Conde-Pumpido, primer aviso de ilegalidad

El prestigio biográfico de Cándido Conde-Pumpido ha comenzado a tiritar, que no es poca cosa para un hombre tan preocupado como dicen que está por saber cómo pasará a la historia, si estará a la altura de los eminentes juristas de su familia. Tiritan los destellos y se alargan las sombras después de que la Audiencia de Sevilla haya planteado un conflicto de competencia inédito en la democracia española, en el que acusa abiertamente al Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido de haberse saltado la ley. Jamás había ocurrido algo así en medio siglo de democracia y será algo que también debamos anotar en los ‘logros’ del presidente Pedro Sánchez, que es el que ha provocado este choque de trenes en España por salvar a los condenados del PSOE en el fraude milmillonario de los ERE de Andalucía. Otra primera vez en el deterioro institucional que padece España.

En esta ocasión, como ese mismo Tribunal Constitucional tiene que pronunciarse aún sobre algunas atrocidades legislativas del Gobierno de Sánchez, principalmente la ley de amnistía, la decisión de la Audiencia de Sevilla cobra una importancia extraordinaria. Dicho de otra forma, hasta que la Justicia europea no se pronuncie sobre la polémica sentencia de los ERE, el Tribunal Constitucional estará bajo sospecha de haberse saltado la ley por la obediencia de sus magistrados a los dictados del Gobierno. Con lo cual, lo mejor es comenzar por el detalle cronológico de este conflicto, que será lo que mejor nos desvele la gravedad de lo que está sucediendo.

Todo comienza en julio del pasado año, cuando el Tribunal Constitucional resuelve los recursos que habían planteado los condenados de la ‘pieza política’ del fraude de los ERE, es decir los presidentes y consejeros de la Junta de Andalucía, todos ellos del PSOE, que urdieron un sistema opaco para distribuir a su antojo cientos y cientos de millones de ayudas sociolaborales. Como es sabido, y conviene recordar siempre, el Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial, sino que su labor se limita a la vigilancia del cumplimiento de la Constitución en todas las leyes y sentencias que se dicten en España. Por lo tanto, cuando se eleva una sentencia firme hasta el Tribunal Constitucional, lo que jamás ocurre, o mejor, lo que jamás había ocurrido es que en su resolución se pronunciara sobre la valoración de las pruebas ni sobre la estimación de los delitos que los tribunales ordinarios, en plena facultad de su jurisdicción, hubieran apreciado. Sólo si se vulneran derechos constitucionales, como el derecho a la defensa, por ejemplo, o el derecho a la libertad de expresión, como reclamaron en su día los condenados de la revuelta catalana.

El Tribunal Constitucional analizó esos recursos del procés soberanista y estimó, tras la impecable vista oral que presidió el magistrado Manuel Marchena, que no se había vulnerado ningún derecho constitucional. Ese mismo criterio lo refrendó luego la justicia comunitaria. Lo que no ocurrió entonces fue que el Constitucional cuestionara la sentencia del Tribunal Supremo, que desacreditara el criterio penal de los magistrados, y les ordenara que dictaran otra sentencia excluyendo aquellos delitos que consideraban que no se había cometido. Esa lógica jurisdiccional, intocable en un Estado de derecho, fue la que se saltó el Tribunal Constitucional de Conde-Pumpido para exonerar de toda culpa a los dirigentes socialistas de Andalucía condenados por los ERE.

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Si los magistrados de la Audiencia de Sevilla, primero, con una sentencia de 1.821 folios, y los del Tribunal Supremo, después, analizaron detalladamente la toma de decisiones del Gobierno andaluz y tomaron una decisión, el Tribunal Constitucional carece de competencias para rebatir ese criterio penal. Dicho sea, por cierto, sin mencionar, siquiera, la cualificación profesional de la ponente de la sentencia del Constitucional, Inmaculada Montalbán, que sin ser especialista en Penal decidió enmendarle la plana a quienes habían estudiado el fraude de los ERE durante años…

Como nunca había ocurrido algo así, desde julio pasado, en la Audiencia de Sevilla, y también en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y en el Consejo General del Poder Judicial, se han estado resolviendo algunas cuestiones previas, ninguna de ellas menor, sobre cómo afrontar la orden del Tribunal Constitucional de dictar una nueva sentencia, a partir de su criterio sobre qué delitos había que excluir para que resultaran parcialmente absueltos varios procesados. Cuestiones técnicas y procedimentales como la composición del tribunal, por ejemplo, porque dos de los tres magistrados que dictaron la sentencia ya no se encontraban en la Audiencia de Sevilla. O si se debía celebrar un nuevo juicio, o no, porque ningún magistrado puede dictar una sentencia sin haber asistido al ‘sagrado’ ritual de la vista oral, donde de practican las pruebas que determinan la inocencia o la culpabilidad de una persona.

Opinión

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Pues bien, lo que ha ocurrido finalmente es que una vez constituido un nuevo tribunal, excepcionalmente ampliado a cinco miembros, en vez de tres, la decisión ha sido la de ignorar el mandato del Tribunal Constitucional y no habrá nueva sentencia de los ERE, exculpando a los líderes socialistas de Andalucía, hasta que la justicia europea se pronuncie sobre la posible ilegalidad cometida por Conde-Pumpido. La nota de la Audiencia de Sevilla contiene expresiones tan severas contra el Tribunal Constitucional como la de contemplar “la posibilidad de que la doctrina [de Conde-Pumpido] incumpla las exigencias internacionales de lucha contra la corrupción política”. Aún más, esta otra que abre la puerta a la desobediencia de un Tribunal Constitucional politizado, cuando este ignora sus propios límites jurisdiccionales: “la posibilidad de que los tribunales ordinarios no apliquen las sentencias del Tribunal Constitucional interpretativas” de sentencias firmes de los tribunales ordinarios nacionales.

Ese es el ‘choque de trenes’ del que se hablaba. En suma, la consecuencia inevitable de una forma de gobernar. Ya tenemos a un fiscal general del Estado a punto de sentarse en un banquillo, acusado por los propios fiscales también, y al presidente del Tribunal Constitucional, acusado por otros jueces y magistrados, de haberse saltado la ley. ‘Derribos Sánchez S.L.’