de Sumar) necesitan mandar en algún sitio y enterrar a Pablo Iglesias antes de que este ejecute su venganza con una hoz en una mano y un martillo en la otra. Los de Puigdemont, que por algo son vasallos de Puigdemont, están en la vida para satisfacer los planes de su arrojado jefe, entre los que no está pasar ni media hora en una comisaría o en un juzgado, no digamos en una prisión. Se daban todas las condiciones para un nuevo contubernio contra la ley: yo os permito hacer la investidura de vuestro candidato y, a cambio, vosotros me permitís montar mi número propagandístico, reírme de vosotros en vuestra cara y, de paso, mostrar al mundo que sois una colección de inútiles. Mientras tanto, en algo están de acuerdo PSC-PSOE, ERC y Junts: que se jodan Llarena y Marchena.

Si hubiera un ápice de sinceridad en el lamento de los mandamases socialistas por la penosa actuación de los Mossos d’Esquadra, la primera decisión del nuevo presidente de la Generalitat sería ordenar una investigación rigurosa y una purga en su estructura de mando. No sucederá, como no sucederá nada en el Ministerio del Interior, cómplice manifiesto de la fuga tolerada.

En la noche del 12 de mayo estuve entre los que pensaron que, dada la oferta disponible, la elección de Illa como presidente de la Generalitat era la menos mala de las posibles. Visto lo que su jefe y él han firmado con ERC y vista su conchabanza con el escándalo asociado a su investidura -por otra parte, casi anónima- empiezo a pensar que el precio es exagerado. Pero es obvio que para algunos ningún precio es exagerado cuando de comprar el poder se trata.

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Quizá Sánchez intente convencer al personal de que esta montaña de mierda supone la solución del problema de Cataluña, y que se la debemos a él. Ja. Ya se ha encargado Puigdemont de deslucirle el guateque. Contando tanto los errores como los aciertos (que alguno ha habido), no hay nada de todo lo hecho por Sánchez respecto a Cataluña motivado por el interés de España, el de Cataluña o por la defensa del orden constitucional. Modifiquen en algún punto del recorrido el guion de su conveniencia y habría girado inmediatamente el de sus decisiones. Esto es lo que hay.