El supuesto 'escándalo' de las conversaciones

El aparente desliz de Núñez Feijóo al referirse a sus conversaciones con Junts ha provocado un escándalo, según sus oponentes, que puede dar al traste con todos los esfuerzos del PP por presentar al PSOE de Sánchez como un grupo de desalmados dispuestos a entregar el Estado a Puigdemont si así se retiene el Gobierno. Se dice que la línea de acción del PP, marcada por la crítica a las continuas concesiones a los independentistas, se ha roto al saberse que, después de las últimas elecciones, también a ellos se les planteó por Junts la posibilidad de una amnistía y, paralelamente, se trató de un eventual indulto a Puigdemont.

Conviene recordar que toda la información la ha destapado el propio Feijóo, posiblemente, según se dice, para impedir que lo contara o diera su versión Puigdemont. Lo incomprensible es que el PP haya mantenido en secreto esas conversaciones como si se tratara de un pecado nefando, sin serlo, y ese innecesario secretismo es el que da a la información una dimensión de escándalo que no tiene sentido. Otra cosa es que el hecho haya sido interesadamente aprovechado para dar esa imagen.

Por su parte, el gran fugado ha declarado que si Junts hubiera apoyado la candidatura de Núñez Feijóo (a cambio de una amnistía) no se habría abierto la polémica sobre la inclusión en ella de los delitos de terrorismo y de traición, lo que se ha completado con informaciones procedentes del PP de acuerdo con las cuales ellos mismos tenían dudas sobre la posibilidad de acusar de terrorismo al propio Puigdemont, lo cual nada tiene que ver con la obligada exclusión del terrorismo, y, si fuera el caso, ya quienes deberían hacerlo (los jueces) dirían si había o no motivos para inculparle. Pero esa es otra historia.

Con la reunión de todos esos datos se completa el plato del escándalo, y se da el caso de que incluso socialistas críticos con Sánchez, como García Page, expresan su decepción al saber que también el PP estaba dispuesto a pecar contra la Constitución. Por su parte, Sánchez y Zapatero —el otro ideólogo de la demolición de la separación de poderes— han recibido la noticia como ducha fresca en plena canícula: la estrategia centrada en la denuncia de la impúdica abdicación constitucional que seguía el PSOE ha dejado de ser un argumento válido gracias a la supuestamente similar conducta del líder del PP.

Opinión

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Ese es, a grandes rasgos, el resumen de las noticias y sus efectos, dejando de lado, a propósito de estos últimos, el impacto que pueda tener en las elecciones gallegas, pues si hasta ahora se ha venido afirmando que los sucesos nacionales no repercuten especialmente en el votante galaico, tampoco estos últimos hechos habrán de provocar especiales consecuencias.

Con un análisis sosegado de los hechos creo que se puede llegar a conclusiones que diluyen bastante la entidad del supuesto escándalo. En primer lugar, hay que recordar que el ganador de las pasadas elecciones legislativas fue el PP, que Núñez Feijóo recibió el encargo de formar Gobierno y para intentar conseguir la mayoría que no tenía debió realizar su ronda de contactos, que, evidentemente, no llevaron a formar con el PSOE una gran coalición, como tantos hubiéramos deseado, pero sí incluyó a Junts, y eso, en sí mismo, es políticamente legítimo. El problema, y la correlativa censura, pues, no puede fundarse en haber tenido conversaciones, sino en las consecuencias de ellas, como luego las tuvo Sánchez con el resultado de todos conocido.

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Sabemos ahora que Junts planteó como condición la amnistía, a lo que el PP, tras pensar en el tema 24 horas y concluir que era inviable, dijo que no, pero, en cambio, se abrió a la posibilidad del indulto para Puigdemont, una vez que este se hubiera sido juzgado y condenado, lo cual, evidentemente, fue rechazado por Junts porque no satisfacía las exigencias del prófugo.

Contemplando la bronca que se ha organizado pareciera que el escándalo primero es que el PP hubiera estado pensando en la amnistía durante un día, dejando en la penumbra lo realmente importante: que descartó esa vía, cosa que Sánchez no hizo, pese a haber dicho lo contrario. En cuanto al indulto a Puigdemont, que sería rehusado por este, el problema insalvable es que pasa por la previa existencia de un proceso, una sentencia condenatoria firme y, tras ella, el expediente de indulto, y todo tiene que comenzar con la comparecencia de Puigdemont ante los tribunales españoles, trámite que el bravo fuguista no está dispuesto a soportar.

