El Senado puede hacer la vida imposible al Gobierno

Hay casi 38 millones de ciudadanos españoles mayores de edad que legalmente podrían ser ministros. Sin embargo, solo 23 personas forman parte del Gobierno -y la mayoría opinamos que son demasiadas-. El listón para alcanzar esa posición viene bajando vertiginosamente; pero parece razonable esperar que quienes se sientan en el Consejo de Ministros conozcan no ya la Constitución entera (con ese elenco no cabe hacerse ilusiones al respecto), pero sí, al menos, sus dos primeros artículos. En concreto, el artículo 1.2, que reza así: “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. No es tan difícil, solo son quince palabras y tres ideas inseparables: soberanía nacional (en singular), pueblo español y poderes del Estado (en plural).

Señor presidente, ministros y ministras: “soberanía nacional” y “soberanía popular” no son sinónimos ni es inocua la confusión en su uso. Un estudiante de primero de derecho o de ciencias políticas les explicaría sin dificultad que la soberanía nacional es la idea fundacional de las democracias representativas, mientras los regímenes plebiscitarios -frecuentemente degenerados en dictaduras- hablan de soberanía popular. Solo el auge de los populismos explica la resurrección de ese término que se escucha frecuentemente a los miembros de este Gobierno, contagiado en su integridad de la ideología y el vocabulario populista del socio minoritario. No hay en el mundo una democracia parlamentaria cuya Constitución hable de “soberanía popular”.

Señor presidente, ministros y ministras: la soberanía nacional no reside en el Parlamento, y mucho menos -como disparadamente ha afirmado nada menos que el ministro de Justicia- en el Congreso de los Diputados por encima del Senado. Reside en el pueblo español (en singular), “del que emanan todos los poderes del Estado” (en plural). Todos ellos por igual: el legislativo, el ejecutivo, el judicial y, por supuesto, el del Rey. Se llama separación de poderes e independencia de cada uno respecto a los otros.

Sí, la Constitución dice que “las Cortes Generales representan al pueblo español”, pero también dice que “la Justicia emana del pueblo”. En ningún lugar se habla de la supremacía de un poder sobre los demás, ya que todos emanan de la misma fuente. Una cosa es que el partido gobernante y sus aliados solo controlen políticamente el Congreso y otra que pretendan convertirlo en titular de la soberanía.

Opinión

TE PUEDE INTERESAR

Desmadre y putiferio en el templo de la soberanía nacional

Antonio Casado

La propaganda oficialista está creando últimamente demasiada confusión con estos y otros conceptos básicos del orden constitucional. No señalaré, aunque tengo alguna idea al respecto, quiénes lo hacen con cinismo deliberado y quiénes por ignorancia supina. Pero sospecho que el motivo de tanta subversión de los fundamentos del sistema tiene un origen bastardo ligado a la coyuntura política.

La coyuntura muestra un choque frontal del conglomerado político que sostiene al Gobierno contra el Poder Judicial, del que nacen aberraciones como la ley de impunidad de la insurrección de 2017 y sus derivados y el pertinaz secuestro de la renovación del Consejo General del Poder Judicial por parte del Partido Popular.

Muestra también una circunstancia inédita: por primera vez, el Congreso y el Senado tienen mayorías políticas distintas y enfrentadas entre sí. Si en cualquier sistema bicameral ello produce dificultades y distorsiones, en uno en el que el principio de lealtad institucional se ha extirpado a conciencia están asegurados el conflicto permanente y los abusos por ambas partes.

Opinión

TE PUEDE INTERESAR

El choque entre políticos y jueces encarna la crisis de las democracias

Ramón González Férriz

Se ha generalizado el estereotipo de que el Senado es un cacharro inútil y prescindible. Ello deriva, sin duda, de un diseño constitucional muy deficiente: ciertamente, nuestro Senado está muy lejos de responder a las exigencias de una cámara territorial en un Estado descentralizado. Pero también deriva de varias décadas de malas prácticas, de una degradación deliberada del papel del Senado amparada en el hecho de que su mayoría siempre fue una sucursal de la del Congreso y ambas se supeditaban a los designios del Gobierno. El actual empeño gubernamental en menospreciar y negrear al Senado como un mero estorbo se explica únicamente porque esa Cámara cayó en manos de la oposición. Pero siendo cierto que el Senado esté mal diseñado, es falso que carezca de poder alguno para condicionar los planes del Gobierno.

