¿Mayores salarios tras el 1 de mayo?

Una de las principales reivindicaciones de los sindicatos españoles este pasado 1 de mayo fue subir generalizadamente los salarios. Y en parte no debería ser de extrañar: desde marzo de 2021, los precios se han incrementado un 13,4%, mientras que los salarios han aumentado alrededor de un 10%. Es decir, que, en promedio, los trabajadores han perdido algo más de un 3% de poder adquisitivo (como en todo promedio, algunos ciudadanos se habrán empobrecido en mayor medida, mientras que otros lo habrán hecho en menor medida).

Es precisamente esta rebaja de los salarios reales que se ha fraguado durante los últimos dos años a cuenta de la inflación lo que explica, al menos en parte, dos fenómenos recientes de la evolución de nuestra economía: por un lado, el aumento nominal de los beneficios empresariales y, por otro, el buen ritmo de creación de empleo. En contra de la peligrosa y equivocada narrativa que va instalándose en muchos medios, no se trata de que los precios suban porque los beneficios aumenten, sino de que los beneficios aumentan porque los precios suben (más que los salarios). Y es que, si los precios de las empresas nacionales aumentan más que sus salarios, entonces sus beneficios tenderán a incrementarse (conviene remarcar el “tenderán” porque también podría ocurrir que, en paralelo, se incrementaran los costes de otros bienes intermedios importados por las empresas nacionales, en cuyo caso salarios y beneficios nacionales podrían reducirse a costa de los salarios o beneficios extranjeros). Y, a su vez, si sus beneficios se incrementan gracias al abaratamiento relativo de los salarios, cabrá esperar que su demanda de mano de obra también aumente: contratar trabajadores se vuelve más rentable cuando el coste laboral unitario disminuye.

Opinión

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Dicho de otro modo, un incremento de los salarios reales como el que propugnan los empresarios no solo impactaría negativamente sobre los beneficios empresariales, sino acaso sobre la creación de empleo (esto último dependería, en realidad, de la evolución del gasto agregado tras los cambios distributivos en la renta: si el consumo aumenta más de lo que se reduce la inversión no tendría por qué ocurrir). De ahí que subir los salarios sea un arma de doble filo: compensar a los trabajadores por la pérdida de poder adquisitivo que ciertamente han experimentado desde 2020 podría reducir el atractivo que esos trabajadores poseen para muchos empresarios a día de hoy.

No solo eso: el riesgo no es tanto que los salarios nominales aumenten de una vez para compensar la alta inflación experimentada hasta la fecha, sino que se consoliden durante varios años incrementos en los salarios nominales que desborden la inflación (es decir, varias subidas encadenadas de los salarios reales). En ese caso, los efectos negativos sobre el mercado laboral que hemos descrito en los párrafos anteriores se volverían más probables, especialmente si la economía se ralentiza fuertemente por las subidas de tipos de interés y la consecuente restricción del crédito.

Lejos de institucionalizar un alza salarial de carácter nacional o sectorial, las legítimas reivindicaciones de los trabajadores por mayores salarios deberían darse empresa por empresa para evitar que los potenciales daños se impongan ciegamente por toda la economía (al igual que las legítimas aspiraciones de los empresarios por mayores beneficios tampoco deberían fraguarse con un acuerdo nacional-corporativo de evolución de los salarios y de los precios, sino darse empresa por empresa). El 1 de mayo, sin embargo, ha supuesto un llamamiento de clase a obtener mayores salarios. Y ahí es donde pueden darse los mayores problemas: en no atender a la enorme heterogeneidad del tejido empresarial español tanto en lo relativo a su capacidad para asumir alzas salariales como a la hora de readaptarse a un giro adverso del contexto económico como el que podría terminar arrojando la cada vez más contractiva política monetaria.