La amnistía de Txapote, la golfería del Gobierno y la oposición pasmada

Tiene su aquel revivir en 2024, en el Congreso de los Diputados, la escena memorable de Tony Leblanc y Antonio Ozores en Los Tramposos (1959) y replantearse la eterna pregunta: ¿quién es más bribón en el timo de la estampita, el embaucador que hace pasar un sobre lleno de papeles inútiles por billetes de curso legal o el que pretende aprovecharse de la idiocia (simulada) del otro para llevarse su dinero? Trasladado a nuestro tiempo: ¿qué es peor, que Sánchez y Otegi preparen de consuno una emboscada parlamentaria para soltar a 40 terroristas o que Feijóo y Abascal hagan el pardillo (una vez más) delante de todo el país en un asunto como este?

En el penoso episodio de los presos de ETA, lo único claro es que unos (el Gobierno) han quedado como verdaderos granujas, los otros (la oposición) han hecho un ridículo indescriptible y quien se alzó con el santo y la limosna, sin necesidad de mover un dedo, fue el partido de Txapote y compañía, que viene demostrando hace tiempo ser el más listo de la clase.

Habrá que felicitar a Itziar Reyero por descubrir, entre una selva de textos legales deliberadamente enrevesados, el sucio trampantojo urdido por el Gobierno para premiar a Bildu con la pronta liberación de los peores carniceros de ETA sin que nadie se percatara de la maniobra, así como la asombrosa ineptitud de los responsables parlamentarios de la oposición, que se tragaron el anzuelo entero sin pestañear. Si no fuera por la profesionalidad de una buena periodista, los españoles nos habríamos enterado del pastel el día que el asesino de Miguel Ángel Blanco, Gregorio Ordóñez, Fernando Múgica, Fernando Buesa y unos cuantos más llegara a su pueblo entre vítores.

En esta ocasión puede decirse con toda propiedad que los políticos se enteraron por la prensa de lo que ellos mismos hicieron. Más de 340 diputados votaron una decisión trascendental sin tener puñetera idea del alcance de lo que estaban aprobando, que también fue cuidadosamente ocultado a la opinión pública. Digo yo que quizá la supresión de estas prácticas sí debería incluirse en un plan de regeneración de la política.

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Me gustaría vivir en un país en el que el Gobierno se atreviera a plantear limpiamente y de frente el siguiente debate: puesto que queremos que el espacio judicial europeo sea progresivamente más amplio y profundo, es lógico que el tiempo de prisión que un delincuente convicto pasa en cualquier país de la Unión compute para el cálculo total del cumplimiento de su pena. Si hace diez años existían motivos para exceptuar de esa regla general a los terroristas de ETA, es posible que haya llegado el momento de levantar la excepción y aplicarles el mismo criterio que a los demás reos.

Me gustaría que eso pudiera debatirse con serenidad y ahorrando improperios gratuitos, que pudieran pronunciarse sobre ello los partidos políticos, los juristas, los medios de comunicación, y que cada ciudadano se formara una opinión fundada al respecto. Me gustaría que fuera posible hallar una fórmula consensuada (como casi siempre sucedió en el régimen presanchista con lo relativo al terrorismo) y que esa fórmula se aprobara en el Parlamento con una amplia mayoría, pero sin engañifas y siendo todo el mundo consciente del contenido y las consecuencias de su voto. Y por supuesto, me gustaría que Otegi no fuera el muñidor en el cuarto oscuro de esa y otras muchas decisiones del Gobierno de España (cuando no es él, es Puigdemont).

Me gustaría que fuera así porque ello sería un signo de normalidad y porque la cuestión me parece pertinente. Si me la plantearan de esa forma y en esos términos, probablemente estaría de acuerdo. En principio, si un sujeto debe pasar un cierto número de años en prisión y ya ha cumplido varios en cualquier país de la Unión Europea, es razonable que ese tiempo se convalide en su propio país, por muy odiosos que sean sus delitos. Si no, que alguien se atreva a propugnar la cadena perpetua efectiva (es decir, cárcel vitalicia) para los autores de ciertos crímenes.

¿Por qué el Gobierno de Sánchez no planteó la cuestión de forma honesta y en cambio urdió una maniobra legislativa oscura y tramposa? Seguramente, porque sabía que anticipar la puesta en libertad de los pistoleros más sádicos de ETA provocaría un intenso rechazo en la sociedad y una nueva sacudida en su partido. O porque carece de argumentos para sostener su posición en un debate abierto. O porque su debilidad parlamentaria es tal que no está en condiciones de garantizar que nada de lo que proponga salga adelante, salvo si es mediante engaños y contando con la torpeza infinita de la oposición. O porque el tema en sí le trae sin cuidado y lo único que le interesa es que sus aliados de Bildu se sientan recompensados por el servicio que le prestan. En todo caso, en este como en otros muchos asuntos, el envilecimiento de las formas contamina el fondo hasta hacerlo irrelevante.

Tras la amnistía a los organizadores del golpe institucional de 2017 en Cataluña, se veía venir algo muy parecido a una amnistía para los terroristas de ETA, representados políticamente por Bildu. El primer paso fue la transferencia de la gestión de las prisiones al Gobierno vasco, que se viene ocupando de conceder masivamente terceros grados. Pero faltaba satisfacer específicamente a Bildu, y este es el camino que han encontrado para empezar a hacerlo. El compromiso -no confesado, pero real- es que esta legislatura concluya sin un solo miembro de ETA en la cárcel.

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Sánchez no podía contarlo antes como no contó en su momento que gobernaría con Podemos, que pondría patas arriba el Código Penal en beneficio de los sediciosos condenados, que haría de Puigdemont un compañero de viaje, que compraría su investidura con una amnistía o que llenaría las instituciones del Estado de exministros y otros forofos de obediencia debida, en una peculiarísima interpretación de la teoría de las puertas giratorias. Todo ello se lo ocultó preventivamente a la sociedad para presentar después el hecho consumado, contando con la sumisión bovina de su partido. Es la marca de la casa.

Capítulo aparte merece el inaudito amateurismo de una oposición que ha hecho hábito de caerse del guindo cada mañana. Tenga usted 137 diputados del PP, 14 miembros en la comisión de Justicia y varias decenas de asesores sufragados por los contribuyentes para que le tiendan una burda trampa legislativa como esta y caiga en ella como un pichón por el simple hecho de que nadie se tomó la molestia de leer un papel con la debida atención. Y no será porque el Congreso esté inundado de proyectos de ley y el volumen de trabajo los desborde; más bien porque rara vez aciertan a mirar al lugar adecuado y tienden a embestir pastueñamente a todas las muletas con las que Sánchez los torea. No es la primera vez que Feijóo y su equipo demuestran un nivel de incompetencia impropio de profesionales de la política que aspiran a gobernar España. De hecho, por esa misma incuria tiraron en julio de 2023 una elección que tuvieron ganada.

La destreza del sanchismo-bolañismo en hacer mangas y capirotes con la legalidad y convertir el ejercicio de la política en una sucesión constante de trampas y argucias está sobradamente acreditada, lo que hace aún más imperdonable el comportamiento incauto de sus adversarios. Pero también empieza a ser una categoría establecida la impericia de una oposición que parece confiar en que la fuerza de la corriente la lleve al poder por pura inercia, sin dar una sola remada en la dirección correcta. Probablemente, todo ello sea el producto inexorable de dos décadas de selección regresiva de la especie en la política. Llegados a este punto, en lo que se refiere a la actual dirigencia española, admito todos los derechos menos el derecho a la sorpresa.