Para empezar, no es menor la diferencia entre una mayoría precaria en el Congreso que necesita pactos diarios a varias bandas en la cuerda floja y una compacta y sólida en el Senado, donde el partido dominante puede actuar a su antojo. De hecho, la fotografía actual muestra un Congreso paralizado por la impotencia del Gobierno para armonizar su mayoría frente a un Senado activo como nunca y dispuesto a desplegar todas las posibilidades que le ofrecen la Constitución y las leyes, que son muchas más de las que se piensa. Repasemos algunas:

Para empezar, no pueden tramitarse los presupuestos del Estado sin que el Senado dé el visto bueno al techo de gasto y a los objetivos de estabilidad. Se ha dado como buena la explicadera de que el Gobierno ha incumplido la obligación constitucional de presentar los presupuestos a causa de las elecciones catalanas, aunque ningún partido nacionalista ha dicho hasta ahora que se dispusiera a votar contra el presupuesto. Quizá haya algo de eso, pero antes estaba la certeza de que el PP estaba decidido a vetar el techo de gasto en el Senado, y ello habría provocado una pelotera jurídica colosal sobre la posibilidad de seguir adelante con la tramitación del proyecto.

TE PUEDE INTERESAR

El Senado plantea un conflicto institucional con el Congreso por la ley de amnistía

Ana Belén Ramos

Tampoco puede aprobarse la reforma de ningún estatuto autonómico sin el voto favorable del Senado. El Gobierno insiste (aunque con escasa convicción) en que la solución política del conflicto de Cataluña pasa por un acuerdo dentro del marco estatutario. Por otra parte, es muy verosímil que, en la reedición del pacto de gobierno PNV-PSE, los nacionalistas exijan que se abra de una vez el melón de la reforma del estatuto de Guernica, intocado desde 1979. Ambas cosas serán inviables sin el voto del Senado; es decir, sin el consentimiento del Partido Popular.

Por supuesto, no cabe ni soñar en cualquier reforma de la Constitución sin una mayoría cualificada en ambas Cámaras, que solo es concebible con un acuerdo transversal entre los dos grandes partidos. Cualquier promesa programática en este terreno por parte del PSOE y de sus aliados es fraudulenta si no se reconoce a la vez que ello exigirá necesariamente saltar el muro y sentarse a negociar con la derecha. A Sánchez le está costando comprender que “arrimar el hombro” no significa firmar a ciegas contratos de adhesión, pero en esta legislatura, con el Senado y la mayoría de los gobiernos autonómicos en manos de la oposición, se va a hartar de comprobarlo.

La Constitución y el reglamento del Senado son una fuente caudalosa de recursos para martirizar al Gobierno de turno si se está dispuesto a ello. Lo vemos estos días con las mal llamadas comisiones de investigación que, en realidad, son de destrucción masiva. Llevamos cinco años viéndolo con el boicot a la renovación del CGPJ, que puede extenderse a todos los órganos que requieren el voto del Senado. Se menosprecia la capacidad de retrasar sistemáticamente la aprobación de las leyes, o de convertir su tramitación en el Senado en un desfile de testimonios descalificadores (aunque pocas leyes se aprobarán en esta legislatura estéril, pero eso no es culpa del Senado, sino de la fragilísima mayoría sanchista en el Congreso, que no anima precisamente a la iniciativa legislativa).

La Constitución y el reglamento del Senado son una fuente caudalosa de recursos para martirizar al Gobierno de turno si se está dispuesto a ello

Esa es la parte evidente. Además, en los sótanos del reglamento se esconden muchos más dispositivos para complicarle la existencia a un Gobierno que ya vive de prestado. Existe en el Senado un artefacto llamado Comisión General de las Comunidades Autónomas, a la que pueden acudir, si lo desean, los presidentes autonómicos. No les canso: repasen una por una todas sus competencias (su enumeración alfabética llega hasta la letra v) e imaginen el efecto de una maquinaria política dispuesta a utilizarlas intensamente como instrumento de obstrucción y/o tortura de la acción del Gobierno.

Sí, en la política de los muros la combinación de un Senado y de casi todo el poder territorial férreamente controlados por la oposición y de una oposición resuelta a disponer todos sus poderes institucionales en formación de combate para ir a una batalla sin tregua alentada por el Gobierno más débil y a la vez más sectario de esta democracia es un artefacto explosivo que puede colapsar el funcionamiento del Estado. Una guerra sin ganadores y un campo de cenizas como herencia. Más que polarización, eso se llama simplemente estupidez.