El Gobierno y su creciente problema con la prensa

Este primer año de legislatura exuda aromas de cine de serie B: se ven los trucos a la legua. Desde que cambiaron al guionista, la película gubernamental hace agua por los cuatro costados. No es que las injerencias del Ejecutivo en esferas que no le corresponden, véase la mediática, sean nuevas, sino que las artes que emplean en la actualidad resultan erráticas, toscas, impropias de quien cumple cum laude con el manual de resistencia.

Ya sea porque "el poder de mando impide a menudo pensar y la responsabilidad del poder muchas veces se desvanece conforme aumenta su ejercicio", como escribía la historiadora Barbara Tuchman, ya sea por los nervios derivados de los malos datos demoscópicos y por la sensación de fin de ciclo que desprenden, el castillo gubernamental se desmorona.

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Que el Ejecutivo, a través de empresas y personas interpuestas, anuncie acciones legales contra un medio de comunicación como es El Confidencial supone traspasar una línea roja que pocos antes se habían atrevido a franquear, intentando controlar con puño de hierro a todos aquellos actores públicos que no se someten a la verdad oficial.

Las pretensiones, y también presiones, del Ejecutivo sobre empresas públicas, pero también privadas, para atajar la crisis de imagen en torno a la figura de la mujer del presidente resultan reveladoras. Las entidades públicas como Red.es deberían servir a los ciudadanos y no comportarse de manera servil con el Gobierno de turno.

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"En la deformada concepción, claramente reverencial, que sobre determinadas personas e instituciones ha arraigado en nuestro país, se encuentra el peligroso germen de la intolerancia y de la incontinencia intimidante", escribíamos en el editorial de este domingo.

Se trata de una pretensión absurda, más propia de una mente absolutista que de una que crea en los valores de las democracias liberales. Que se amenace a este diario con acciones judiciales es un intento de frenar y censurar informaciones relevantes tales como los vínculos de Begoña Gómez con determinadas empresas. Un sorprendente ejercicio de presión y coacción hacia un medio de prensa libre e independiente.

"Los hechos son sagrados, las opiniones son libres", reza la famosa frase de Charles Prestwich Scott, editor de The Guardian. Es necesario recordarlo para que no se trate de confundir lo uno y lo otro, y se manipulen las informaciones aparecidas en El Confidencial, poniendo en nuestra boca argumentos que no hemos dicho e interpretaciones que no son tales.

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Lo digo por las cautelas, por no decir pavor, que produce saber que el Ejecutivo pretende erigirse en juez de lo que son y no son fake news, cuando, vistos los precedentes, carecen de legitimidad para ello. Pero lo malo no es eso. Lo malo es que unos compren el argumentario y otros callen por el miedo a ser lapidados en Twitter, por el qué dirán, por esa peste de los tiempos actuales que es la autocensura.

Ramón Pérez-Maura habla de déficit democrático al referirse a "la actuación del Gobierno en su control de los medios dependientes, bastantes de ellos voluntariamente dependientes. El escándalo de los negocios de la mujer del presidente es algo que simple y sencillamente no existe para esas terminales mediáticas", escribía el columnista de El Debate.

Proliferan artículos como este de The New Yorker, que se pregunta si '¿Están los periódicos preparados para su extinción?' o libros como el de Teodoro León Gross, La muerte del periodismo, sobre cómo la pérdida de credibilidad de los medios afecta a la salud de la democracia del país.

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El Parlamento Europeo aprobó recientemente la Ley Europea de Libertad de Medios de Comunicación (EMFA) por 464 votos a favor, 92 en contra y 65 abstenciones. Sus impulsores aseguran que representa un hito en la lucha por proteger la libertad de prensa y los derechos de los periodistas, salvaguardándolos de toda interferencia política y evitando el control de las redes sociales sobre la información.

Para garantizar su implementación será necesaria la colaboración de los Gobiernos de cada uno de los países. La ley crea un nuevo organismo regulador a nivel de la UE, que se denominará Junta Europea de Servicios de Medios, que supervisará la correcta aplicación de la EMFA en coordinación con los Gobiernos y reguladores nacionales.

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Y es aquí, en este punto, donde uno se pregunta por el papel del Ejecutivo en el desarrollo de la citada ley, sabiendo que se arroga el monopolio de la verdad, premia a quienes le bailan el agua y no le duelen prendas en amenazar a los medios de comunicación que cuentan lo que ellos no quieren oír.

Durante mucho tiempo se ha dicho que la mejor ley de prensa es la que no existe. Quizá en esta era de la incertidumbre, donde se solapan las informaciones, abundan las noticias falsas y se confunde verdad y mentira, sea el momento de apostar por cierta regulación.

Lo cual no es óbice para que tengamos que estar prevenidos, no vaya a ser que se convierta en un coladero para una mayor intervención del Gobierno. Visto el caso de Begoña Gómez y las injerencias de Moncloa, se trata de un riesgo nada descartable.

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