Basta reconstruir la historia con la ayuda de la hemeroteca para comprobar que desde el momento mismo en que se conocieron los resultados electorales en el PSOE cundió el optimismo, y se recordó a Feijóo que no debía presumir de haber obtenido el primer puesto porque no le iba a servir de nada, ya que nadie querría pactar con él. Quiere ello decir que en el PSOE sí sabían que iban a pactar con Junts, con ERC y con el lucero del alba, pues ya habían hablado del tema, y Puigdemont sabía que un PSOE en situación agónica firmaría las condiciones que le pusieran por delante. Siendo así, la sugerencia de que el PP estaba en la misma línea es burdamente fantasiosa.

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Volvamos al momento actual, en el que a un PSOE angustiado por el coste político que puede tener su genuflexión ante Junts se le abre el cielo y le permite decir que el PP habría hecho exactamente lo mismo, y la prueba es que había comenzado a hacerlo… durante 24 horas. Pretender equiparar eso con la cadena de concesiones aceptada por el PSOE desde que se suprimió el delito de sedición (otra cosa es que ese concreto tipo tenía que desaparecer) y luego el de malversación (mal reformado) hasta las actuales dudas sobre la inclusión del terrorismo en el ámbito de la amnistía, no es admisible, sino escandaloso de verdad.

Problema diferente es el de la decepción que muchos sienten al descubrir que también el PP hubiera estado dispuesto a indultar a Puigdemont, aunque el indulto no sea igual que la amnistía. Para los que así piensan la única respuesta posible es la dura lex sed lex, lo cual presupone la negativa a aceptar que en ocasiones es necesario acudir al derecho de gracia como modo de superar tensiones que de otra manera se enquistarían durante mucho tiempo. El supuesto ideal de que el sistema penal no contemple ninguna gracia es todo lo contrario a un ideal y sí, solo, un empecinamiento en mantener la represión no como una respuesta posible, que admite excepciones por razones político-criminales, sino como una respuesta única.

Recuérdese que otros protagonistas del procés fueron juzgados y condenados, y ya en fase de cumplimiento recibieron un indulto parcial, que permitió anticipar su puesta en libertad, si bien no alcanzó a lo que más preocupa de muchos de ellos, que es la recuperación completa del derecho de participación política. Esa es una de las cuestiones más candentes en el marco de la discusión por la amnistía, pues los que en su día fueron indultados, y otros que no han sido juzgados, tienen en el centro de sus preocupaciones la pena de inhabilitación para cargos públicos, en cuya cancelación vía amnistía confiaban, y que además fuera pronto, para poder presentarse a los diferentes comicios que se avecinan.

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Ya se ha escrito bastante sobre la ley de amnistía y su difícil futuro, pero tampoco es cierto que la aplicación del perdón a las penas de inhabilitación no sea posible de otro modo. Es verdad que el art. 6 de la ley de indulto dispone que “El indulto de la pena principal llevará consigo el de las accesorias que con ella se hubiesen impuesto al penado, a excepción de las de inhabilitación para cargos públicos y derechos políticos y sujeción a la vigilancia de la autoridad, las cuales no se tendrán por comprendidas si de ellas no se hubiese hecho mención especial en la concesión”. Es evidente que eso no sucedió, pero nada impide que el Gobierno amplíe la gracia de indulto y la extienda a esa clase de penas y ahí se plante. Claro que eso no dejará satisfechos a los que exigen la amnistía integral, pero tampoco se trata de que esa tropa esté contenta, y, en ningún caso, puede gustar a Puigdemont, pues lo que él querría no sería un indulto integral que alcanzara a la pena de inhabilitación, sino un indulto anticipado, esto es, sin previo juicio y sin presentación ante los tribunales penales.

Y eso, indudablemente, no tiene cabida en la ley de indulto, de ahí su fijación con la amnistía, y esperemos que sus deseos se frustren.

*Gonzalo Quintero Olivares, catedrático de Derecho Penal y abogado.