Yolanda Díaz pide otra vez el balón para subir el salario mínimo

Con la reforma laboral en el zurrón, la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha pedido otro balón para seguir peloteando políticamente a cuenta del mercado de trabajo. Le toca el turno ahora al salario mínimo interprofesional (SMI) apenas cinco meses después de la última subida. La oferta de saque del Gobierno es que esta retribución alcance en 2022 —y con efectos retroactivos desde el 1 de enero— los 14.000 euros brutos anuales o, lo que es lo mismo, 1.000 euros al mes brutos en 14 pagas.

Los sindicatos han de estar satisfechos con la intención de Yolanda Díaz. La cifra que plantea el Gobierno coincide más o menos con las demandas de los representantes de los trabajadores. Por el contrario, el empresariado —a través de CEOE y Cepyme— ya ha alertado de la inoportunidad del planteamiento y su negativa al incremento. Los argumentos de la patronal, previsibles y razonados, es que las empresas aún no se han recuperado económicamente del covid y que el último incremento del salario mínimo de finales de septiembre (de 950 a 965 euros mensuales en 14 pagas) es todavía muy reciente. Y llevan razón en lo de reciente, solo que habría que añadir que la inflación se comió esa subida sin pestañear. Ñam, ñam.

Como ni el dinero crece en los árboles ni la actividad económica es cosa de magos, asistiremos ahora al inevitable debate sobre la conveniencia o no de esta subida que el Gobierno llevará a cabo sí o sí y que ya se verá en cuánto queda exactamente tras la negociación que el Ejecutivo quiere cerrar de inmediato. Apologistas, catastrofistas y los 'nichichanilimoná' intercambiarán argumentos con mayor o menor vehemencia sobre los efectos positivos o negativos de la medida que, según la ministra, tendrá afectación sobre un colectivo de dos millones de empleados.

Pero el salario mínimo, más allá de las tablas de Excel, interpela también a una cuestión moral y a los principios sobre los que pretendemos asentar nuestra vida en común. Y esa cuestión no es otra que la necesidad de que un conciudadano con una jornada completa de trabajo —40 horas a la semana— reciba a cambio una retribución que le permita armar un proyecto de vida digno.

Opinión

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Poner a hombres y mujeres en el centro de todas las decisiones —el humanismo— pasa por dejar a un lado, aunque sea solo por un momento, las hojas de cálculo e interpelarse sobre esta cuestión fundamental: ¿es razonable querer vivir en un sitio —España— en el que cualquier conciudadano que trabaje a jornada completa no tenga problemas para llegar a fin de mes y pueda generar un mínimo de ahorro para hacer frente a un gasto sobrevenido sin acabar instalado en la pobreza a pesar de contar con una ocupación profesional?

Contestarse a esta pregunta con honestidad no es una cuestión ajena a la opinión final que uno vaya a tener sobre lo oportuno de seguir presionando al alza el salario mínimo interprofesional. Nada tiene que ver con ser progresista, conservador o liberal. Es sencillamente una cuestión de no dejar de ver, tras las estadísticas, a mujeres y hombres esforzándose por vivir con dignidad gracias a su trabajo. Y la dignidad pasa también por el derecho a hacer proyectos de futuro, por humildes que sean, y que el fruto de tu trabajo sea suficiente para vivir, si no con holgura, sí con algo más que las necesidades básicas cubiertas.

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Esto no va de empresarios y asalariados. Va de qué tipo de sociedad y de relaciones entre nosotros —todos— queremos tener. De si seguimos sintiéndonos cómodos instalados en un escenario de darwinismo económico y adoración paralela del 'low cost' al coste que sea, o si tomamos conciencia de que hay que mejorar las condiciones de vida de una buena parte de los trabajadores españoles porque, de lo contrario, nuestro modelo de sociedad acabará por desmoronarse.

Hace apenas unos días, Isidre Fainé, presidente del patronato y de la comisión ejecutiva de la Fundación la Caixa, decía en un acto en Barcelona que sin equidad social el crecimiento económico no es aceptable moralmente. Pues bien, la primera condición para no abaratar el concepto de equidad social es que las personas que trabajan en los puestos peor pagados tengan unas condiciones salariales razonables. Y razonable es, si trabajas, llegar a fin de mes, atender a los tuyos y poder afrontar un imprevisto económico de menor cuantía sin tener que acudir al prestamista.

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Pueden contrarrestarse los párrafos anteriores ridiculizándolos por la vía rápida acusándolos de voluntarismo y poesía cuando la realidad económica está hecha de prosa. La lista de argumentos para situarse en posiciones contrarias es larga: que es mejor tener salarios bajos que no tenerlos, que hay empresas y sectores económicos enteros que sin la competitividad otorgada por los bajos salarios no serían sostenibles, que incrementar el gasto en el capítulo de nóminas resta posibilidades de inversión y competitividad futura, que un salario mínimo demasiado alto ahogará sobre todo a las pequeñas empresas, que si se quiere de verdad aumentar los sueldos más bajos deberían aligerarse los impuestos al trabajo, etc. Todas estas cuestiones y las que dejamos al margen, pero que también abundan en los riesgos de la subida, deben escucharse y ser tenidas en cuenta.

Pero no dejan de advertirse en muchas ocasiones apriorismos de raíz ideológica que tienden a olvidar con demasiada facilidad que tras el concepto masa salarial lo que hay son personas. Y también que un proyecto empresarial asentado sobre la precariedad salarial y que no está en disposición de atender una retribución suficiente para sus trabajadores simplemente no es un negocio. Es otra cosa.

Si los regímenes totalitarios no hubiesen abusado del concepto de dignificación de la vida a través del trabajo, hoy no tendríamos reparos en aceptar que la afirmación es una verdad como un templo. Efectivamente, el trabajo hace más dignas a las personas. Simplemente, porque las hace trascender de sí mismas y participar activamente en el proyecto de construcción colectivo y diario que es una sociedad. Esa dignidad, como en el anuncio de la tarjeta de crédito, no tiene precio. Pero sí un salario. Y conviene que sea suficiente. Por el bien de todos. Y por ello es una buena noticia que la subida del salario mínimo siga siendo una prioridad.