Los Ábalos como categoría y el sistema que los encumbra

La crónica política se ha convertido en crónica de tribunales, las tertulias y debates políticos en tratados de derecho procesal y los acuerdos políticos para elegir o sostener a un Gobierno o para apoyar unos presupuestos se fraguan manipulando el Código Penal al dictado de los delincuentes, sean presuntos, confesos o convictos.

La judicialización de la política, cuya secuela inexorable es la politización de la justicia, es un síntoma palmario de la degradación avanzada de un sistema institucional. Cuando se chapotea en ella sin rubor ni contención pueden suceder cosas tan desquiciadas como que el presidente del Gobierno y sus corifeos acusen genéricamente a los jueces de practicar una colusión conspiratoria con la oposición política; que el partido de la oposición secuestre durante años la renovación del órgano de gobierno de los jueces; que cada auto judicial se someta a exégesis casi siempre mostrencas sobre su vertiente partidista; que el fiscal general del Estado sea a la vez acusador y acusado en un mismo proceso, o que los dirigentes políticos estén más pendientes de quién sustituirá a Manuel Marchena en la presidencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que de los muertos de Valencia (salvo si es para usarlos como siniestra munición contra el partido rival).

En la cochambre de la guerra política judicializada crecen todo tipo de plantas venenosas. Para empezar, se revienta la presunción de inocencia. Fueron los partidos políticos, no los jueces, quienes instalaron el criterio bastardo de que basta una imputación judicial (que se concibió como garantía procesal y terminó operando como arma de destrucción masiva) para acabar con la carrera política de una persona. Ahora un juez cita a alguien como testigo y los del partido enemigo lo celebran como se celebran los goles. Esta misma semana ha sido asombroso ver a los ministros, empezando por el de Justicia, jaleando con estrépito el hecho, procesalmente rutinario, de que se haya citado a Miguel Ángel Rodríguez a declarar como testigo en la causa relacionada con el novio de Ayuso. Si ya es disparatado equiparar investigado y condenado, tratar a los testigos como candidatos a reos es cosa de locos.

En el terreno conceptual, hemos caído en la trampa de que la única vara de medir si una conducta resulta políticamente admisible sea si es o no delictiva. Al parecer, todo lo que no encaje en un tipo penal no merece reproche político alguno, aunque sea manifiestamente nocivo para el procomún, revele prácticas éticamente detestables o dañe gravemente la salud de las instituciones. Muy tramposo y ventajista me parece ese baremo.

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Todos los casos que se están ventilando en los tribunales deberían remitir a una reflexión sobre las deficiencias del sistema que hace posibles conductas desviadas de la ejemplaridad, la transparencia o el rigor en la gestión pública. Pero ese paso se omite sistemáticamente en beneficio de la casquería mediática o del canibalismo político.

Sucederá con Begoña Gómez lo que judicialmente tenga que suceder. Pero eso no elimina la constatación elemental de que la esposa del primer ministro no puede ni debe dedicarse a actividades de lobi ni usar recursos e instalaciones públicas en favor de intereses privados. Y si por ignorancia o laxitud no se da cuenta por sí misma, es obligación del propio primer ministro asegurarse de evitar cualquier tentación al respecto sin necesidad de que un juez se lo recuerde.

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Más allá del destino judicial de José Luis Ábalos (que pinta pescuecero), no es concebible que, tras cuatro décadas de democracia, las contrataciones públicas sigan expuestas a prácticas de discrecionalidad política que son una invitación permanente a la corrupción y el nepotismo. Que el Ministerio de Transportes pueda dedicarse a compras multimillonarias de material sanitario sin título habilitante ni control alguno. Que el asesor de un ministro se pasee por los más elevados despachos oficiales dictando instrucciones y pidiendo y repartiendo favores con menos discreción que el consigliere de cualquier Don cinematográfico. Que un buscavidas disfrazado de empresario se permita alardear de que tiene a no sé cuántos políticos en el bolsillo (o de que tiene en su mano llenar o vaciar el bolsillo de los políticos) y, además, demuestre en la práctica que es cierto. Como no es higiénico que quien controla el aparato orgánico del partido del Gobierno ocupe a la vez el ministerio que reparte por el territorio cientos de miles de millones en infraestructuras.

Sin conocerlo personalmente, el novio de Ayuso no es la clase de sujeto con el que más apetece tomarse un café, pero eso es irrelevante. Lo que me espanta de ese asunto es que el expediente fiscal en trámite de un ciudadano pueda recorrer un itinerario tenebroso desde la Agencia Tributaria a la Fiscalía, de la Fiscalía a la Moncloa, de ahí a Ferraz y, finalmente, a un periódico adicto para su difusión masiva (y de paso, para enmascarar la tropelía). Me inquieta, por lo que indica, que desde el Gabinete del presidente del Gobierno se instruya al líder del partido oficial en una comunidad autónoma para que exhiba en el parlamento regional un documento obtenido ilícitamente; y que, en lugar de enviar a la emisaria a tomar viento, el Lobato de turno obedezca la orden y se cubra acudiendo clandestinamente a una notaría (de la que resulta verosímil que la información viajara a la Puerta del Sol y de ahí, nuevamente, a la prensa amiga, en este caso la del otro campo).

Por cierto, no estaría de más clarificar para qué sirven y para qué no deben servir jamás los gabinetes de los altos cargos. Por ejemplo, no sé por qué extraña indicación el buscavidas Aldama pensó que la línea más recta para acelerar un expediente fiscal o eludir un pago tributario pasa por el director del Gabinete de la ministra de Hacienda, que, por definición, como todos los gabinetes, carece de poder ejecutivo. Lo malo será si se llega a comprobar que el buscavidas eligió el camino correcto.

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Me irrita la incuria pertinaz en la selección de las élites políticas, porque la degradación galopante del material humano es la peor enfermedad de nuestro sistema. La saludable práctica del vetting, propia de los países anglosajones, que consiste en someter a escrutinio concienzudo la trayectoria profesional y ética de cualquiera que aspire a un cargo público antes de proceder a su nombramiento, es completamente desconocida en España, y así nos va. La destreza solícita en limpiar las botas del jefe no debería contar como mérito principal para hacerse cargo de intereses públicos trascendentales.

Peor que los gatuperios de los Ábalos y Koldos es la facilidad con la que personajes de ese jaez llegan a donde estos llegaron. Lo extraño habría sido lo contrario, como extraño sería esperar que alguien con la tipología de Sánchez se comportara como un gobernante fiable y respetuoso de las instituciones. Hoy nos escandalizamos con razón de la penosa actuación de Mazón, pero nadie pregunta a Feijóo por qué permitió que semejante incapaz llegara a ser presidente de la Generalitat valenciana y por qué, conociéndolo, pidió el voto para él.

De paso, los ciudadanos deberíamos preguntarnos por qué persistimos en entregar la dirección del país a individuos a los que jamás prestaríamos las llaves de nuestra casa, pondríamos al cuidado de nuestros hijos ni querríamos en nuestra familia. Si tuviéramos el mismo escrúpulo en la elección de los gobernantes que en la de nuestros allegados, no sería necesario detestar tanto a los políticos.