Consecuencia de la condena: el próximo Fiscal General del Estado será peor que el anterior

Al menos, las distintas reacciones a la condena comparten la virtud de reflejar la tensa realidad de un país que las élites quieren partido en dos mitades irreconciliables. Unos han celebrado el fallo, otros se han rasgado las vestiduras y prácticamente nadie ha optado por la opción natural en un Estado de derecho: esperar a la sentencia, estudiársela y tomarse la molestia de intentar formarse una opción fundada y no sectaria.

No he visto a ninguno de nuestros representantes, sea de la ideología que sea, expresándose con sensatez y madurez democrática. Y tampoco mostrar una altura proporcional a la gravedad del caso tratado en el Supremo. Una gravedad aumentada, por la incomprensible decisión de Álvaro García Ortiz de no dimitir y proteger, aunque fuese mínimamente, a la Fiscalía. En España, tenemos el sentido institucional bajo mínimos. Y no es porque andemos ayunos de consenso.

El consenso existe aunque sea el peor posible: unos y otros han llegado a la conclusión de que aquí ya vale todo y de que ningún límite tiene que ser necesariamente respetado. Matémonos. Hay unanimidad en dar por hecho que el enfrentamiento ha de ser sin cuartel, sin reglas. La centralidad está desatendida y la rabia está extendida como una peste. Nadie llama a la unión. No hay quien avise de las heridas que habrán de abrirse en una democracia que ni siquiera ha cumplido los cincuenta años.

Todo parece indicar que iremos a peor, todavía a peor. Hay motivos para temer que no habrá propósito de enmienda. En mi opinión, corremos el riesgo cierto de que el próximo FGE sea igual de sectario y de peligroso que el anterior. Ay.

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Hay indicios para sospechar que el choque abierto por esta causa podría estar lejos de cerrarse. Veremos qué ocurre con los dos votos particulares. No descartemos que el rumbo de colisión pueda mantenerse y hasta acelerarse hasta involucrar también al Constitucional. Si algo define a las estrategias de tierra quemada es que ninguna hectárea puede considerarse a salvo. Ay.

Hay muchísimas causas que afectan o pueden afectar a personas todavía más cercanas al Presidente por presunta corrupción. Habrá más fricciones. Seguramente, habrá más sentencias. Probablemente, esta no será, ni de lejos, la peor. A su vez, el Gobierno parece haber concluido, erróneamente, que su supervivencia depende de la derrota del Poder Judicial, con la amenaza de demolición que esto conlleva para el andamiaje del sistema. Ay.

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Hay un primer partido de la oposición, central para la estabilidad democrática que, en lugar de preservar el sentido de la institucionalidad en una fecha trascendente, parece haber sido secuestrado por unos niñatos tuiteros. Si algo se le ha exigido siempre al PP es un mínimo de seriedad que, en esta ocasión, tampoco ha tenido. Ay.

Hay en la izquierda del PSOE, líderes diciendo cosas que les llevarían a llamar a las armas si fuesen dichas por Vox. Golpismo, dicen. Hay que pararlos, gritan. Son los mismos que callan y amparan la presunta corrupción económica, la posible financiación irregular del socio mayor y las probables cloacas diseñadas desde el poder político. Los abanderados de la autoridad moral están haciendo de los puteros su bandera porque el negocio es el negocio y parece ser mucho que "roben los nuestros". Ay.

Hay, entre los creadores de opinión, cualquier cosa menos creación. Los argumentos para los dos escenarios que afrontaba Álvaro García Ortiz estaban impresos antes de que se escribiese la sentencia. Simplemente se ha repartido el que ahonda en las tesis de victimización y alarma democrática importadas desde el peronismo. Y se están repitiendo con disciplina marcial porque el sanchismo ya ha llegado a la división de funciones en su aparato de comunicación, de manera que los más radicales ya esgrimen desde la televisión pública el mensaje que el poder desea filtrar en su base electoral. Así es como está poniendo el Gobierno a las togas en la diana. Ay.

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Hay muchas razones para lamentarse ante todo lo que nos está ocurriendo. Pero el mayor "ay" está en lo que no habrá. Nada cambiará, no habrá consecuencias políticas tras la condena del FGE.

Yo no soy catedrático en derecho procesal, carezco de conocimiento y autoridad para discernir si la dichosa nota entra o no entra en la categoría de delito. Es una cuestión técnica que, por interés, estudiaré cuando llegue la sentencia.

Pero sí soy ciudadano y creo que, prácticamente desde que fue nombrado y desde luego en este asunto ha demostrado ser institucional y políticamente indigno de su cargo. En lo institucional, porque se involucró personalmente en la cuestión de un particular. Y en lo político porque se descaró partidistamente y trituró la presunción de imparcialidad del puesto.

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Si se aplicasen los baremos democráticos más elementales, Sánchez no tendría que dimitir después de esta sentencia porque ya habría dimitido mucho antes. Sin embargo, además de dañar el tejido de nuestra vida política, está dañando a sus correligionarios. El Presidente está obligando a sus encausados a tomar líneas de defensa que les perjudican jurídicamente, pero que son beneficiosas para él mismo.

Habrá por lo tanto, ruido, ruido hasta que se agoten las palabras más terribles, pero no habrá dimisión y seguirá ocurriendo lo mismo. Me temo que el próximo FGE no será mejor sino peor que el anterior. Vendrá un pistolero, elevará la apuesta y hará un acto de fuerza porque esa es la elección que encaja con la forma de ver la política de Sánchez y con el paisaje repleto de causas judiciales que afectan a su propio entorno.

La secuencia es la que es: instrucciones, procesamientos, juicios orales y sentencias. Y, conociéndole, debe haber calculado que no puede permitirse el lujo de que los fiscales hagan de fiscales ni con su hermano, ni con su esposa, ni con ninguno de sus colaboradores. Buscará, por todos los medios, un FGE todavía más radical e igual de alineado con su interés. Va a por la impunidad.