Portavoces o portacoces

El papel de portavoz es uno de los más ingratos de la política, porque comporta una renuncia radical a la libertad de expresión. Al portavoz le está vedado expresar sus propias ideas: se supone que su misión es poner voz a lo que otro u otros desean que se dé a conocer. Alguien le instruye sobre los mensajes y él o ella los emite de la mejor forma posible. A través del discurso de los portavoces y de su forma de comportarse en público conocemos las intenciones y la personalidad de sus jefes. Si un portavoz miente reiteradamente, o injuria a los adversarios, o practica la demagogia, es porque quien lo designó y lo maneja desea que lo haga.

Si el portavoz es listo y hábil, se atendrá a las órdenes recibidas y, además, cometerá pocos errores e incluso salvará a sus superiores de algunos líos. Es imposible no recordar, como modelo ideal del cargo, el grandioso personaje de C.J. Cregg que interpretó Allison Janney en El Ala Oeste de la Casa Blanca. Si el portavoz es inexperto y torpe, meterá la pata con frecuencia, pisará charcos innecesarios y terminará resultando un problema —o, quizás, un parapeto de conveniencia, disponible para recibir las bofetadas que corresponderían a otro—.

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No tiene suerte Pedro Sánchez con la elección de sus portavoces, aunque también es posible que los elija deliberadamente así porque esa sea su concepción de la información que un presidente debe transmitir. Ahora mismo tiene una portavoz que lo es presuntamente del Gobierno, pero que convierte cada comparecencia oficial en un mitin partidista cargado de embustes y de insultos a la oposición; otra portavoz que lo es del Partido Socialista, y que cuando abre la boca deja en mal lugar su cargo complementario de ministra de Educación, y un portavoz parlamentario que, en cada una de sus intervenciones en la tribuna, deshonra el parlamentarismo y produce rubor por lo turbio y rudimentario de sus soflamas. Todos ellos obtienen regularmente sobresaliente en sectarismo.

En una ocasión, Sánchez se equivocó y designó portavoz parlamentario a una persona sensata, prudente y bastante aceptable en cuanto a urbanidad básica; pero tardó muy poco en comprender su error y cesarlo. Tras unos meses en el purgatorio, ahora le ha encomendado que apure los últimos meses de la legislatura en el Ministerio de Industria, ocupando la vacante de Reyes de Madrid. Me conformo con que este nuevo ministro no aparezca en plena campaña mostrando una navaja ensangrentada fake para atizar la hoguera de las bajas pasiones.

Los sucesivos portavoces gubernamentales y parlamentarios designados por Sánchez se han ganado con creces la descripción de portacoces

Con esa honrosa excepción, los sucesivos portavoces gubernamentales, partidarios y parlamentarios designados por Sánchez —mayormente mujeres— se han ganado con creces la descripción alternativa de portacoces. Como se dice formulariamente en Estados Unidos de los altos funcionarios del Gobierno, todos ellos han actuado y actúan at the pleasure of the president. El más repulsivo fue aquel que equiparó un recurso de inconstitucionalidad con el 23-F y las togas de hoy con los tricornios de aquel golpe.

Es fácil solventar el reproche diciendo que todos los anteriores portavoces del Gobierno hicieron el mismo uso de las ruedas de prensa oficiales. Es fácil y es falso. Por mencionar solo algunos nombres, no lo hicieron Solana, Rosa Conde o Rubalcaba con Felipe González, no lo hizo Josep Piqué con Aznar, ni Teresa Fernández de la Vega con Zapatero, ni Íñigo Méndez de Vigo con Rajoy. Puede que exageraran los méritos del Gobierno de turno, pero no transformaron la sala de prensa de la Moncloa en una pocilga semanal de injurias al líder de la oposición. Y mucho menos en pleno periodo electoral.

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Llámenme quisquilloso, pero resulta que, en unas elecciones de ámbito nacional (las municipales del 28-M lo son), el Gobierno actúa como Administración electoral, lo que redobla su obligación de ser especialmente escrupuloso en el uso de los recursos públicos y separar nítidamente el plano institucional del partidario. Escucho a un exdirigente de Podemos sostener, en una tertulia televisiva, que este criterio es ridículo porque, al fin y al cabo, todo es “hacer política”; y me hago aún más consciente de la distancia sideral entre una y otra cultura y del grado preocupante en que la lógica del populismo extrainstitucional ha impregnado a su socio mayoritario.

Aún no ha comenzado la campaña oficial y la Junta Electoral ha amonestado ya en varias ocasiones a la portavoz del Gobierno por lanzar discursos descaradamente sectarios en pleno periodo electoral, adornados con epítetos ofensivos a otras fuerzas políticas y una buena colección de falsedades y datos adulterados. Da igual: aunque reciba una sanción, esta será tan minúscula que siempre le será rentable persistir en su actitud. Si eres un conductor temerario y te multan con dos euros por circular a 200 por hora en dirección contraria, los pagas con gusto y aprietas aún más el acelerador.

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Si el Código Penal tipificara como delitos electorales estos abusos de poder (como la publicidad institucional masiva que recibimos estos días, carente de toda finalidad informativa y meramente autolaudatoria) y castigara a sus autores y responsables con penas de inhabilitación, es probable que se lo pensaran mejor.

Luego está lo que es ya juego sucio sin más. Al parecer, el presidente de Extremadura y candidato del PSOE ha conseguido apañar el debate televisivo para que en él participen 11 partidos —parlamentarios, extraparlamentarios y mediopensionistas— y que el debate se celebre precisamente el 17 de mayo, coincidiendo casualmente con el partido de vuelta de la semifinal de Champions entre el Real Madrid y el Manchester City. ¿Tanto miedo tiene Fernández Vara a un debate en televisión? Un sabotaje muy parecido ideó en 2015 Monago, asesorado entonces por Iván Redondo, al parecer con éxito: el debate degeneró en un barullo tan indigno que ni siquiera pudo emitirse en directo. Por supuesto, el candidato Fernández Vara puso entonces el grito en el cielo ante la tropelía que él ahora imita. Digo yo que lo menos que se puede pedir a una trampa es que sea nueva.

Como es evidente que los políticos no tienen la menor voluntad de limitar por ley estos comportamientos que ensucian y manipulan los procesos electorales (hoy por ti, mañana por mí), solo queda un arma correctiva, y la tenemos los electores. Si fuéramos la mitad de exigentes no votando a partidos desaprensivos como lo somos no comprando productos que sospechamos contaminados, la salubridad del sistema político mejoraría de forma espectacular. Quizás esto sea un síntoma delator de maldito neoliberalismo por mi parte, pero en la política, como en los negocios, no hay sanción tan efectiva y disuasoria como la del mercado.