Pesca de arrastre
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Valencia y el ahogo financiero del Levante español
Valencia es en estos momentos el ejemplo más claro de lo perjudicial, injusto e inequitativo que resulta para muchos españoles el sistema de financiación que lleva esperando su reformulación desde 2014
Hay vida política en España fuera del triángulo de la Moncloa, la Comunidad de Madrid y Cataluña. También la hay económica, empresarial y social más allá de los mismos protagonistas que son capaces de monopolizar casi en exclusiva una y otra vez la atención de la conversación pública de ámbito nacional.
Es interesante lo que sucede estos días en la Comunidad Valenciana a cuenta del debate abierto sobre financiación autonómica. Su presidente, Carlos Mazón, camina haciendo equilibrios entre la defensa de los intereses de sus ciudadanos y el tiento necesario para mantenerse en el redil popular que ha dibujado Alberto Núñez Feijóo para abanderar el discurso de que todas las comunidades autónomas gobernadas por los suyos defienden lo mismo.
En el cónclave popular de hace unos días para tratar el tema se interpretó como una victoria de Mazón que los barones territoriales dieran el visto bueno junto a Núñez Feijóo a la exigencia de un fondo de transitoriedad para auxiliar a las comunidades autónomas más perjudicadas por el sistema actual de financiación, que debería ponerse en marcha de inmediato y estar vigente hasta que no entre en vigor uno nuevo.
El gesto supone la aceptación por la vía de los hechos de que la infrafinanciación de algunos territorios, entre los que el valenciano ocupa un lugar destacadísimo, es un hecho, no un relato de ficción. Y en una segunda derivada confirma también que no todas las comunidades pueden defender lo mismo. Ni parten de la misma situación de ventaja ni tienen los mismos intereses. Si a Isabel Díaz Ayuso le va bien el inmovilismo, a Mazón le conviene agitar con energía el árbol que previamente han zarandeado otros, léase los independentistas de ERC y Junts.
Mazón no está solo en su casa. Los lobbies empresariales valencianos también se han activado. Por un lado, exigen a su presidente y al resto de formaciones políticas de la Comunidad Valenciana que salgan a pelear sin complejos una mejor financiación. Por el otro, van a proporcionar armamento argumental a Mazón para que en esta pelea de gallos en la que inevitablemente acabará convertida la negociación de un nuevo sistema de financiación salga lo mejor parado posible.
La Confederación Empresarial Valenciana (CEV) y la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) quieren que se aproveche el actual momento político en favor de los intereses valencianos, con independencia del juicio que merezcan los acuerdos de Sánchez con los independentistas para una financiación singular de Cataluña.
Un comprensible “de lo que haya, traiga”, que no hace asco ni a un hipotético escenario de negociación bilateral Comunidad Valenciana-Gobierno y tampoco a la negociación de una quita de la deuda, que en el caso valenciano asciende a 55.000 millones de euros, un 70% de los cuales son atribuibles en exclusiva a la infrafinanciación. Ambas cuestiones, deuda y bilateralidad, son anatema para Isabel Díaz Ayuso. Pero ya se verá si finalmente Feijóo puede mantener en el mismo corral a todos sus barones, con intereses no ya diferentes, sino contrarios.
La CEV, presidida por Salvador Navarro, y la AVE, dirigida por Vicente Boluda, llevan años navegando con el rumbo inalterable de situarse al margen de los vaivenes políticos para primar sus intereses y los de su comunidad.
Tienen ya experiencia previa en otras cuestiones. De hecho, fue el empresariado valenciano el que mantuvo viva en su día la llama del proyecto ferroviario del corredor mediterráneo. Ahora es el turno de la financiación. Salvador Enguix informaba ayer en La Vanguardia que la CEV está promoviendo una manifestación para que se visualice en la calle la exigencia de una mejora de la financiación en la línea de la que se promovió en 2021 a través de la plataforma Por una Financiación Justa.
Munición para que el presidente Carlos Mazón se haga valer en el mapa nacional del PP y pueda romper el rígido corsé que el liderazgo de Isabel Díaz Ayuso impone en la derecha española, confundiendo los intereses de la comunidad madrileña en un supuesto interés general que no soporta la mínima prueba del algodón.
Valencia es en estos momentos el ejemplo más claro de lo perjudicial, injusto e inequitativo que resulta para muchos españoles el sistema de financiación que lleva esperando su reformulación desde 2014. Que el PSOE y el PP solo hayan sido capaces desde entonces de adoptar una actitud reactiva cuando el separatismo catalán ha hecho valer sus votos en el Congreso y en el Parlament (para hacer presidente a Pedro Sánchez y a Salvador Illa) demuestra hasta qué punto la agenda política nacional vive al margen de las grandes cuestiones que afectan a lo más básico de la vida diaria en el país. Y lo difícil que resulta para los liderazgos territoriales defender los intereses particulares -pero legítimos- de los lugares en los que operan. Valencia como síntoma.
Hay vida política en España fuera del triángulo de la Moncloa, la Comunidad de Madrid y Cataluña. También la hay económica, empresarial y social más allá de los mismos protagonistas que son capaces de monopolizar casi en exclusiva una y otra vez la atención de la conversación pública de ámbito nacional.
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