La clave del pacto con Puigdemont: hacer de la necesidad de Sánchez virtud de España

Para medir en toda su extensión las implicaciones del precio que Sánchez se dispone presumiblemente a pagar por los siete de votos del partido de Puigdemont para su investidura, es preciso leer con mucha atención las 2.576 palabras de la declaración que el caudillo secesionista fugado recitó desde su refugio (cortejar como sostén de tu Gobierno a quien estás obligado a perseguir como delincuente es uno más de los muchos contrasentidos de nuestro actual esperpento político). Hay que leerlas íntegramente y, además, tomarlas en serio. Como de costumbre, los aliados de Sánchez son más transparentes e iluminan el escenario con más claridad que el Houdini de la Moncloa y sus cortesanos.

Carles Puigdemont es uno de los escasísimos dirigentes nacionalistas que pronuncian la palabra España. Ayer lo hizo en tres ocasiones, todas ellas para identificarla como el primer enemigo de su causa y la responsable de todos los males de Cataluña en los tres últimos siglos. “España es un recurso inusual en la resolución de los retos democráticos”, escupió nada más empezar. España como secular potencia opresora, la independencia como única vía efectiva para la liberación de Cataluña: este es el fundamento conceptual de todo el pensamiento puigdemoníaco. Como se comprueba en afirmaciones tan contundentes como que "no existe un camino alternativo a la independencia que pueda garantizar el respeto y la supervivencia de Cataluña" y que “no hay una receta autonómica para resolver los problemas de Cataluña”.

Esas y otras muchas frases delirantes no son brindis al sol ni meros enunciados retóricos. Forman parte de “identificar adecuadamente los elementos del conflicto”, cuyo reconocimiento expreso se plantea como la primera de las condiciones preliminares para habilitar el inicio de una negociación.

Hay más condiciones previas. Puigdemont pone deberes a Sánchez. Para ganarse la posibilidad de empezar a negociar, el jefe del PSOE debe empezar por reconocer “la legitimidad democrática del independentismo”. No una legitimidad genérica, que esa ya está reconocida —no por Sánchez, sino por la Constitución—, puesto que sus partidos son legales, pueden participar en las elecciones y, eventualmente, gobernar las instituciones autonómicas que pretenden liquidar.

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Además de que se asuma la descalificación de España como marco de la solución del conflicto, Puigdemont exige que se reconozca expresamente que todo lo sucedido en Cataluña en torno al llamado procés fue irreprochablemente legítimo y democrático. Que “el 1 de octubre no fue un delito, como tampoco lo fue la declaración de independencia, ni las protestas masivas contra la represión y la sentencia del Tribunal Supremo”. Y, por supuesto, que se reniegue de la aplicación del artículo 155 —que el PSOE votó— como un acto injusto propio de un régimen dictatorial. En conjunto, las exigencias previas de Puigdemont contienen no solo una autorrectificación radical del propio PSOE, sino una descalificación masiva de la Justicia española y del propio jefe del Estado.

Si Sánchez quiere que Puigdemont acceda a negociar con él, tiene que admitir previamente que la razón estuvo siempre del lado de los autores del golpe institucional del 17 y la sinrazón del lado del Estado y “los partidos españoles”. En realidad, Sánchez viene haciendo eso mismo, administrado en dosis progresivas, durante toda su gestión. Lo que ahora le exige el fugitivo del que depende su futuro es que salga definitivamente del armario y entone un acto de contrición con propósito de enmienda que ponga al Estado de rodillas.

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El movimiento clave de la investidura es lo que Puigdemont llama “abandono completo y efectivo de la vía judicial contra el independentismo y los independentistas”. Añade que ese abandono tiene que ser “permanente”, al margen de lo que hicieran en el pasado y de lo que hagan en el futuro, porque solo así “podremos dedicar todas nuestras energías y recursos a nuestra causa”. Es decir, pretende que se consolide en Cataluña un espacio blindado de impunidad para el movimiento secesionista, al margen de la ley, hasta hacer posible el desmembramiento de España sin temor a la acción defensiva del Estado de derecho.

