La golfería teorizada y la estrategia de la saturación

Es posible que en algún seminario o curso de doctorado de derecho tenga cabida un debate sobre el sentido, las modalidades y los límites de la acción popular en los procesos penales. Es un tema de indudable interés para penalistas, procesalistas y constitucionalistas, especialmente en los países que, como España, incorporan esa figura en su orden constitucional (CE, art. 125). Parece normal que las publicaciones especializadas o algún reputado jurista en los medios generales lo aborden ocasionalmente en sus columnas de opinión. Y no dudo de que, en ese marco, existe un amplio espacio para los contrastes, los matices y las opiniones dispares, generalmente fundamentadas en un buen conocimiento de la materia.

Sin embargo, la cosa empieza a apestar desagradablemente a chamusquina cuando una cuestión de esa naturaleza ocupa horas de discusiones tan furibundas como insolventes en tertulias radiofónicas y televisivas y se convierte en pasto de editorialistas con uniforme. Cuando los dirigentes partidarios se abalanzan sobre ella para defender sus posiciones y machacar las ajenas con violencia verbal impropia de un tema tan poco apasionante. Cuando los hechos se tratan como granadas de mano y los argumentos pierden su noble condición para adquirir la miserable de zascas -mejores cuanto más zafios-. Cuando aparecen en la trifulca los adjetivos descalificativos y las comparaciones históricas disparatadas. Y sobre todo, cuando se detecta un alineamiento militar de las posturas, de forma que basta mirar el título y la firma de la pieza para predecir su contenido sin margen de error.

Puede tratarse de la acción popular, del papel y la configuración de la Fiscalía o de la privacidad de los datos fiscales de los individuos; de la admisibilidad constitucional de la amnistía, los informes técnicos de organismos especializados (casi nunca leídos y casi siempre desfigurados por el soldado opinador de guardia a la conveniencia de la superioridad), las sutiles diferencias conceptuales entre pruebas, indicios e inferencias o la naturaleza constitucional de la cuestión de confianza. Los ejemplos son múltiples, pero tienen algo en común: cuando alguno de esos asuntos se convierte en material bélico de la lucha partidista, significa que se cocina una estafa política. Cuando sucede con todos y no una vez sino como hábito, hay que salir corriendo porque se ha declarado la guerra química y está en marcha el exterminio del espacio público compartido.

Una de las técnicas manipulatorias más fraudulentas para camuflar y, finalmente, difuminar los hechos socialmente inaceptables (por ejemplo, la corrupción) es envolverlos en una catarata de abstrusas elucubraciones y debates técnicos que, lejos de aclarar las cosas, pretenden exactamente lo contrario: sembrar primero la confusión y, finalmente, el desistimiento por saturación. Se hace, además, llamando a la nube tóxica de explicaderas falsarias “la cuestión de fondo”.

TE PUEDE INTERESAR

De los recortes de prensa a la mordaza a los jueces: las claves de la ley

B. Parera P. Gabilondo

Regresemos a la pedestre actualidad. ¿Cuál es en este momento la cuestión de fondo, la regulación procesal de la acción popular o el hecho objetivo de que el presidente del Gobierno tiene a parte de su familia, a varios colaboradores íntimos presentes y pasados y a un puñado de ministros (y verosímilmente a sí mismo) envueltos en prácticas delictivas o no, pero manifiestamente antihigiénicas? Algo sabemos con seguridad: el orden de los factores altera drásticamente el producto. No veríamos a los trompeteros del oficialismo defendiendo fieramente la bien llamada “ley Begoña” y la desaparición de la acción popular (algo que, en sí mismo, les trae mayormente sin cuidado) si la señora del presidente no estuviera empapelada en un proceso que compromete seriamente a ella y, potencialmente, a su cónyuge.

¿Qué resulta más relevante aquí y ahora, afinar bizantinamente un “ordenado contraste de pareceres” sobre las funciones del Ministerio Fiscal o constatar que el sujeto que ocupa el cargo actúa como un mercenario del poder ejecutivo, que se embarcó -sin duda siguiendo órdenes- en una estúpida operación de política sucia y que, descubierto el pastel, pretende ejercer a la vez de acusador y de acusado en su propio proceso y parece haberse dedicado a la tarea de destruir pruebas y obstruir la acción de la justicia? Como observó Pablo Pombo, ¿ustedes dirían que el comportamiento de García Ortiz se parece más al de quien se considera inocente o al de quien se sabe culpable y trata de salvar el culo, con la ayuda del Gobierno, mediante argucias de leguleyo y abuso de las prerrogativas del puesto? ¿Estamos viendo un episodio de Perry Mason o de Better Call Saul?

(Sí, ya sé que queda divinamente preocuparse por el deterioro de la institución, y lo comparto; pero, mientras tanto, asegurémonos de extirpar la termita del local).

TE PUEDE INTERESAR

Los jueces temen que el Gobierno escale la 'ley Begoña' hasta incluir multas por 'lawfare'

Beatriz Parera

¿Qué nos parece más perentorio (no digo más importante, sino más perentorio), especular hasta la extenuación sobre la ordenación de las competencias entre las administraciones en situaciones de crisis -suponiendo que tal cosa sea remediable a estas alturas- o ayudar a los valencianos como si este fuera un Estado moderno y no el de Larra y , de paso, librarlos del cenutrio que les cayó en desgracia como presidente de esa comunidad autónoma? ¿A qué espera Feijóo para saldar -al menos en parte- la deuda con los muertos de Valencia, a que Mazón se vuelva listo y eficiente o a que se le perdone lo imperdonable? Porque en este caso, no sucederá ninguna de las dos cosas.

Sánchez parece haber descubierto un método eficiente para ir tirando en el poder a pesar de todo: donde no existe una solución compatible con su personalidad y su permanencia, el remedio es salvarse por la vía de la saturación. Como a Donald Trump, le funcionó con la mentira masiva. Puesto que no le es posible renunciar al embuste, ha logrado que este se encastre como un rasgo estructural de su imagen pública, como una parte del paisaje. A fuerza de saturar el discurso de falsedades, ha conseguido que el hecho de que sus palabras sean ciertas o falsas pierda relevancia. El día en que se equivoque y diga una verdad, pasará desapercibida.

Llegó al poder sobre una coalición de circunstancias plagada de enemigos del Estado y ahí sigue, seis años más tarde. Él carece de mayoría para gobernar y Feijóo carece de posibles para formar gobierno. La fórmula “polarización más parálisis” ha enraizado y nos disponemos a permanecer así durante tres años, sin Gobierno efectivo y sin alternativa viable de Gobierno.

TE PUEDE INTERESAR

El PSOE recurre contra Camps en Gürtel mientras legisla para limitar la acusación popular

Víctor Romero. Valencia

Estableció la confrontación binaria como principio existencial y, extremándola por días hasta la actual guerra abierta de poderes con el judicial, nos ha acostumbrado a descartar del análisis de soluciones posibles cualquier cosa que pase por la concertación política y la lealtad institucional.

En esta fase de decrepitud política del país, puede ocurrir que el mejor antídoto frente a la proliferación de casos de corrupción sea precisamente la saturación. Que la indignación primaria devenga en un aburrimiento más o menos asqueado, pero finalmente inane. Que seamos incapaces de aclararnos entre tanto correo trucho, fechas embarulladas, mordidas en todas las direcciones, autos judiciales inextricables y golfos de película de los años 50. Y por supuesto, ante tantas conferencias cotidianas de derecho procesal.