Puigdemont: perro ladrador, poco mordedor

Tiene mucha razón Marcos Lamela: todo parece estar ya dispuesto para que, en un par de semanas, comprobemos que aquí el único que cobrará por adelantado se llama Pedro Sánchez. Todos los demás, desde la sumisa Yolanda Díaz al aparentemente feroz Puigdemont, primero pasarán por la caja de la investidura y después, si eso, irán recibiendo el pago por los servicios prestados en la forma y plazos que mejor convengan al reelegido presidente.

O los servicios de propaganda de la Moncloa están realizando una operación sin precedentes de intoxicación masiva o, efectivamente, la investidura de Sánchez está a la vuelta de la esquina sin que el candidato tenga que entregar previamente nada distinto a un puñado de palabras —que, viniendo de quien vienen, pueden pasar del estado sólido al líquido y al gaseoso, o al revés, en cualquier instante una vez cobrada la pieza principal, que es su nombramiento en el BOE—.

Todo indica que lo que se está negociando en esta fase final es la literalidad del discurso de investidura que Sánchez pronunciará en el Congreso. O quizá, para singularizar a los socios, los términos exactos que usará en las réplicas para suministrar a cada uno la coartada que le permita presentar ante su parroquia la entrega del poder a Sánchez como una conquista histórica para su causa. Por lo demás, ninguno de ellos recibirá “hechos, y no palabras” antes de que la presidenta nominal del Congreso (que espera instrucciones del mando para poner fecha al evento, como hará durante toda la legislatura) proclame el resultado de la votación. Quien mejor lo entendió desde el principio fue Bildu: por eso se ahorraron el enojoso trámite de presentar exigencias preliminares y, ellos sí, han sido los únicos en recibir una recompensa adelantada: la sonriente (¿o sangrante?) foto de un presidente del Gobierno de España estrechando la mano de quien fue delatora al servicio de ETA.

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Impresiona releer, 52 días después, el bravío alegato con el que Carles Puigdemont, desde su guarida belga, hizo públicas sus condiciones para siquiera tomar en consideración la hipótesis de que los siete diputados bajo su mando entregaran sus votos a Sánchez. Aparentemente, aquello era más una provocación que una plataforma negociadora digna de ser escuchada.

Arrepentimiento explícito por la represión del procés (y, de paso, por toda la historia de España desde 1714). Reconocimiento público de la justeza política de la sublevación independentista de 2017. Paralización “inmediata y efectiva” de las causas judiciales en curso contra cualquier ciudadano que acreditara su condición de nacionalista catalán, al margen del motivo de su procesamiento. Aprobación parlamentaria, previa a la investidura, de una ley de amnistía. Fijación de fecha para el referéndum de autodeterminación.

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Esas fueron las condiciones que estableció Puigdemont el 5 de septiembre no para votar la investidura de Sánchez, sino para hacer viable el inicio de la negociación. Perro ladrador, poco mordedor. El candidato en ciernes sabía que todas ellas eran impostadas, porque la negociación con Puigdemont estaba en marcha desde la mañana del 24 de julio y porque es evidente que el fugitivo se muere de ganas de regresar triunfalmente a Barcelona, esquivar la cárcel para siempre y disponerse a machacar de una vez a su verdadero enemigo, que no son España ni su Gobierno, sino la otra rama del independentismo, la que usurpa su sillón presidencial y ahora manda en Cataluña de la mano del PSC.

Ciertamente, Puigdemont posee la llave de la investidura de Sánchez. Si no se la entrega, lo peor que le puede pasar al actual presidente en funciones es tener que jugarse el poder de nuevo en unas elecciones el 14 de enero. Para él la cosa es crítica, pero no grave. Ahora bien, Sánchez tiene otra llave mucho más valiosa para el carlista de Waterloo: la de la celda que le espera (a él y a varios centenares de sus legionarios) si, en este trance, no se comporta como se espera de él.

Si la amnistía salvadora no viene a garantizar su impunidad, es cuestión de tiempo que Puigdemont termine delante de un juez español y, con toda probabilidad, pasando una temporada entre rejas con una condena por corrupción (la de sedición ya se la han quitado por la vía de suprimir el delito). Y si algo ha demostrado el exalcalde de Girona es su escasísima predisposición al martirio.

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En el momento en que los siete diputados de Junts impidieran la investidura, Sánchez, sus seguidores partidarios, su flota mediática y sus jurisconsultos de cámara olvidarían instantáneamente el esforzado discurso de la reconciliación y la concordia y se aprestarían a hacer pagar a Puigdemont y los suyos su falta de colaboración a la causa del Gobierno progresista. Yo no seré presidente de momento, pero tú te pudrirás en el destierro o en la cárcel: ese es el verdadero tenor del patriótico diálogo político que se desarrolla en estos días entre los comisionados monclovitas y los de Puigdemont, encabezados por un leguleyo presunto blanqueador de dinero para el narcotráfico. Todo muy edificante.

Previsiblemente, Puigdemont votará la investidura sin haber conseguido ninguna de sus exigencias preliminares y a cambio únicamente de un puñado de promesas fácilmente formateables. Sí, se presentará y aprobará una ley de amnistía en la que no se mencione la palabra amnistía. Si hay que prescindir de la exposición de motivos para no pisar ciertas minas, se hará (invocando el precedente de la amnistía de 1977), o se redactará una cosa inocua y burocrática para pasar el trago. Como es seguro que el Supremo y otros tribunales con causas en curso presentarán cuestiones de inconstitucionalidad que paralizarían la aplicación de la ley, será un juego de niños ajustar los plazos de la sentencia a la conveniencia política del Gobierno progresista.

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Si es necesario que el Tribunal Constitucional se pase cuatro años estudiando la cuestión —o al menos, hasta que pasen las elecciones catalanas y se materialicen la victoria de Illa y la reedición del tripartito sin la molesta presencia de Puigdemont en la contienda—, no habrá mayor inconveniente en hacerlo. Si han podido emplear 15 años en resolver lo del aborto, qué menos que dedicar dos o tres a dilucidar tan compleja cuestión como la amnistía. Si finalmente sobreviene una sentencia negativa, qué se le va a hacer: Sánchez habrá cumplido su parte del compromiso y siempre se podrá organizar una manifestación en Barcelona contra el Tribunal Constitucional, con el president Illa portando la pancarta.

Igualmente, Sánchez anunciará en su discurso algo suficientemente vaporoso y confuso para que unos lo interpreten como una promesa de referéndum y otros como una inocente votación de los catalanes sobre su futuro político (no vinculante, por supuesto). O lo remitirá a un “diálogo constructivo” de plazos imprecisos, o quizá se conformen unos y otros con reproducir el acuerdo que ya firmó en su día el Gobierno con ERC. Lo demás será ir midiendo con cautela el grado de resistencia de los materiales (en este caso, de la opinión pública española) para concretar la fórmula del simulacro que deje a todos satisfechos sin poner en peligro las cosas de comer.

El caso es que al desafiante Puigdemont del 5 de septiembre le han tomado la medida y la cabellera. Después de sacar pecho, se verá forzado a hacer algo tan sumamente azaroso como fiarse de la palabra de Pedro Sánchez, y las casas de apuestas solo admiten traviesas sobre la forma en que pasará por el aro, explicando a los suyos que eso es el pacto histórico que redime al pueblo catalán de todos los agravios sufridos desde que los Borbones derrotaron a los Austrias por el trono de España, hace ahora 309 años. Una buena épica siempre resulta funcional para vestir un ridículo.