Para ello, Puigdemont pone a disposición de Sánchez todos los elementos disponibles para el desarme del Estado. El primero, una ley de amnistía aprobada por el Congreso —o, al menos, admitida a trámite— antes de la investidura. Complementariamente, sugiere que el Gobierno en funciones desmovilice a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado: es decir, que todos los fiscales y abogados del Estado reciban la orden de abandonar los procesos en curso, lo que obligaría a los jueces a archivar las actuaciones por falta de la parte acusatoria. En cuanto a la autodeterminación, confirma que, para abrir boca, de momento le valdría lo que ya sabe que se barrunta en la Moncloa: un referéndum consultivo, convocado únicamente en Cataluña, al amparo del artículo 92 de la Constitución.

Como broche, recupera la idea de Torra de un mediador, presumiblemente extranjero, que supervise el cumplimiento de los acuerdos, como se hace en la práctica internacional con los regímenes democráticamente sospechosos.

Todas ellas, insiste el sujeto, son “condiciones previas que se tienen que cumplir antes de que se agote el plazo legal para evitar nuevas elecciones”. Lo que se viene llamando cobrar por adelantado.

“No hemos aguantado la posición todos estos años para acabar salvando una legislatura”, concluye Puigdemont. Obviamente, lo único que le interesa de la investidura de Sánchez es que le resulte funcional para avanzar sin frenos judiciales ni de ningún otro tipo hacia el segundo procés, que sería el definitivo.

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Se dirá, con razón, que todo lo expuesto es manifiestamente incompatible con la Constitución y, por tanto, inviable… hasta que deje de serlo. La cuestión es qué hace pensar a Puigdemont que un presidente del Gobierno de España se prestaría a violentar de tal manera los fundamentos del ordenamiento jurídico, poniendo en peligro la integridad territorial del país, a cambio de los votos que necesita para conservar el poder.

Es obvio que ha estudiado profundamente a su interlocutor: por eso sabe que el resultado del 23-J le abre una oportunidad que no le daría ningún otro dirigente político español, ni el propio Sánchez si no lo tuviera cogido por el cuello. Además, puede albergar una esperanza razonable de que este Tribunal Constitucional se muestre políticamente más comprensivo que el anterior (en lugar de empecinarse en el bloqueo injustificable del CGPJ, el PP habría hecho mejor servicio al Estado de derecho si hubiera sido más escrupuloso en la selección de los nuevos magistrados del TC).

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El presidente prófugo explica profusamente todo lo que le hace desconfiar de “los partidos españoles”, incluido el PSOE. Imagina que “nada hace pensar que la necesidad de apoyo parlamentario sea suficiente como para empujarlos” a pactar el Gobierno de España “con un partido que mantiene la legitimidad del 1 de octubre y que no ha renunciado ni renunciará a la unilateralidad” para alcanzar su objetivo final. Realmente, visto así parece imposible que tal cosa pueda suceder. Pero, de repente, el orate hace un brusco punto y aparte en su deposición verbal y se pregunta:

“¿O sí? ¿O realmente pueden hacer de la necesidad virtud?”.

Con ello, demuestra que la insania no es siempre incompatible con una percepción aguda de la realidad. Porque esas 10 palabras contienen el retrato más preciso del sanchismo que he leído hace mucho tiempo. Todo lo que el actual presidente en funciones ha hecho desde que apareció en la escena pública se resume en un ejercicio sistemático de identificar sus necesidades personales y transformarlas en supuestas virtudes colectivas. Lo ha podido hacer con el concurso de un ejército de acólitos —conscientes o inconscientes— capaces de comulgar con gigantescas ruedas de molino, dando carta de naturaleza a cosas que habrían rechazado sin vacilar (muchos lo hicieron) en cualquier otro momento de su existencia.

Solo un adiestramiento consumado en la práctica cotidiana de hacer de la necesidad de Sánchez virtud de España puede explicar que el discurso de Puigdemont deje de ser una sarta de locuras fantasiosas emitidas por un tipo aquejado de un muy defectuoso contacto con la realidad y se convierta en un relato verosímil de lo que podría suceder en España cuando, fracasado el intento de Feijóo, Sánchez reciba el encargo de presentarse a la investidura.

Entonces arreciará la DANA de trampantojos argumentales para justificar lo injustificable y presentar el suicidio del Estado como camino de salvación. Esa es hoy la esperanza fundada de Puigdemont, como antes lo fue de Iglesias, de Junqueras, de Otegi y de todos los demás. Por eso conviene tomarlos en serio, aunque lo que dicen suene inicialmente a broma de mal gusto.