El novio de Ayuso y la chapuza monclovita

"¡Lento pero inseguro, torpe pero tonto!”. Siempre recordaré esa frase aplastante con la que una de mis profesoras nos obsequiaba cuando cometíamos un error garrafal (y eso que el colegio era progre y avanzado para la época). En la misma línea, pero sin faltar, mi padre me hizo saber que, en esta vida, para hacer maldades hay que cumplir al menos dos requisitos: ser listo y hacerlas bien. La memez y la impericia mezclan muy mal con la villanía. Por último (hasta aquí mis recuerdos personales) cuarenta años de dedicación profesional a las estrategias políticas me sirvieron para distinguir un plan de un apretón, oler las chapuzas a distancia, apuntar antes de disparar y medir costes y beneficios antes de embestir al bulto.

Parece evidente que los diseñadores de la “operación novio de Ayuso” en el tinglado oficialista no recibieron en su día esas lecciones o, si las recibieron, las han olvidado embriagados por la prepotencia ante el mundo y el vasallaje ante el jefe. Se tome por donde se tome, es difícil concebir una maniobra política tan descabellada en su concepción y tan desastrosa en su ejecución y resultados como la de usar las infracciones fiscales del novio de Ayuso para neutralizar el escándalo que protagoniza la esposa del presidente del Gobierno y, de paso, propinar una cornada mortal a la de la Comunidad de Madrid.

Se han escrutado hasta el hartazgo las esquinas jurídicas del asunto, así como las que atañen a la ética política y personal, la deontología y la higiene institucional. No insistiré sobre ellas. Admito que lo que más me intriga -y, en cierto sentido, me escuece por aquello de la belleza del juego- es la espectacular exhibición de ineptitud de los inspiradores y ejecutores de una jugada destinada al fracaso desde el primer instante. Tanto que, si ello no supusiera sobreestimar a los del lado contrario, cabría imaginar que a los Sánchez, López, García Ortiz y compañía les pusieron delante un enorme anzuelo con una granada de mano en su interior y se lo comieron como pazguatos. Su performance en este caso es detestable en lo institucional, pero aún más, si cabe, en lo estrictamente profesional.

Es como si lo estuviera viendo. Alguien irrumpe en el despacho: “¡Presidente, lo tenemos!”. Y él, ofuscado como nunca en su vida, autoriza inmediatamente la operación sin molestarse en calibrar los riesgos y/o beneficios adosados, sin encargar un análisis previo (tenga usted 700 asesores para esto) y sin considerar (¿o sí?) el lastimoso historial de patinazos del más que verosímil emisario, que ha salido del estropicio con un asiento resbaladizo en el Consejo de Ministros y la poco amistosa encomienda de perecer frente a Ayuso; así se las gasta el andoba.

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Si se trataba de contrarrestar lo de Begoña, maniobra fallida. La (mala) fama de la señora del presidente permanece en todo lo alto y su situación judicial no ha mejorado en absoluto, más bien empeora por días. En términos de morbo mediático y de compromiso procesal, es inútil pretender que González Amador pueda competir con Gómez. Si se buscaba dañar políticamente a Díaz Ayuso, pifia total. La lideresa madrileña no ha sufrido ni un rasguño en su fortaleza electoral a causa de este torpe manejo. Al contrario, la obsesión enfermiza de Sánchez contra ella sólo sirve para acrecer la leyenda y estimular a sus seguidores.

Lo peor son los daños colaterales, que resultan ser nucleares. En el vano intento de alancear a Ayuso con los chanchullos fiscales de su novio, lo que ha resultado alanceado -en algún caso, con heridas mortales de necesidad- es el crédito de una copiosa colección de instituciones, organismos y personas de la galaxia sanchista, orgánica o políticamente dependientes del jefe.

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Se ha comprometido a la Agencia Tributaria, fuente primera y custodia fallida de los datos fiscales de un ciudadano particular. Como no hay charco en el que no chapotee, la ministra de Hacienda no se ha privado de ejercer de muy probable y voluntariosa transportista de una información de la que ni siquiera ella debía disponer, además de calificar penalmente el comportamiento fiscal de un contribuyente.

El aparato entero de la Moncloa y el de Ferraz se pusieron al servicio de la ofensiva, con el Gabinete de la Presidencia del Gobierno operando como Estado Mayor central. De momento aparecen en la lista de víctimas dos secretarios de Estado de Comunicación, afectados por su propio activismo en las tareas de intoxicación necesarias para hacer el mayor ruido posible. Varios medios de la flota sanchista han terminado de arruinar el escaso crédito que les quedaba, pasando de la categoría de adictos a la más oprobiosa de serviles (en algún caso concreto, posibles colaboradores necesarios en la comisión de un delito, acto recompensado con un alto cargo en la televisión pública).

El secretario general del PSOE madrileño estaba sentenciado hace meses, pero el empeño de involucrarlo en este asunto ha convertido un sacrificio más o menos aseado en una carnicería a la luz pública, enturbiada también con derivaciones judiciales poco tranquilizadoras para el mando. Quizá nunca se llegue a conocer -o quizá sí- la naturaleza de las amenazas que Lobato recibió para precipitar su inmolación y evitar a toda costa su presencia en el congreso de Sevilla. Hay pocas dudas de que abundaron ofertas de las que no pueden rechazarse. El recooptado secretario de organización del PSOE es otro de los que, si se ven en el trance de declarar como testigos en esta y otras causas, pasarán apuros para decir verdad sin poner en un brete a sí mismos y a sus superiores.

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Si se decide convertir al fiscal general del Estado en un soldado de la causa sanchista, siempre será preferible que su imagen institucional no esté pringada hasta las cejas. De resultas de una operación temeraria como esta, el soldado García Ortiz avanza resueltamente hacia el banquillo de los acusados, su imagen personal y profesional es un desecho (“un admirador, un esclavo, un amigo, un siervo”), la mayoría de los fiscales a sus órdenes están a la vez indignados y abochornados y el oscuro episodio del borrado de pruebas en su móvil no desmerece aquella legendaria destrucción a martillazos de un ordenador en la sede del PP, con la diferencia de que esta vez el posible obstructor de la justicia resulta ser quien tiene la máxima obligación legal de defenderla. El espectáculo de un juicio público con el fiscal actuando a la vez de acusador y de acusado resonará en toda Europa.

En todo caso, es ya inasumible encomendar a la Fiscalía la instrucción de las causas penales mientras su imagen no se asee (lo que requerirá tiempo después del inevitable cese o inhabilitación de García Ortiz) y su actuación se autonomice por completo del Gobierno de turno. Se ha infligido al Ministerio Fiscal un daño estructural, y todo por implicarlo en una maniobra sórdida de pequeña política sectaria.

Una reflexión a tiempo habría puesto de manifiesto, incluso para Sánchez y los suyos, que los costes asociados a este movimiento eran infinitamente superiores a su imaginario beneficio. Efectivamente, el beneficio no aparece por ningún lado y los costes han desplegado toda su potencia y aún serán mayores. Lo que demuestra que este presidente y su Gobierno están completamente desquiciados y, en consecuencia, puede esperarse de ellos en 2025 cualquier desafuero y, sobre todo, una ración abundante de chapuzas y estupideces impropias de profesionales.