Caso Montoro: ¿jueces fascistas a tiempo parcial?

Si un acusado de homicidio tratara de defenderse argumentando que hay muchos homicidas, su estrategia procesal sería suicida y su estatura moral quedaría por los suelos. Eso define la eufórica reacción gubernativa ante el renacido "caso Montoro".

Un juez de Tarragona ha declarado investigado a Cristóbal Montoro y otros ex altos cargos por diversos actos de corrupción presuntamente cometidos hace doce años. Montoro fue ministro durante la segunda legislatura de Aznar y todo el mandato de Rajoy, lo que lo señala como el ministro de Hacienda más duradero de la democracia (no precisamente el mejor ni el más honorable).

Su imputación es una noticia de interés. Quizá no tanto para dedicarle portada a cuatro columnas y varias páginas de información nacional, como El País, ni tan poco para esconderla en una esquina de la última página de la sección de economía, como El Mundo. Esto forma parte de la ley del embudo que regula universalmente la política en España, a la que no escapa la mayoría de los medios. Se trata mayormente de ahorrar al lector la molestia de pensar.

La noticia se ha recibido en el oficialismo con júbilo inocultado, no exento de obscenidad. Llevan varias semanas esperando algo parecido como un sediento en el desierto espera un trago de agua. Delataron que poseían información privilegiada, porque varios miembros del Gobierno, empezando por el presidente, anunciaron en el Congreso que pronto llegaría un rescate en forma de problemas judiciales para el PP.

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La desesperación tiene esto: cuando el adversario tropieza, tu descalabro se te hace más llevadero. Como de costumbre, el más zafio del pelotón ha sido el fusilero Puente, que se apresuró a reclamar prisión provisional para Montoro como revancha por lo de Santos Cerdán. Un razonamiento procesal propio de un garrulo con ínfulas de jurisconsulto.

Que en el PP se practicó profusamente la corrupción es cualquier cosa menos una novedad. Durante años se amontonaron las causas judiciales sobre el partido del poder, que reaccionó con el mismo protocolo negacionista, obstructivo y paranoico que ahora reproduce el PSOE (salvo, quizá, una mayor contención del PP en las injurias a los jueces). Este caso Montoro que tanto se jalea en Moncloa es un residuo pendiente de aquel período; seguro que hay más, los defensores del alcázar asediado lo saben y lo esperan. Pero quizás harían bien en moderar la expresión de su alborozo. Más allá del alivio instantáneo que produce el mal ajeno, no termina de verse el beneficio judicial, político o moral que pueden obtener de ello.

En lo judicial, ni uno ni diez casos Montoro que aparezcan de las brumas del pasado mejorarán un ápice la situación pescuecera del Gobierno actual y su partido ante los tribunales. Los Ábalos, Koldo, Cerdán, Begoña Gómez, García Ortiz, David Sánchez, Gallardo y todos los que están en lista de espera (¿incluido el jefe de la banda?) soportarán igualmente el calvario procesal que les espera. Ni siquiera les servirá para despistar o lograr alguna indulgencia de la opinión pública: al contrario, esta se irá enconando más y más, y es sabido que el encabronamiento social siempre lo paga en primer lugar el que manda.

Por otro lado, festejar en demasía las resoluciones judiciales favorables al Gobierno o perjudiciales para la oposición compromete la estrategia oficial, consistente en demoler el crédito del Poder Judicial, aventar el disparate populista del lawfare y preparar el terreno para denunciar formalmente un golpe de Estado judicial si las cosas llegaran a ponerse realmente feas en lo personal para el inquilino de la Moncloa.

El Tribunal Supremo ha desautorizado sin contemplaciones varios aspectos chapuceros de la instrucción del juez Peinado en el caso de Begoña Gómez. En concreto, el intento de imputar al ministro Bolaños con una argumentación peregrina. Resulta que entre quienes firmaron esa resolución de puro sentido común están, por ejemplo, el magistrado Pablo Llarena, detestado instructor del procés; Ángel Hurtado, que pide el procesamiento del fiscal general del Estado; y Leopoldo Puente, conductor de la investigación del caso Koldo y responsable de que Santos Cerdán esté en chirona.

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Es la Sala Segunda que condenó a los políticos insurrectos de 2017 y se opuso a los indultos y, aun con más energía, a la autoamnistía con la que Sánchez compró su investidura. Es la cueva fascista desde la que, según pregonan los gerifaltes del kirchnerismo (perdón, del sanchismo) se urde el golpe judicial para derrocar al gobierno legítimo y progresista.

A ver si nos aclaramos. Esos jueces ¿son conspiradores fachas por la mañana y por la tarde administradores ejemplares de la justicia socialdemócrata (la única realmente justa)? La negativa a imputar a Bolaños o a encarcelar a Ábalos ¿forma parte del lawfare? La nomenklatura monclovita debe comprender que, si se está a Rolex, no se puede estar también a setas. No cuela lo de los jueces fascistas a tiempo parcial.

El Partido Popular se enfangó en un pantano de corrupción y pagó por ello. Más de cuatro millones de votos perdidos, un Gobierno expulsado del poder por el Parlamento y un pelotón de dirigentes encarcelados, entre ellos un exvicepresidente del Gobierno, el expresidente de una comunidad autónoma y el tesorero nacional del partido, además de subsecretarios, directores generales, alcaldes, presidentes de diputación y empresarios corruptores. Hoy el enfangado es el partido de Sánchez. Si pagara un precio parecido como merece sobradamente, me daría por satisfecho como ciudadano.

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El caso es que no está en absoluto dispuesto a ello porque la izquierda no roba, lo que es una muestra de cinismo descarado, de ignorancia histórica o, más probablemente, de ambas cosas. Cuando se extravía moralmente, la izquierda roba, mata, tortura y encarcela tanto como el que más, porque la experiencia demuestra que los fanáticos y los canallas se reparten equitativamente por todo el espacio ideológico.

Con todo, el daño autoinducido más profundo del sanchismo es hacer visible que su objetivo principal en este momento es arrastrar al PP a un empate en materia de corrupción.

Los dirigentes sanchistas ya no defienden su inocencia sino su inmunidad, y con ello quiebra la coartada de la superioridad moral de la izquierda, tan eficaz durante décadas. No buscan encarecer la corrupción, sino abaratarla.. Han renunciado a demostrar que los suyos no usan el poder para robar y sólo aspiran a recordar que los otros también robaron cuando tuvieron el poder. No es lo mismo sostener que yo no soy golfo como tú (versión antigua de la superioridad moral) que contentarse con hacer ver que tú eres tan golfo como yo (versión moderna de la decadencia moral)

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Al parecer, con un empate por los suelos se dan por satisfechos. Sobre todo, sabiendo como saben que así suministran toneladas de gasolina electoral a la extrema derecha, con la que mantienen una sociedad de auxilios mutuos desde el primer día.