¿Por qué deberíamos creer al CIS o al nuevo Banco de España?

Algunas instituciones del Estado tienen una función explicativa. Su cometido es contar a los ciudadanos cómo van las cosas. Están dirigidas por personas nombradas por políticos, con los que suelen compartir ideología, y sometidas a sus presiones. Pero esas instituciones son creíbles en la medida en que la información que transmiten parece fiable, por lo que intentan mantener una apariencia independiente. Ese es el caso de la Agencia EFE, Radio Televisión Española, el Centro de Investigaciones Sociológicas o el Banco de España.

Pedro Sánchez ha decidido que la apariencia de relativa imparcialidad mantenida por estas instituciones que nos cuentan regularmente cómo va el país, y en algunos casos el mundo, es innecesaria. La información que transmiten no solo tiene que estar supeditada a las necesidades del Gobierno, sino que es irrelevante que esa supeditación resulte evidente.

La Agencia EFE tiene 2.000 empleados desplegados en varios continentes para recopilar información global y ofrecérsela a los medios en lengua española; en 2023, Sánchez nombró jefe de la agencia a Miguel Ángel Oliver, que antes había sido su secretario de Estado de Comunicación, un cargo eminentemente político. RTVE tiene 6.000 empleados, un presupuesto de casi 1.200 millones de euros y la misión de ofrecer información gratuita y sin intereses comerciales a la ciudadanía; en primavera de este año, su consejo, escogido por las Cortes, designó presidenta interina a Concepción Cascajosa, que fue militante del PSOE hasta el día de su nombramiento. El CIS tiene el encargo de mantener series históricas que permiten conocer la evolución de las opiniones de los españoles sobre cuestiones tan dispares como la intención de voto, sus creencias religiosas o su estilo de vida, y ponerlas a disposición de la sociedad; desde 2018, su presidente es José Félix Tezanos, que ha acumulado cargos en el PSOE desde los años ochenta. El Banco de España no tiene hoy las mismas responsabilidades monetarias que antes de la entrada en vigor del euro, pero es el principal centro de estudios económicos de España y publica influyentes análisis sobre la coyuntura económica y evalúa las medidas —sobre pensiones, trabajo o fiscalidad— que adoptan los Gobiernos; José Luis Escrivá pasará directamente de ministro a gobernador del BdE, algo que no sucedía desde el franquismo, lo que implica que tendrá que supervisar medidas que él mismo diseñó.

Si existen, deben ser creíbles

Es discutible que todas estas funciones deban realizarlas organismos del Estado. No creo que este necesite una agencia de noticias, entendería el cometido de una televisión pública si no emitiera Masterchef o El Grand Prix, creo que el INE —que sí es imprescindible y funciona— podría hacer muchas de las funciones del CIS, y me parece que en España ya existen suficientes centros de estudios económicos de calidad probada como para necesitar que el BdE dedique a esa tarea a algunos de los funcionarios mejor pagados de la Administración Pública.

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Pero si decidimos tener esas instituciones explicativas y financiarlas, estas deben ser creíbles. Deben ser capaces de hacer que los ciudadanos confíen razonablemente en la veracidad de lo que dicen. Es imposible que sean apolíticas, dado que en España todos los nombramientos de cargos públicos son de carácter no solo ideológico, sino partidista. Aun así, deben mantener las apariencias y, si es necesario, incluso una dosis controlada de hipocresía. De lo contrario, su relato se viene abajo. Eso ha sucedido antes, también con el PP, pero es lo que está sucediendo, en mayor grado, desde que Sánchez ha decidido manejarlas como ministerios; es decir, como instituciones dedicadas a la gestión política, y no como generadoras de información fiable para el público.

Por supuesto, ese descrédito no es inmediato; para empezar, todos esos organismos cuentan con excelentes profesionales que siguen haciendo un buen trabajo. Tampoco es universal: es probable que muchos ciudadanos crean que está justificado que las instituciones públicas hagan un relato puramente político de la realidad; en especial, cuando ese relato coincide con su ideología. Y no es total: queramos o no, seguiremos necesitando algunas de las cosas que hacen esos organismos.

Sin embargo, estas instituciones se van volviendo irrelevantes: poco a poco, desaparecen las razones para creer en ellas. A menos que uno sea un fan del Gobierno, ¿qué credibilidad se puede otorgar a una presentadora de la televisión pública que tuitea de manera frecuente insultando a la oposición? ¿Por qué debería un periódico informar de lo que dice el CIS acerca de la intención de voto de los españoles cuando el centro aplica sistemáticamente un sesgo favorable a la izquierda? ¿Qué interés puede tener leer un informe del BdE dirigido por Escrivá sobre la reforma de las pensiones o el impacto del ingreso mínimo vital que él mismo diseñó?

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Sánchez decide esta clase de nombramientos por arrogancia: se trata de una manera de demostrar que su poder es enorme y no necesita respetar las convenciones institucionales. Pero también lo hace porque piensa que ninguna parte del Estado debe ser imparcial, y mucho menos las que ofrecen a los ciudadanos los mimbres con los que pueden hacerse una idea de cómo va el país, qué tal lo hace el Gobierno, o cuáles son las opiniones mayoritarias. Sin embargo, cuando estas instituciones no gozan de una credibilidad mínimamente transversal, solo sirven para embarrar. No resultan creíbles, ni siquiera, como propaganda.